Hace una semana, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió un sorprendente fallo absolutorio en el denominado caso SQM, tras una investigación que duró más de 11 años y un juicio de casi tres años. Por voto mayoritario, las juezas María Teresa Barrientos y Claudia Santos absolvieron a los ocho acusados, mientras que la magistrada Carolina Paredes fue la única en votar por condenar a siete de ellos.
El veredicto impactó profundamente al Ministerio Público, especialmente porque las magistradas criticaron en fuertes términos la labor fiscal, acusándola de vulnerar el derecho de los acusados a ser juzgados en un plazo razonable. Este cuestionamiento se centró en la dilación excesiva del proceso, atribuida principalmente a la Fiscalía, pero también con mención al tribunal por su rol en la demora.
Inicialmente, la Fiscalía Nacional optó por mantener silencio, pero luego la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, expresó que existían pruebas suficientes para condenar a los acusados. Sin embargo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció recibir el veredicto con frustración y apuntó a responsabilidades institucionales a evaluar internamente.
Valencia destacó que la garantía del plazo razonable para un juicio debe considerar no solo la actividad de la Fiscalía sino también la decisión y gestión del tribunal, advirtiendo sobre una interpretación parcial que eximiría al tribunal de su responsabilidad en la duración del proceso.
Reveló además que a raíz de una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami, se está evaluando iniciar un sumario administrativo para esclarecer eventuales responsabilidades, decisión que será tomada tras escuchar a los involucrados.
La sentencia final será notificada oficialmente en agosto de 2026, dejando pendiente la posibilidad de recursos legales por parte de la Fiscalía, que hasta ahora no ha descartado ninguna acción.
Este fallo cierra uno de los casos más emblemáticos de financiamiento ilegal en la política chilena, marcando un precedente en cuanto a la duración excesiva de las investigaciones y las garantías procesales, mientras genera profunda polémica y debate sobre la administración de justicia en el país. (NP-Perplexity-La Tercera)
