El fiscal regional metropolitano Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, reiteró su convicción de que el homicidio del disidente venezolano Ronald Ojeda fue un crimen político orquestado por el Gobierno de Nicolás Maduro y ejecutado por la banda criminal Tren de Aragua.
En entrevista con 24 Horas este jueves, Barros subrayó la «connotación distinta» del caso debido al perfil de la víctima, quien era refugiado político en Chile y había participado en un intento de golpe de Estado contra el gobierno venezolano, regresando a Venezuela apenas dos meses antes de su secuestro y asesinato con el objetivo de intentar otro alzamiento.
DIOSDADO CABELLO COMO AUTOR INTELECTUAL
El fiscal precisó que la propia investigación ha arrojado antecedentes que sugieren que el crimen «habría sido un encargo político del gobierno» venezolano, y que las pruebas apuntan específicamente a Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, como la persona que habría encargado y pagado el delito al jefe del Tren de Aragua, Héctor «Niño Guerrero», para que uno de sus brazos operativos concretara el secuestro y posterior homicidio del exmilitar en febrero de 2024.
Barros explicó que, si bien existen antecedentes que incorporan a Cabello en la carpeta investigativa, la Fiscalía trabaja con un estándar de prueba superior —similar al requerido para un juicio oral— antes de proceder a una formalización y solicitud de extradición. «Los antecedentes que necesitamos tienen que ser antecedentes un poco más fuertes para efecto de poder ir por esa vía», afirmó.
OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL PARA EXTRADICIÓN
El persecutor no descartó que se busque la extradición de Cabello si logran robustecer los antecedentes probatorios. El proceso implicaría formalizar, solicitar una orden de detención e iniciar el trámite de extradición. No obstante, Barros puntualizó el gran obstáculo: la Constitución venezolana no contempla la extradición de sus ciudadanos a otros países.
Pese a las dificultades para lograr un estándar judicial sólido, el fiscal Barros recalcó que no tiene dudas sobre la motivación del crimen. Insistió en que el caso tiene un «perfil político claramente», citando la forma de ejecución y el hecho inédito de que el Tren de Aragua secuestrara y asesinara a una persona ajena a su organización sin mediar petición de rescate. El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha manifestado previamente que perseguirán a quien corresponda, sin importar el país en que se encuentre. (NP-Gemini-La Tercera)
