El avance en el Congreso del proyecto de ley que busca eliminar las multas por transitar sin el dispositivo Tag habilitado en las autopistas concesionadas ha generado una profunda preocupación en el sector de la infraestructura. Expertos y gremios advierten sobre serios riesgos para la estabilidad del sistema de concesiones, incluyendo la incertidumbre jurídica y el potencial encarecimiento de futuras licitaciones.
DETALLES DE LA INICIATIVA
La iniciativa, ingresada bajo el Boletín N°16.346 y patrocinada por el diputado Jaime Mulet (FRVS), fue aprobada en general por la Sala de la Cámara de Diputados con 59 votos a favor. Sin embargo, debido a la presentación de indicaciones, el proyecto regresó a la Comisión de Obras Públicas para continuar su discusión técnica.
El espíritu de la propuesta, según su patrocinador, no es eliminar el pago de las concesiones, sino suprimir las multas, las cuales calificó como «desproporcionadas y altísimas». Actualmente, el artículo 114 de la Ley de Tránsito establece que circular sin el dispositivo Tag habilitado en caminos públicos con cobro electrónico es una infracción grave, sancionada con una multa de 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM). El proyecto busca derogar específicamente esta sanción económica.
CONSECUENCIAS POTENCIALES
Desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), su presidenta, Gloria Hutt, advirtió que la eventual aprobación sería «profundamente dañina para la sostenibilidad de largo plazo de la industria». Según su análisis, el impacto afectaría tanto a los contratos vigentes, que contemplan la infracción de tránsito, como a las futuras bases de licitación, aumentando el riesgo percibido por los inversionistas.
Hutt alertó, además, sobre la posibilidad de un retorno a los peajes manuales en las carreteras interurbanas, dado que en las autopistas urbanas no existe una alternativa para el cobro electrónico. También mencionó que la eliminación de las multas podría impactar negativamente en la recaudación de los municipios, quienes reciben parte de esos fondos.
La exministra de Obras Públicas, Loreto Silva, compartió la preocupación, señalando que la ley «afectará significativa y negativamente la disponibilidad de pago de los usuarios». Para Silva, incrementar el riesgo en el sistema se traduce en un mayor costo que se valora e integra a las ofertas, lo que finalmente resulta en un encarecimiento de las futuras obras concesionadas.
El ex presidente de Copsa, Leonardo Daneri, emitió uno de los juicios más severos, calificando la iniciativa como «un desastre para el sistema de concesiones» y una «catástrofe» comparable a los retiros de fondos de AFP. Daneri explicó que la sanción actual (que incluye la imposibilidad de renovar el permiso de circulación por deudas de Tag) es un mecanismo indirecto de cumplimiento esencial. De prosperar el proyecto, anticipó el riesgo de que fracasen las próximas relicitaciones y que el Estado enfrente «juicios gigantescos».
Mientras la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) optó por esperar la evolución legislativa, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) indicó que presentará las observaciones correspondientes durante el proceso de discusión.
CRONOGRAMA LEGISLATIVO PENDIENTE
Gloria Hutt recordó que el proyecto aún tiene un largo camino por recorrer: debe ser discutido nuevamente en la comisión técnica, luego volver a la Sala de la Cámara y, finalmente, ser despachado al Senado para continuar su tramitación. En estas etapas, existe margen para «profundizar la discusión» y medir el impacto grave que se teme.
MULET DEFIENDE PROYECTO
El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) defendió enérgicamente el proyecto de ley que impulsa para eliminar las multas asociadas a circular sin el dispositivo Tag en las autopistas concesionadas. Tras la aprobación en general del proyecto por la Sala de la Cámara, el legislador sostuvo que su iniciativa no busca desmantelar el sistema de concesiones ni el cobro de peajes, sino corregir un mecanismo que considera desproporcionado y abusivo.
Mulet enfatizó que su propuesta «no busca eliminar las concesiones ni el pago de los peajes, televías o del Tag». El objetivo es eliminar específicamente la multa establecida en la Ley de Tránsito, que sanciona con $70.000 por cada día de circulación sin el dispositivo habilitado. A su juicio, este castigo es acumulativo y convierte rápidamente las deudas en «impagables» para muchas personas, incluyendo a quienes transitan por la Región Metropolitana sin tener conocimiento de un Tag defectuoso o por desconocimiento.
El parlamentario aseguró que, aun sin la multa, las concesionarias mantienen mecanismos de cobro vigentes y expeditos para asegurar el cumplimiento de los pagos. Explicó que los operadores pueden cobrar el valor del peaje impago a través del televía y, si persiste la deuda, tienen un procedimiento en la Ley de Concesiones que les permite cobrar hasta 15 veces el valor original. Además, recordó que existe un refuerzo administrativo crucial: las municipalidades no entregan el permiso de circulación anual si el vehículo mantiene deudas de Tag.
Esta defensa se produce en respuesta a la inquietud expresada por la industria. Gloria Hutt, presidenta de la Asociación de Concesionarios (Copsa), había advertido que la eliminación de la multa sería «profundamente dañina para la sostenibilidad» del sector, debilitando las reglas de largo plazo y comprometiendo la recaudación municipal. Por su parte, el expresidente de Copsa, Leonardo Daneri, calificó el proyecto como una «catástrofe peor que los retiros de las AFP», alegando que elimina un incentivo clave para el pago.
Mulet insistió en que el proyecto se centra en «eliminar una multa abusiva» que afecta tanto a la gente de regiones como a los residentes de la Metropolitana. Tras ser aprobado en general, la iniciativa continuará su discusión en particular en la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara. (NP-Gemini-Emol)
