En los últimos años, la migración irregular en Chile se ha triplicado según cifras del INE y del propio Servicio Nacional de Migraciones: a fines de 2021 existían 110 mil migrantes irregulares, y a fines de 2023 ya eran 337 mil. Mientras las expulsiones son mínimas, lentas y simbólicas, desde sectores de izquierda se repite un mantra que parece incuestionable: “Como no se puede expulsar a todos, la única salida es regularizar”.
Ese discurso es un falso dilema. La política migratoria no es solo elegir entre expulsión masiva o regularización indiscriminada. Países como Australia, Canadá o España han demostrado que existen caminos intermedios mucho más efectivos y disuasivos.
Primero, incentivar la salida voluntaria. Programas como el Voluntary Assisted Return europeo combinan ayuda logística con advertencias claras: si no te acoges, enfrentas sanciones y prohibición de reingreso. No es un regalo, como pretende la izquierda, sino una vía ordenada para recuperar control.
Segundo, endurecer sanciones contra empleadores que contratan mano de obra irregular. En EE.UU., el sistema E-Verify es obligatorio para confirmar la situación migratoria; en Chile, aún tenemos empresas que pagan en efectivo, fomentan la informalidad y donde la fiscalización es mínima. Sin sanción real, el atractivo de quedarse ilegalmente seguirá intacto.
Tercero, cerrar el atajo de la visa “post-ingreso”. La ley ya establece que las solicitudes deben hacerse fuera de Chile, ya sea en el país de origen o en un tercer país seguro con residencia legal. Esto evita que el ingreso ilegal se convierta en la antesala de la regularización, mensaje fatal para el control fronterizo.
Además, el trabajo informal de migrantes irregulares distorsiona el mercado laboral y desplaza oportunidades para chilenos, especialmente en sectores de baja calificación. La abundancia de mano de obra dispuesta a aceptar salarios más bajos y sin cotizaciones presiona a la baja los sueldos, fomenta la precariedad y debilita el empleo formal. No es casualidad que, según el INE, en el último año solo se hayan “creado” 141 empleos formales, en su mayoría en el sector público.
Regularizar en masa a quienes violaron la ley no solo premia la transgresión, sino que incentiva a otros a hacer lo mismo. Chile necesita una política migratoria seria: que proteja sus fronteras, que ordene el mercado laboral y que transmita una señal inequívoca al mundo. Si seguimos comprando este falso dilema, el único resultado será más migración irregular, más presión social y menos control. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
