En una inusual intervención pública en el Centro de Estudios Públicos (CEP), la contralora general de la República, Dorothy Pérez, expuso una serie de afirmaciones que delinean lo que se percibe como una «doctrina» de fiscalización de la Contraloría. La máxima autoridad del organismo, conocida por su prudencia discursiva, se centró en la necesidad de enfocar los recursos en áreas de gasto ineficiente y en la fiscalización de los beneficios sociales.
Pérez anunció que para el año 2026, la Contraloría pondrá un mayor énfasis en la revisión de los beneficios sociales. Explicó que la institución busca asegurarse de que los recursos públicos se destinen efectivamente a las personas más vulnerables, ya que han detectado que una «cantidad muy importante» de estos beneficios son recibidos por personas con condiciones económicas de «muy alto nivel». La contralora fue enfática al señalar que para esto no se necesita ningún cambio normativo, solo el cumplimiento de las normas ya existentes.
En cuanto a la modernización de los estatutos que rigen a los empleados estatales, Pérez desestimó la idea de legislar a través de la jurisprudencia. En su lugar, afirmó que la Contraloría se enfocará en hacer cumplir las normas vigentes, especialmente en temas que representan un «forado en términos de gasto». Puso como ejemplo las licencias médicas, un área donde la fiscalización ha sido particularmente activa. La contralora reiteró que la estrategia de su institución es centrarse en «cosas evidentes» para optimizar la eficiencia del gasto público. (NP-Gemini-Emol)
