La Sala del Senado, en dos sesiones especiales, resolvió la Acusación Constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, votando mayoritariamente a favor del primer capítulo del libelo.
Con una votación de 44 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, la Cámara Alta aprobó el capítulo que acusaba a Ulloa de «notable abandono de deberes». Esta decisión resultó en la destitución inmediata del magistrado y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, poniendo fin a sus 36 años de carrera judicial.
La acusación fue presentada por diputados oficialistas tras las revelaciones sobre los contactos del juez con el abogado Luis Hermosilla (imputado en el caso Audio), y luego de que la Corte Suprema no lograra la mayoría necesaria para su remoción en un proceso disciplinario previo.
DEBATE Y ARGUMENTOS
Durante la sesión, la discusión estuvo marcada por un altercado protagonizado por el diputado Daniel Manouchehri y los senadores Yasna Provoste y Fidel Espinoza.
En su defensa, el abogado de Ulloa, Domingo Hernández, calificó el proceso como un «juicio mediático» y argumentó que el caso ya había sido juzgado por la Corte Suprema. Ulloa, por su parte, negó categóricamente haber conversado con Hermosilla sobre causas jurisdiccionales o administrativas en las que él interviniera.
Los senadores fundamentaron su voto:
Claudia Pascual (PC) y Yasna Provoste (DC): Votaron a favor, argumentando que Ulloa traicionó la confianza pública, abandonó el deber de imparcialidad y participó en tráfico de influencias. Pascual recalcó que el proceso constitucional es por una sede distinta a la administrativa.
Luciano Cruz-Coke (Evópoli): Votó a favor, indicando que se acreditó el incumplimiento de deberes en los capítulos primero y tercero, pero no así en el segundo.
Pedro Araya (PPD) y Francisco Chahuán (RN): Optaron por inhabilitarse, aunque Araya señaló que los hechos eran de carácter administrativo, no constitucional.
Javier Macaya (UDI): Acusó un «uso instrumental» de las acusaciones constitucionales, mientras que Rojo Edwards (Partido Libertad) cambió su voto a favor a última hora, señalando que la sanción le parecía «desproporcionada».
La aprobación se logró a pesar de la incertidumbre sobre el cuórum de asistencia, dada la cercanía de las elecciones parlamentarias del próximo domingo. (NP-Gemini-La Tercera)
