Entre 2018 y 2020, en el Hospital Base San José de Osorno, un profesional del área informática fue atado, rapado y quemado por cuatro de sus colegas, en una casa destinada a tareas administrativas. Estas torturas fueron grabadas y difundidas dentro de un grupo, con fines de diversión.
Según Mauricio Navarrete, dirigente de la CONFENATS, “el hospital fue un centro de tortura durante la dictadura y es impresentable que hoy, en democracia, ocurra este tipo de situaciones”.
El 3 de septiembre de 2025, la Contraloría General de la República ordenó “someter extraordinariamente a control de legalidad la resolución de ese hospital con la que se ponga término al sumario”.
Poco después, fue dado a conocer un caso similar, en el Hospital Clínico San Borja Arriarán.
Tal ejercicio de la tortura en reparticiones públicas pareciera ser una metástasis de prácticas iniciadas mucho antes, como manifestación de una instintividad sin espíritu y una voluntad autodestructiva de envilecimiento y disolución.
La imagen de la tortura ejecutada durante la dictadura reapareció en octubre de 2019 bajo una forma espectral, con ocasión de la acusación interesada y recalcitrante –que resultó ser falsa–, relativa a la existencia de un presunto centro de tortura en la 60ª Comisaría de Carabineros, situada al interior de la Estación Baquedano del Metro.
En junio de 2021, dos hombres fueron secuestrados y llevados a una choza en Collipulli, siendo torturados durante más de diez días. Uno escapó y sobrevivió. El otro, fue descuartizado y quemado, y sus cenizas arrojadas a un río cercano.
En Arica, Los Gallegos, la célula más mortífera del Tren de Aragua, había levantado una casa de tortura en la zona más alta de la toma de Cerro Chuño.
El ex militar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en febrero de 2024, en la toma de Maipú, fue torturado antes de morir.
En Antofagasta, una célula de Los Shottas mantenía una casa de tortura en un campamento, donde ejercía un control territorial depredatorio. Su exhibición de la violencia a través de redes sociales fue crucial, con vistas al sometimiento exitoso de sus habitantes.
Un informe de Insight Crime señala que, entre 2022 y 2025, sólo en Santiago fueron descubiertas 17 casas de tortura, pertenecientes a bandas vinculadas al Tren de Aragua.
En abril de 2025, Carlos Basso declaró a Radio Futuro: “A mí no me cabe ninguna duda de que hoy día ya debe haber en distintas zonas de este país casas de tortura que ya no son del Tren de Aragua, sino que son de otras organizaciones de acá que se están convirtiendo en eso”.
En julio de 2025, en Conchalí, una mujer embarazada de nueve meses encabezó el secuestro y tortura de un integrante de su banda de narcotraficantes, obligándolo a comerse su oreja mutilada.
En agosto de 2025, un operativo de la PDI condujo al hallazgo de una casa de tortura en Renca, usada para múltiples secuestros.
El 23 de septiembre de 2025, en Argentina, fueron descubiertos los cuerpos mutilados de tres mujeres jóvenes. Inicialmente invitadas a una fiesta, fueron trasladadas a una casa, en Buenos Aires, donde fueron torturadas y asesinadas.
El caso está vinculado a una banda transnacional de narcotraficantes. Esta barbarie fue transmitida en vivo, en un perfil cerrado de Instagram, durante no menos de 45 minutos, para intimidar y disciplinar al resto del grupo.
¿Qué impediría que una atrocidad semejante llegara a ocurrir también en Chile?
Tal permisividad de la tortura coincide con la decadencia del INDH y sus dudosas credenciales, asociadas a los beneficiarios de pensiones de gracia, en el marco de la crisis de octubre de 2019: supuestas víctimas de violaciones a los derechos humanos, que tenían antecedentes penales.
Según Claudio Nash, los Estados ponen atención a la violencia “por los réditos políticos” que ésta les dispensa. De ahí que los efectos del crimen organizado hayan conducido a muchos Estados, incluido Chile, “a asumir políticas punitivistas (leyes de gatillo fácil, aumento de penas, limitación a los derechos procesales, uso excesivo de la prisión preventiva, entre otras) que entran en clara tensión con la protección de los derechos humanos” (radio.uchile.cl, 8. 8. 24).
Pero, ¿cómo esperan sus defensores que el Estado ejerza el monopolio de la fuerza legítima, ante lo sin límite?
Dicho proceso de liberación de la tortura coincide, además, con la creciente reivindicación de la figura de Pinochet. Esto muestra que su impronta barbárica sigue ahí.
El crimen organizado aparece como una prolongación de la dictadura por otros medios, aún más radicales e invasivos, en cuanto narcofascismo, coincidiendo ambos en su determinación totalitaria y terrorista.
Es el mal absoluto que seduce, persuade y convence; controla, reduce y aniquila.
Es el instinto vital en su apoteosis, como transgresión psicopática y sin medida: una vida juvenil sin otro sentido que su propia inmanencia, en su nihilismo depredador dado a las prácticas de magia negra. Y una vida peligrosa, cuyo destino predeterminado es la muerte violenta temprana, a cambio de plenos poderes para depredar, extorsionar, torturar y matar; armas de guerra, placer y mucho dinero, bajo un régimen paralelo de impunidad, reversión del orden, y odio manifiesto al Espíritu.
Así, la tortura se ramifica como brotación de la violencia que se quiere a sí misma legítima, en términos de Armando Uribe. Esto es, una voluntad autónoma y arcaica subyacente, cerrada en sí misma, pero que se emancipa desde aquella sombría instintividad sin espíritu, reafirmada con beneplácito durante todos estos años en distintos frentes.
En su fase actual de frivolización y consumo, la tortura muestra una continuidad entre la dictadura, los perpetradores y reivindicadores de la asonada de octubre de 2019, y el crimen organizado, presto a consolidarse.
No hay paz. Las tinieblas del alma de Chile se endurecen, incubando el huevo de la serpiente. El Estado se lumpeniza desde dentro. La casa deviene infierno. (Ex Ante)
Lucy Oporto
