El viernes 15 de agosto, tres reos de alta peligrosidad se fugaron del módulo 105 del Complejo Penitenciario de Valparaíso, uno de los recintos con mayor población penal y niveles de violencia del país. El escape, descrito como “cinematográfico” por autoridades, se concretó tras cortar barrotes, subir al techo y descender mediante una cuerda de acero conectada a un vehículo que los esperaba afuera. La densa bruma impidió que los centinelas detectaran la maniobra, y las cámaras de vigilancia y el cerco eléctrico no lograron impedir la evasión.
Ante el hecho, el Ministerio de Justicia y Gendarmería activaron un plan de emergencia. En menos de 24 horas, el ministro Jaime Gajardo anunció 17 medidas de refuerzo, tras recibir un informe del director nacional (s) Rubén Pérez y del subsecretario Ernesto Muñoz, quienes inspeccionaron el penal en terreno.
Como medida adicional, se ordenó el traslado de los 140 internos más peligrosos del recinto. El operativo comenzó el lunes y se extenderá hasta el viernes 22 de agosto. Los reos serán derivados a unidades con capacidad para albergarlos, aunque la mayoría de los penales presenta sobrepoblación.
Durante esta semana, autoridades se reunieron con gremios penitenciarios para coordinar nuevas acciones. Hasta ahora, se han realizado tres allanamientos masivos en el penal: el día de la fuga, el sábado 16 y el martes 19, con el objetivo de incautar elementos prohibidos.
SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA
Según cifras de Gendarmería, la ocupación carcelaria nacional alcanza el 140%, mientras que en la Región de Valparaíso llega al 190,9% (datos al 30 de junio). Por ello, se evalúa la construcción de un nuevo recinto penitenciario en la zona, con capacidad para 2.320 personas, entre imputados y condenados.
AVANCES EN SEGURIDAD
Desde el Ministerio de Justicia se indicó que el penal fue recibido con solo un 40% de cámaras operativas, debido a vandalismo en redes eléctricas y deterioro del sistema. Con fondos del Ministerio del Interior, se invirtieron $1.200 millones para modernizar el sistema, reemplazando cámaras análogas por digitales con capacidad analítica, lo que aumentó la cobertura en 400%. El proyecto tiene un avance del 50%.
Además, en 2024 se transfirieron $17 millones para mantener el cerco eléctrico, que se encuentra operativo, y se implementó un sistema antidron para reforzar la seguridad perimetral.
El caso ha reactivado el debate sobre las condiciones de los recintos penitenciarios, la urgencia de nuevas inversiones y la necesidad de una estrategia integral para enfrentar la sobrepoblación y los riesgos de seguridad. (Red NP-Copilot-La Tercera)
