En las postrimerías de su mandato, el Gobierno intenta aprobar el nuevo financiamiento de la educación superior. Un proyecto que tiene una relevancia fundamental para miles de estudiantes, para decenas de universidades y para el futuro equilibrio fiscal, parece estar sometido no solo a las prisas, sino que a improvisaciones, lo que puede terminar siendo muy perjudicial en diversos ámbitos.
El proyecto es perjudicial para los estudiantes, puesto que todos ellos deberán pagar por 20 años, frente al menor tiempo actual del CAE. Es perjudicial porque muchos de ellos deberán pagar varias veces más lo recibido (el Gobierno inicialmente se allanó a limitarlo en 3,5 veces más y ahora ha dado señales de que lo puede volver a bajar). Se trata de un impuesto a los graduados, con todo lo que ello conlleva.
Es perjudicial para las universidades, puesto que las afecta financieramente de manera severa al impedir que las familias puedan aportar al financiamiento de sus carreras. Si bien el ministro ha dado señales de allanarse a permitir un cierto copago, es claro que los aranceles regulados son menores a los aranceles efectivos, y —al mismo tiempo— no existe ninguna certeza sobre el futuro valor de ello. Como el 76% de los programas ofrecidos por las universidades chilenas tienen aranceles reales superiores a los regulados, es evidente que muchos proyectos valiosos perderían ingresos.
Es perjudicial para el sistema democrático, puesto que las universidades, llamadas a ser un “cuarto poder” y destinadas de cierta forma a contrastar las verdades oficiales, pasarán a depender exclusivamente del financiamiento estatal, con todo lo que aquello implica. El Estado buscará utilizarlas, indefectiblemente, como instrumentos de política pública.
Es perjudicial para la cohesión social, puesto que buenas universidades del sistema deberán abstenerse de entrar al nuevo sistema, en pos de su sostenibilidad institucional, lo que promoverá un sistema universitario más segregado, pese a que no sea la intención de las universidades que no adhieran al sistema.
Es perjudicial para las arcas fiscales, puesto que los cálculos con los que se justifica el proyecto adolecen de serios problemas y parten de la base de supuestos que probablemente no se den. El más obvio es el de que los estudiantes que tengan un ingreso esperado alto, probablemente no se adscriban al sistema para no tener que pagar de más, lo que desfinanciará el sistema en general. El supuesto implícito en el informe financiero de que las personas no van a reaccionar a esos cobros excesivos resulta ingenuo.
Es perjudicial para la institucionalidad, puesto que se está estableciendo un tributo sin que sea tratado como tal. Se está promoviendo un pago privado forzoso con un fin específico y, pese a ello, se ha insistido que no es un tributo, pese a las advertencias que han hecho diversos constitucionalistas. El proyecto tiene evidentes riesgos de inconstitucionalidad.
El proyecto, sin embargo, contempla un razonable mecanismo de pago-condonación al CAE que perfectamente podría aprobarse en la actual legislatura. Así las cosas, lo que debiera hacer el Gobierno es separar el proyecto en dos. Por una parte, el mecanismo de condonación, permitiendo cumplir con una de las promesas de campaña. Y, por otra parte, el mecanismo de financiamiento de la educación superior.
Actuar apuradamente en este último tema, tal como ocurrió con la gratuidad, arriesga a que ocurra algo similar y cuyas consecuencias están a la vista: el Estado ha debido incurrir en costos mucho más altos que los inicialmente contemplados y diversas instituciones están —producto de ella— en severas crisis financieras, lo que afecta indefectiblemente la calidad de la educación.(El Mercurio)
Francisco Covarrubias
Rector Universidad Adolfo Ibáñez
