La derecha no avanza solo porque parece resultar más creíble en sus promesas de resolver urgencias como seguridad, migración, empleo y crecimiento; avanza también porque el país cambió de idioma político. El péndulo cultural del mérito se movió: del “mérito-Europa” (emparejar la cancha desde el Estado para competir en igualdad de condiciones) al “mérito-USA” (el éxito económico como medida, competencia mercantil y responsabilidad personal).
El giro es medible. En 2021, todavía bajo el ciclo estallido social-pandemia-proceso constitucional, predominaba la idea de que el bienestar dependía del Estado (42%) antes que de la responsabilidad personal. Cuatro años más tarde, la escena se invierte: 42% responsabilidad individual frente a 28% del Estado. Es la seña más nítida del corrimiento semántico: de una noción de justicia concebida como compensación estructural a otra vivida como procedimiento imparcial que premia desempeños individuales.
Ese desplazamiento no implica un salto al “sálvese quien pueda” neoliberal o anarcocapitalista. El universalismo –que todos reciban la misma ayuda del Estado– se mantiene por encima de la focalización (44% vs. 33% en 2025), lo que sugiere un arreglo híbrido: piso común y escalera exigente. De hecho, cuando se fuerza la disyuntiva país, la igualdad sigue prevaleciendo (50%) sobre el crecimiento (29%). Pero si miramos la trayectoria, el péndulo se movió desde el pico igualitarista del 2021-2022 hacia un balance más abierto al crecimiento (en 2021 la brecha era mucho mayor a favor de la igualdad).
En coherencia estricta con el desplazamiento de la noción de mérito, desde Europa a USA, también cambió la “causalidad moral” del éxito o “fracaso”: la riqueza se atribuye mayoritariamente a factores adquiridos –iniciativa y trabajo duro, talento– (54%), y la pobreza a “flojera/falta de iniciativa” o vicios (72%), más que al origen familiar o la falta de oportunidades (28%). Esta relectura traslada el centro de gravedad desde lo estructural a lo personal, haciendo que la demanda de justicia se exprese con más fuerza como exigencia de reglas claras y antipituto, antes que como expansión de apoyos estatales.
Estos desplazamientos tectónicos coinciden más con una sensibilidad de derecha. Además de un fortalecimiento de un clima de orden: la conflictividad percibida “chilenos vs. inmigrantes” sube sostenidamente y en 2025 alcanza 77% (“un gran conflicto”); simultáneamente, 85% califica de excesiva la cantidad de inmigrantes y 57% siente que “Chile pierde identidad”, con un salto a 66% entre los mayores de 55.
Y, sin embargo, 59% sigue apoyando los mismos derechos para migrantes con situación regular. Orden con derechos: otra vez, estatalidad árbitro, no jugador. En paralelo, la confianza relativa en FF.AA. y Carabineros se afirma por sobre gobierno, partidos y Congreso, mientras las universidades encabezan el ranking de instituciones confiables.
La trayectoria 2021-2025 refuerza la lectura del péndulo. Tras el “pico estatista” de 2021 –garantías del Estado como mejor vía para progresar–, las curvas de esfuerzo personal y garantías se emparejan en 2023-2024 y el esfuerzo termina inclinando la balanza en 2025. A la vez, el optimismo de desarrollo remonta a su mejor registro en 15 años (59% cree que en una década seremos o habremos avanzado hacia “país desarrollado”).
Hay, sí, contracorrientes que frenan la traducción del clima en voto automático: una confianza interpersonal baja (23%), soledad alta (48% declaró sentirse solo la última semana) y muy poca participación asociativa (62% no participa en ninguna organización). Un país que confía poco y nada en los otros tiende a pedir con fuerza un Estado-árbitro que haga cumplir reglas y midas resultados. Estas tendencias tectónicas ayudan a entender los aplausos a Dorothy Pérez, la contralora estrella.
Dicho así, lo que llamo “mérito-Europa” –igualar el punto de partida con derechos sociales– ha perdido centralidad como gramática dominante; la gana el “mérito-USA”: la justicia como procedimiento (reglas, competencia abierta, sanción a la trampa) que valida logros personales. No significa “menos Estado”, sino otro Estado: menos sustitución, más garantía de cancha.
¿Qué debe hacer la izquierda en este escenario claramente adverso? Primero, cambiar de diccionario sin cambiar de valores. No basta con afirmar la igualdad; hay que traducirla a procedimiento: compromisos medibles de reducción de listas (tiempos objetivos), estándares de aprendizaje con trazabilidad pública, concursos realmente ciegos y antinepotismo en el Estado.
Si la ciudadanía pide mérito como reglas limpias, la izquierda debe liderar la institucionalización del mérito (evaluación, transparencia, consecuencias), no denunciarlo como coartada del privilegio. La izquierda debió apropiarse tempranamente de la figura (no de la persona) de Dorothy Pérez, de lo que ella simboliza.
Segundo, piso universal explícito. El dato de universalismo>focalización obliga a blindar garantías de base (infancia, salud, cuidados, transición laboral) como derechos exigibles, no promesas; allí se juega la parte “europea” que el país no ha abandonado y seguirá exigiendo.
Tercero, igualdad de oportunidades con nombre y apellido. La narrativa del esfuerzo convence si las barreras duras se atacan con precisión: rezago lector temprano, segregación escolar, brechas territoriales en acceso a especialistas, y vivienda (la “chance de comprarla” sigue hundida en mínimos históricos: 15-17% la ve viable).
Cuarto, seguridad democrática. El péndulo meritista convive con una demanda de orden: ignorarla es suicida. “Control con derechos” –fronteras y persecución inteligentes, estándares de uso de la fuerza y evaluación de resultados– es el territorio donde la izquierda puede reconciliar igualdad y mérito.
En síntesis: el país se movió desde un mérito-garantía (igualar antes, premiar después) hacia un mérito-procedimiento (reglas limpias y esfuerzo visible), sin renunciar al piso social. Mientras la derecha respira mejor ese aire, la socialdemocracia no está condenada: debe reaprender el idioma del mérito –arbitraje estatal exigente, métricas y consecuencias– y reponer su aporte propio: que nadie se quede sin escalera cuando por fin la cancha parece nivelarse. Solo así el péndulo cultural no se convertirá en péndulo electoral permanente.
La ciudadanía no pide menos Estado: pide un Estado que hable su idioma –mérito como reglas limpias y sanción al abuso, con pisos universales–. Hoy la derecha lo pronuncia con fluidez; la izquierda, no. No es una lengua muerta, pero sí una lengua en riesgo si se aferra al viejo manual.
Jara ha intentado seguir ese curso acelerado, y es valioso; pero no hay atajos: hay que traducir igualdad en procedimientos –metas públicas, concursos ciegos, seguimiento y consecuencias– y volver a vivir en ese idioma hasta hablarlo de corrido. Solo así la socialdemocracia dejará de sonar extranjera en su propio país. (El Mostrador)
Mauro Basaure
