La diputada Karol Cariola (PC) es investigada por presunto cohecho y tráfico de influencias en una causa dirigida por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Su defensa, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, busca fijar su declaración para después de las elecciones parlamentarias, en las que la legisladora compite por un escaño en el Senado, y ofreció hacerlo el 1 de diciembre en Valparaíso, aunque la fecha aún no ha sido confirmada por la fiscalía.
La indagatoria se originó en los chats de Cariola con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en el marco del caso Sierra Bella. El análisis de su teléfono, incautado el 3 de marzo, reveló múltiples gestiones ante alcaldes, ministros, subsecretarios y asesores, varias de ellas en beneficio del empresario chino Bo Yang (o Emilio Yang), amigo de la diputada. Entre estas, pidió a Hassler acelerar una patente de alcoholes vinculada a conocidos de Yang, solicitó al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ayuda para un ciudadano chino varado en el aeropuerto (gestión que fracasó por antecedentes del viajero), y gestionó con el ministro de Economía, Nicolás Grau, la inclusión de Yang en la gira presidencial a China.
En los mensajes, Cariola describía a Yang como un empresario cercano al gobierno, estudiante de ciencias políticas en Chile y secretario general de la Cámara de Comercio e Industria China en el país.
En paralelo, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó levantar el secreto bancario de Cariola, Yang y una de sus empresas. El juez Patricio Álvarez argumentó que no existían sospechas fundadas sobre la participación de la diputada en delitos de cohecho o tráfico de influencias, y cuestionó que la solicitud fiscal se basara en una nota de prensa sobre un arriendo de inmueble ligado a su campaña. Además, indicó que los chats analizados correspondían a comunicaciones propias de su rol parlamentario y no evidenciaban actos ilegales. (NP-GPT-Emol)
