A poco más de un mes de la polémica liberación por error de Alberto Carlos Mejía, sicario venezolano acusado del homicidio del “Rey de Meiggs”, se conocieron dos nuevos episodios similares en recintos penitenciarios de Copiapó y La Serena.
El primero involucra a un interno identificado con las iniciales M.A.F.B., quien cumplía 41 días de condena por un delito menor, pero tenía pendiente una sentencia de 541 días por tráfico de drogas. Pese a la orden judicial de mantenerlo en prisión, fue liberado tras cumplir la primera pena. El hecho quedó al descubierto el 24 de junio, cuando la Unidad de Estadísticas del penal de Copiapó informó la situación al Tribunal de Garantía, que emitió una orden de detención. El reo fue recapturado cuatro días después.
El segundo caso corresponde a L.A.S.L., imputado por tráfico de drogas, inicialmente detenido en Copiapó y trasladado a La Serena tras ser formalizado por microtráfico dentro del penal atacameño y por posesión de dispositivos tecnológicos. El tribunal ordenó prisión preventiva, que debía cumplirse tras concluir una condena previa. Sin embargo, tras finalizar esa pena, no fue reingresado a prisión como correspondía y quedó en libertad. Actualmente permanece prófugo.
Ambos casos se hicieron públicos luego de que el presidente del Tribunal de Garantía de Copiapó informara a Gendarmería y al Ministerio Público, solicitando investigaciones para esclarecer responsabilidades. La Fiscalía de Atacama, a través del fiscal Luis Miranda, confirmó diligencias junto a la Brigada de Delitos Económicos, incluyendo incautación de celulares y revisión de documentos.
Fuentes ligadas a las causas señalan que los tribunales habían comunicado oportunamente a Gendarmería que ninguno de los internos podía quedar en libertad, atribuyendo el error a la institución penitenciaria.
El director subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, calificó los hechos como una posible “negligencia funcionaria” y explicó que la falla podría radicar en la verificación administrativa y el control de causas pendientes. Añadió que se realizan investigaciones internas en las regiones de Atacama y Coquimbo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que los casos están bajo investigación administrativa y penal, y que se revisan los protocolos de comunicación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y Gendarmería para evitar que estas situaciones se repitan. (Red NP-Emol)
