El Gobierno ha mostrado sus cartas para hacer frente a la recta final de esta carrera presidencial que se avizora especialmente esquiva para las fuerzas oficialistas. ¿La estrategia? Intervenir electoralmente por múltiples frentes: político, legislativo y comunicacional.
Lo anterior no resulta del todo novedoso. Durante el primer plebiscito constitucional de 2022 el Presidente no escatimó en recursos para intervenir en la campaña a favor del Apruebo. Partiendo por condicionar toda la agenda de los primeros seis meses de su administración cuando el mandatario goza de mayor respaldo para hacer avanzar agendas, a la espera de la aprobación del tan anhelado proyecto de nueva constitución para la izquierda, luego vinieron los stands de entrega del texto en el frontis del Palacio de La Moneda con la portavoz de Gobierno, Camila Vallejos, como repartidora y la frase en cadena nacional de: “Nuestro deseo es que, a partir del 4 de septiembre, se inicie un camino de cambios y reformas”, entre otras. El nivel de involucramiento con el proceso fue tal que el plebiscito constitucional terminó siendo una suerte de referéndum en torno a la gestión del Gobierno con un resultado claro: el rechazo obtuvo un 62%.
Ante una prospectiva igual de negativa a la que se vivía en la antesala de ese 04 de septiembre de 2022, el Gobierno hoy parece optar por nuevamente jugar el rol de gran interventor.
Intervención por la vía legislativa. Para esto, el Ejecutivo ha optado por dilatar la tramitación en el Congreso de la multa por no sufragar y que finalmente torna efectivo el voto obligatorio, porque un voto obligatorio sin sanción no es otra cosa que un voto voluntario de facto. ¿El motivo? Los estudios de opinión muestran que el “votante obligado”, es decir, esos 6 millones de electores que no sufragaban con voto voluntario y hoy han comenzado a hacerlo una vez repuesto el voto obligatorio, tienden a votar en una mayor proporción por candidatos de la oposición y no así por la candidata oficialista: Jeannette Jara.
Una segunda vía de intervención está dada por la actuación de sus autoridades. Por un lado, la Contraloría General de la República ha sido meridianamente clara en señalar que: “en el desempeño de la función pública los funcionarios estatales, cualquiera sea su jerarquía y estatuto jurídico que los rija, están impedidos de valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias, partidos políticos o pactos electorales” (Instructivo Contraloría sobre prescindencia electoral 2024).
Sin embargo, durante esta semana fue el propio Presidente Boric quien actuó como director de orquesta del coro interventor al hacer un llamado en el siguiente tono: “quiero decirles que esta reforma de pensiones debemos defenderla frente a quienes quieren hacerla retroceder”. Al unísono, se sumó un auténtico desfile de ministros que también han intervenido como comentaristas de la propuesta previsional del candidato presidencial del Partido Republicano.
Luego, por si no fuera suficiente, el Gobierno aprovechó la polémica artificial en torno a los perfiles de redes sociales mañosamente vinculados a la campaña de Kast para, nuevamente, comentar y emitir juicios respecto de su candidatura y de paso instalar el siempre peligroso germen del control de la libertad de expresión en las redes sociales.
El Gobierno puede disfrazar su activismo en la defensa de su reforma previsional o escudarse en un presunto intento por combatir la desinformación en redes, pero a fin de cuentas, todos saben que se trata de una campaña de intervención electoral encubierta. Aunque la paradoja es brutal: mientras más se esfuerce el Presidente en intervenir, más convertirá la elección en un juicio sobre su propia gestión. Y en ese escenario, la derrota no sólo será de su candidata: será por sobre todo suya. (Ex Ante)
Jorge Ramírez
