La cifra se queda corta, pero las subsecretarías de los 24 ministerios que componen el Gobierno tienen pendiente el cobro de por lo menos $3.140.824.519 por concepto de licencias médicas rechazadas entre 2022 y mayo de este año. En otras palabras, los funcionarios tuvieron al menos 2.326 permisos de salud durante los cuales el Estado les pagó el sueldo completo, pero que Fonasa o alguna isapre los rechazó, por lo que ahora deben restituir esos dineros al servicio en que trabajan.
Las subsecretarías de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Vivienda, Obras Públicas, Prevención del Delito y Culturas, son a las que más se les deben fondos por licencias médicas rechazadas, esto, según información de Transparencia a la que tuvo acceso El Líbero.
Hay que recordar que, a diferencia de lo que ocurre con los empleadores privados, en el Estado es el servicio público y no Fonasa o la isapre la que paga el sueldo al funcionario con licencia. Por ello, en la situación de que un permiso haya sido invalidado o rechazado, la persona debe devolver ese dinero.
Pero no siempre todo funciona en regla y este año eso quedó en evidencia cuando en mayo la Contraloría detectó que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. Además, la semana pasada se detectó que de ellos, 13.286 fueron a jugar a casinos estando con reposo médico. 1.486 de ese grupo ya estaban en el listado de quienes viajaron al extranjero y la Contraloría ahora hará cruces con la asistencia a partidos de fútbol y conciertos. Además, hace unos días Hacienda actualizó la situación de los trabajadores que hicieron mal uso de licencias: fueron 10.961 sólo del gobierno central, a quienes se les pagó $12.438 millones por ese concepto.
De los $3.140 millones adeudados, más de $552 millones corresponden a funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), del Ministerio del Interior, a quienes les han rechazado 342 licencias médicas, de las cuales 134 quedan pendientes de recuperación de dinero (13 datan de 2022, 47 de 2023, 30 de 2024 y 44 de este año). De ese universo, 114 corresponden a profesionales y 19 a cargos administrativos. Subdere cuenta con 523 funcionarios.
En términos económicos, la segunda subsecretaría a la que le deben más dinero de licencias médicas rechazadas es la de Vivienda: son más de $398 millones por ese concepto. El organismo, que tiene 1.076 funcionarios, acumula 1.959 rechazadas en tres años y medio, pero de ellas, 359 tienen pagos que recuperar. Eso sí, el monto recuperado por este concepto desde 2022 a la fecha es importante: $1.703 millones.
En tercer lugar, la Subsecretaría de Obras Públicas (642 personas) espera recuperar más de $293 millones correspondientes a 239 licencias. 119 de ellas son de profesionales, 79 de administrativos, 31 de funcionarios técnicos, seis de auxiliares y cuatro de directivos. Este organismo declaró no haber recuperado fondos por este concepto durante esta administración.
Otra subsecretaría de Interior ocupa el cuarto lugar de los organismos que tienen más dinero que recuperar por licencias médicas rechazadas y que los funcionarios no han devuelto. Se trata de Prevención del Delito. Esa repartición tiene casi $232 millones que recuperar por 199 permisos de salud, 164 de ellos de parte de profesionales del servicio.
Llama la atención que sea la Subsecretaría de las Culturas y las Artes la que está quinta entre las que tiene más dinero que recuperar en licencias ($178 millones). Sin embargo, el dato lo explica el que en esa entidad trabajan, según Transparencia, 1.423 personas (708 a contrata, 273 de planta, 352 a honorarios y 10 por el Código del Trabajo). En ese organismo hay 230 licencias pendientes que cobrar.
A estas subsecretarías les siguen las de Servicios Sociales ($152 millones), de Educación ($139 millones), Interior ($135 millones) y Telecomunicaciones ($105 millones).
LENTA RECUPERACIÓN DE FONDOS
Lograr que los funcionarios públicos reintegren los recursos que el servicio en que trabajan les pagó durante una licencia, no siempre es rápido ni menos fácil, pues luego del rechazo de la aseguradora de salud, suelen apelar a la resolución en la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez (Compin) e incluso a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). Si se confirma que la licencia era improcedente, entonces el trabajador debe restituir el dinero y, según la ley, el empleador debe adoptar “las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos”.
