A un año y cuatro meses de la muerte del conscripto Franco Vargas (19) durante una marcha militar en Putre, la investigación liderada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, continúa sin formalizaciones, debido a nuevas diligencias solicitadas por la defensa del excomandante del batallón, Claudio Guajardo. En paralelo, el abogado Humberto Palamara amplió una querella por cuasidelito de homicidio, que ahora incluye a nueve personas, entre ellos el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, y los diputados Luis Malla (PL) y Cristián Araya (Republicano).
La querella, acogida por el Juzgado de Garantía de Arica, detalla los hechos ocurridos el 27 de abril de 2024 y acusa a siete militares —cuatro generales, un coronel, un teniente y el comandante en jefe— por omisión o encubrimiento en la muerte del joven, al no aplicar protocolos médicos como exámenes de hipobaria antes del traslado a altura. Según el abogado, estos procedimientos estaban establecidos previamente, pese a que Iturriaga los negó ante la comisión investigadora de la Cámara el 1 de julio.
Además, se imputa al coronel Christian Barros por instruir una investigación sumaria estando legalmente inhabilitado. La querella también apunta a los diputados Malla y Araya por haber disparado munición de guerra durante una visita fiscalizadora a Pacollo el 31 de agosto de 2024, acción que el abogado considera ilegal bajo el Código de Justicia Militar.
Consultado por la acusación, Malla la calificó como infundada y aseguró que no lo amedrenta. Araya, en cambio, declinó hacer comentarios. Por su parte, la madre del conscripto, Romy Vargas, criticó duramente que Guajardo actúe como querellante y no como imputado, acusándolo de negligencia y falta de humanidad.
El fiscal Carrera continúa tomando declaraciones, incluyendo a cuatro generales en Santiago, mientras recopila más pruebas para esclarecer las responsabilidades en el caso. La formalización, inicialmente prevista para abril, sigue sin fecha definida. (La Tercera)
