La acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow reviste la máxima importancia política y jurídica, y la decisión que en ella se adopte tendrá consecuencias institucionales de largo plazo.
En efecto, lo que en esa acusación se decidirá es la lealtad o no a las reglas constitucionales y al tipo de régimen político existente en Chile. En momentos en que se avecina un cambio de gobierno y cuando la composición de las mayorías se modificará, es más importante que nunca que los miembros del Senado manifiesten una lealtad estricta a las reglas y recuerden que las instituciones se moldean al compás de las decisiones que al interior de ellas se adopten.
Al exministro Diego Pardow se le reprochan actos que, desde el punto de vista legal y reglamentario, no estaban bajo su control. Y si se pretende que debieron estarlo, se lesiona la autonomía técnica de los reguladores que es parte fundamental de un Estado moderno y una economía de mercado.
Por eso la acusación debe ser rechazada.
En las sociedades modernas, la administración estatal se encuentra altamente diferenciada y muestra niveles de complejidad creciente. Para hacer frente a ello existen órganos altamente especializados, sobre quienes pesa directamente el deber de adoptar decisiones que exigen discernimientos técnicos y altos niveles de información. Por supuesto, a un ministro le corresponden deberes generales de cuidado respecto de la administración a su cargo; pero no es correcto, y no encuentra asidero ni en la ley ni en la Constitución, exigirle control sobre los procesos técnicos que para ser tales es indispensable que sean autónomos, o considerar que un mal resultado en ellos, o un error, equivalga a incumplir la Constitución o la ley.
En los últimos años se ha solido emplear las acusaciones constitucionales para reprochar actos de gobierno. Al hacerlo se ha incurrido en una deslealtad con las instituciones y se las ha desquiciado al transformar una acusación constitucional, que tiene por objeto verificar la sujeción a la ley, en un juicio político en el que se ha juzgado la orientación de un acto gubernamental, algo que es propio de un régimen parlamentario. En esa grave distorsión de las acusaciones radica una forma de lo que se ha llamado “parlamentarismo de facto”, que tanto daño ha hecho a la política.
En el caso que se sigue contra el exministro Diego Pardow se está incurriendo en un error de otra índole, que incluso puede ser muchísimo más grave. Al reprochársele los resultados de una actuación de órganos técnicos de alta complejidad, se está invitando a la administración gubernamental, so pena de considerarse que se actúa contra la ley o la Constitución, a inmiscuirse en decisiones técnicas que, por definición, deben estar entregadas a organismos autónomos. De esta manera, la tecnificación de una amplia zona de la administración estatal —v.gr. todo el sistema de regulaciones entregadas a instituciones que deben aplicar una racionalidad autónoma— se habrá estropeado y la modernización del aparato público habrá retrocedido. ¿O acaso se piensa que es mejor abandonar la autonomía técnica a la hora de regular monopolios naturales, permitiendo o instando a la autoridad política a amagarla o relativizarla? ¿Cuánto se retrocedería si algo así se consintiera?
Al considerar la acusación en contra del exministro Diego Pardow, los senadores no deben atender a los motivos pueriles que se han esgrimido (como un ocultamiento que no existió, puesto que la responsabilidad obligaba primero a cerciorarse técnicamente de lo que había ocurrido); deben recordar que un buen juez decide con reflexión y sin ira (la ira en política tarde o temprano daña), y que sus decisiones moldean las instituciones, y que lo que decidirán a la hora de votar dejará ver la forma en que las conciben y la forma en que ellas deberán funcionar en el futuro. En especial, estarán decidiendo si acaso la administración política, y los futuros ministros, deberán inmiscuirse en la autonomía de los organismos técnicos y en los pormenores de los procesos que llevan a cabo, y que un Estado moderno reclama, como única forma de evitar la situación a que se ve hoy expuesto —sin que medie una razón jurídica para ello— el exministro Pardow. (El Mercurio)
Carlos Peña