Sin embargo, si el funcionario estima que la decisión no es correcta, también puede recurrir a la Contraloría. Un ejemplo de ello, es cuando la persona sostiene que el caso prescribió. Sin embargo, hay casos, como el de la consejera regional metropolitana, Danae Prado (PC), que tenía 11 licencias rechazadas entre 2018 y 2019 donde el órgano fiscalizador estimó que el plazo de la prescripción comenzaba desde el momento en que el servicio público hacía efectiva su acción de cobro.
Así, los ministerios aún tienen $1.105 millones por recuperar de 2024, $927.572.294 de 2023 y $471.772.488 de 2022. Contando los $646 millones de 2025, la deuda a recuperar asciende a por lo menos $3.140.824.519. A esa cifra faltaría agregar lo que se le debe por este concepto a las subsecretarías de Bienes Nacionales, Niñez, Redes Asistenciales, Salud Pública, Turismo y Segegob.
Cuando no se pueden cobrar dineros, puede ocurrir el castigo de la partida contable del ministerio, donde -explica la Superintendencia de Seguridad Social- se reconoce esa pérdida previa autorización del titular del ministerio en cuestión y del ministro de Hacienda.
Entre todas las subsecretarías, el gobierno ha recuperado por lo menos $609 millones en 2022 por licencias médicas rechazadas, un mínimo de $955 millones en 2023, de $1.072 en 2024 y de $250 millones en 2025. Hay que considerar que 12 subsecretarías no entregaron esa data en particular.
Las subsecretarías que más han recuperado recursos son las de Vivienda ($1.703.984.665) Subdere ($271 millones), Fuerzas Armadas ($166 millones), Medio Ambiente ($135 millones) e Interior ($99 millones).
Mientras, las que tienen más cantidad de licencias a recuperar son, en orden, Vivienda (359), Obras Públicas (239), Culturas (230), Prevención del Delito (199), Educación (183), Servicios Sociales (149), Subdere (134), Segegob (86), Mujer (67), Telecomunicaciones (67), Medio Ambiente (66), Hacienda (54) y Fuerzas Armadas (51).
CONTRALORÍA PIDE REINTEGRO DE $14 MIL MILLONES A SIETE INSTITUCIONES
En paralelo al trabajo de fiscalización que ha llevado a cabo la Contraloría, el ente fiscalizador también ordenó la recuperación de fondos que las instituciones públicas no han cobrado a los funcionarios.
En particular, la contralora Dorothy Pérez informó en la sesión del 30 de junio de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el mal uso de licencias médicas, que se solicitó la restitución de $14 mil millones que acumulan apenas siete instituciones (fuera de las subsecretarías).
Entre ellas, mencionó el Departamento de Educación Municipal de Collipulli, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Departamento de Educación Municipal en Lumaco, una municipalidad, y un Slep (Servicio Local de Educación Pública).
Pérez dijo que este ejemplo es sólo una fracción de los «muchísimos más» casos de fiscalizaciones en curso. Para agilizar este proceso, la Contraloría está realizando «exámenes de cuenta autónomos», que son más rápidos y efectivos para la recuperación de estos dineros públicos.
En el ámbito de las herramientas de fiscalización, la contralora adelantó que puso a disposición una plataforma informática propia para una auditoría coordinada masiva, que involucra a todas las unidades de control o auditorías internas de la administración del Estado, incluyendo municipalidades, servicios públicos y entidades centralizadas y descentralizadas. Es decir es interoperable.
El objetivo principal de este sistema de auditoría interna es pesquisar la recuperación de los subsidios por incapacidad laboral, asegurando que los fondos públicos que se estaban perdiendo sean recuperados. La plataforma, dijo, busca ser «homologable», con «reportabilidad» y «trazabilidad», permitiendo un monitoreo continuo del avance de cada auditoría en la administración.
La diputada Paula Labra ofició hace más de un mes a la directora de la Secretaría de Modernización del Estado, Isabel Millán, para saber qué acciones se están tomando para replicar esta plataforma en las reparticiones del Estado, pero hasta el cierre de esta nota, no había obtenido respuesta. (El Líbero)
