A propósito de la discusión generada por José Antonio Kast acerca de cuán relevante o irrelevante es el Congreso, parece útil reparar no solo en las atribuciones que le asigna la Constitución, sino en el papel que jugó en los momentos críticos vividos por el país en los años recientes, en los que su actuación fue negativamente relevante. Las fuerzas que acompañan a Boric deberían sonrojarse por lo menos respecto de cuánto contribuyeron a ello.
En la historia del Congreso quedará registrada la deshonrosa forma en que actuaron muchos de sus miembros en 2019, cuando renunciaron a defender el orden democrático, validaron la violencia y promovieron el derrocamiento del presidente legítimo. Quedará registrado también el vergonzoso aval que dieron a la renuncia de la potestad constitucional del Congreso en favor de una especie de asamblea constituyente, la estrafalaria Convención, lo que pudo haber llevado al país a un gigantesco desastre.
No es posible pasar por alto ante la prolongada degradación del republicanismo en el seno del Congreso, expresada por ejemplo en la demagogia sin límites en los días de la pandemia, en la aprobación de proyectos de ley inconstitucionales, en el llamado parlamentarismo de facto, en los retiros de fondos previsionales, en el tráfico de influencias, en el cuestionamiento del voto de los extranjeros por grosero cálculo electoralista, etc.
Muchos de los vicios de la vida política están ilustrados por la acción moralmente desinhibida de los parlamentarios. Es verdad que se comete una injusticia si se les echa a todos en el mismo saco, puesto que no son pocos los diputados y senadores que cumplen con su deber y legislan a conciencia. Por desgracia, los que hacen noticia son aquellos cuyo único principio es mantenerse en el cargo como sea.
Como se sabe, la mayoría de los actuales parlamentarios competirán este año por la reelección. Varios no podrán hacerlo, pero no porque les falten ganas, sino porque cumplieron los períodos permitidos, tres en el caso de los diputados y dos en el caso de los senadores. Como la vocación es poderosa, algunos exsenadores se sacrificarán como postulantes a una diputación.
Muchas veces, frente a la conducta de algún parlamentario, nos hemos preguntado cómo fue que esa persona llegó a un cargo para el que carece de competencia, qué tuvo que ocurrir para que quedaran en sus manos ciertas decisiones fundamentales para la vida nacional. Imposible no reparar, por ejemplo, en lo ocurrido con el Partido de la Gente, fundado por Franco Parisi, que en la elección de 2021 consiguió elegir 6 diputados, todos los cuales fueron abandonando sus filas en diversas direcciones. Un auténtico récord de transfuguismo. Y Parisi, relajado, candidato presidencial de nuevo.
Es una lástima que en la elección de senadores y diputados no exista la segunda vuelta, como en la elección presidencial, lo que, en ciertos casos, podría dar a los electores la oportunidad de elegir el mal menor. Salvo que el SERVEL objete una postulación por no cumplir las exigencias legales, las cartas ya están echadas para la elección del 16 de noviembre: ese día se elegirá el total de diputados (155) para los próximos 4 años, y casi la mitad de los senadores (23) para los próximos 8.
¿Qué hacer para que el país tenga un Parlamento que sea apreciado por la población, que legisle con sentido nacional y contribuya a perfeccionar el Estado de Derecho? Ante todo, volver más estricta la selección de candidatos, lo que exige cerrar el paso a los carreristas y aventureros, a los incompetentes y, ciertamente, a los inescrupulosos. Se trata de impedir que los partidos se conviertan en pymes, donde predomina el intercambio de favores para repartir puestos y prebendas.
El sufragio universal no opera en el aire. La oferta de opciones es absolutamente crucial. Por lo tanto, se vuelve determinante el mayor o menor rigor con el que los partidos evalúen el perfil moral, intelectual y cultural de quienes los representarán. Y no se trata de un asunto de diplomas, pues ya sabemos que se puede ser doctor en Derecho y pillo al mismo tiempo.
El más reciente capítulo de desinhibición política y ética ligada al negocio parlamentario lo protagonizó la Democracia Cristiana, o lo que queda de ese partido. La decisión de apoyar a la candidata presidencial del PC estuvo condicionada en primer lugar por las urgencias personales de Huenchumilla, Provoste, Aedo y los demás para conseguir que el oficialismo les ayude a ser reelegidos. Las explicaciones “idealistas” que han dado compiten en descaro.
Hay que sanear las costumbres políticas, y ello exige combatir las formas específicas de disolución moral que, lamentablemente, han arraigado en numerosas instituciones. Es indispensable elevar las exigencias respecto de la Presidencia de la República, el Parlamento, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las FF.AA., Carabineros, la PDI, Gendarmería, etc. Y no olvidemos ni por un momento la amenaza corruptora del crimen organizado.
La sociedad civil debe potenciar su capacidad crítica frente a la actuación de quienes ejercen cargos públicos. Necesitamos un Congreso en el que los ciudadanos podamos confiar, sobre todo si la democracia vuelve a correr peligro en los años que vienen. (Ex Ante)
Sergio Muñoz Riveros
