Se observa desesperación. Se les juntó la campaña presidencial, donde el Gobierno quiere impedir a toda costa la ignominia de que su candidata quede fuera de la segunda vuelta, con los últimos meses de su administración.
Nos acostumbramos a la intervención electoral del Gobierno a partir del plebiscito de septiembre de 2022, donde se jugaba el destino de esta administración. Gabriel Boric y sus ministros fueron descarados, pero nada muy distinto al actual empuje a su candidata comunista y a la descalificación de los adversarios. Primero dispararon a Evelyn Matthei y cuando pasó a la punta José Antonio Kast, se ha convertido en el blanco favorito de la vocera Camila Vallejo, quien usa su cargo para descalificarlo casi a diario.
Como tiene poco que mostrar esta administración, ahora está concentrada en convencer que entregarán un “país normalizado” en lo que constituye la principal prioridad de los chilenos, la seguridad. Curioso que valoren ahora la estabilidad cuando a fines de 2021 el entonces secretario general de RD y candidato a senador por la Revolución Democrática, Sebastián de Polo, admitía: “Es cierto que nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes. La Constituyente es la primera de ellas”.
Este mensaje de la “normalización” de Chile, Boric lo sacó del sombrero al conmemorar el segundo año en La Moneda, gracias a sus buenos asesores comunicacionales. En el aniversario de marzo pasado, volvió a valorar “hemos dejado atrás la inestabilidad”, reprochando que en el gobierno anterior no hubo “ningún aumento del presupuesto para nuestras policías” y marcando el contraste: “Hoy día hemos invertido significativamente para cuidar también a quienes nos cuidan”. Otra paradoja, porque hace poco los trataban de criminales y asesinos y socavaron la legitimidad para actuar de quienes ahora, sostienen, “nos cuidan”.
Fue el ministro de Seguridad Luis Cordero, normalmente más técnico que dado a las manipulaciones políticas, el que volvió sobre el tema para ayudar a su candidata comunista, subrayando que dejarán “un país normalizado” en materia de seguridad. Rauda, la vocera Vallejo ha continuado machacando con los 72 proyectos aprobados en esta materia y lamentando que como Gobierno “recibimos una situación totalmente crítica”.
Se le olvidó completar la frase con que esa crisis fue obra y gracia de los que están en el poder, porque hicieron imposible el control del orden público, a punta de acusaciones constitucionales al Presidente, sus ministros del Interior e intendente de la Región Metropolitana, bloquearon todos los esfuerzos legislativos y cuando aterrizaron en La Moneda sólo agravaron la situación. Levantaron las querellas por Ley de Seguridad del Estado a quienes habían cometido delitos después del 18-O, les concedieron pensiones de gracia e indultos a los “octubristas” y levantaron el estado de emergencia en la Macrozona Sur, porque ellos sabían arreglar el conflicto que no era con los mapuches, sino que “del Estado de Chile con el pueblo mapuche”. Así nos enseñaban en sus manuales de comunicación.
Y si han despachado 72 leyes de seguridad no es por mérito de su coalición de gobierno, sino que muy a pesar de ella, porque la gran mayoría de los proyectos ha sido aprobado con el voto en contra del Partido Comunista y de gran parte del Frente Amplio. O cuando les da un poco de pudor al aparecer tan contrarios a las mociones del propio Ejecutivo, salen de la sala o se abstienen.
El cherry picking con las cifras llega al punto que como no pueden alterarlas completamente usan trucos, en los que es experta Vallejo, como señalar que han revertido la tendencias al aumento de los ingresos irregulares de inmigrantes y con los casos de violencia en la Macrozona Sur que hubo hasta 2021.
Elige ese año porque no puede hablar de los homicidios en 2024, porque fue el peak con 1.207 y en los tres años de esta administración la tasa ha estado sobre 6 por cada 100 mil habitantes. Antes de la pandemia (2018 e incluso 2019) era inferior a 5. Menos puede hablar de secuestros, porque en 2024 también fue el registro histórico más alto y este año va para un nuevo récord, según han adelantado fiscales. Las novedades de oferta de servicios de guardaespaldas, casas de seguridad para los plagios, dedos cortados y extorsiones a empresarios, han llevado al Fiscal Nacional a afirmar que “toda la ciudadanía sabe que este país cambió, que ya no estamos en la misma situación”. Pero que todos se hayan adaptado a esta nueva realidad -la Fiscalía, nosotros y la policía- no significa que debamos “normalizar” 3,3 asesinatos diarios, como ocurrió el año pasado. El robo por sorpresa, que tampoco le conviene mencionar a Vallejo, o el porte de armas o explosivos, también tuvieron sus registros peak en 2024.
Por eso, la vocera comunista, hace malabares con la migración ilegal, asegurando que gracias a los recursos y la tecnología que ha puesto el Gobierno, “la disminución ha sido de un 48,3%”. Pero omite que en el neto, entre 2018 y 2021 (la administración de Sebastián Piñera) entraron por pasos no habilitados 87.792 extranjeros y entre el 2022 y a la fecha, más de 135 mil. A su vez, el INE y el Servicio Nacional de Migraciones establecieron que a fines de 2021 había 110 mil extranjeros irregulares, los que se dispararon a 337 mil a fines de 2023. Son cifras oficiales, no “maquilladas”.
Y, claro, La Moneda quiere que los aplaudan porque “tuvimos que hacer un esfuerzo para lograr una caida del 70% entre el 2021 y 2024” de los casos de violencia en la Macrozona Sur. Oculta que el año con el que compara, 2021, fue el peak de las usurpaciones y de los atentados violentos que desafiaban al Estado gracias al proceso transformador que las actuales autoridades empujaban a través de la Convención Constitucional. Esta sólo alentó los crímenes ese año proponiendo indultos e impunidad para los delincuentes y borrar a Carabineros de la Constitución.
¿Pretende el Presidente pasar por normal que el Gobierno haya convertido el estado de excepción en uno permanente en el sur, no para terminar con los atentados y asesinatos, sino que para que se mantengan en 502 el año pasado, 924 en 2023 y 1.097 en su primer año en La Moneda?
Por útlimo, Boric y sus ministros repiten que se ha logrado “el aumento significativo de los recursos a las policías” (cuarta cuenta del Mandatario), pero esa es otra magia de humo. Un estudio reciente de LyD demostró que eso es falso. El gasto ejecutado en seguridad entre los años 2022 y 2024 (no el presupuestado, que es más alto) es el más bajo desde la prepandemia (en 2020 hubo que reasignar recursos a Salud y a beneficios sociales). Y a mayor abundamiento, es el más reducido como porcentaje del gasto total del gobierno central… desde Frei Ruiz-Tagle. En 2018 y 2019 el gasto en orden y seguridad representaba el 7% del gasto total, porcentaje que desciende bajo el 6% en los tres primeros años de Boric, reflejando las prioridades de su administración, a pesar de la grave crisis de delincuencia.
Aún así, qué duda cabe que el Mandatario y sus ministros continuarán maquillando la realidad y sus verdaderos intereses que no son los de la ciudadanía que clama protección del Estado usando todas las herramientas que le confiere la institucionalidad. Si revelaran sus verdaderas prioridades, lo que los moviliza en verdad, dejarían desnuda, frente al juicio popular, a su candidata de continuidad. (El Líbero)
Pilar Molina
