El problema de la centroizquierda es que gradualmente entramos en una lógica tramposa por un mal manejo de la tensión entre crecimiento económico y desigualdad de ingresos.
La lucha contra la desigualdad no puede hacerse de manera inocente o ignorante. Un policymaker avezado debiera esperar que las personas o los grupos que han estado históricamente en situación de privilegio en algún momento defiendan su posición. Obviamente, “históricamente” no quiere decir necesariamente de forma maliciosa. El ideal de justicia no se construye en abstracto, como pretendía Rawls, bajo un velo de ignorancia respecto de la posición que uno ha tenido en sociedad. Esa postura, teóricamente atractiva, es inútil en la práctica. La única “posición original” relevante es el estatu quo porque, parafraseando a Binmore, este “concentra la memoria histórica de la sociedad” que es donde nacen los conflictos y surgen los costos.
La lucha contra la desigualdad usualmente tiene costos económicos. Estos dependerán puntualmente del tipo de medidas, pero tarde o temprano afectan el crecimiento. La forma de evaluar si los costos de la agenda redistributiva son excesivos, es ver qué le pasa al crecimiento.
En Chile el costo es palpable. El estancamiento de la productividad comenzó hace unos 13 años según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), lo que sugiere que hay razones estructurales de desaceleración. Pero por sobre esto, el PIB per cápita apenas crece desde hace 9 años y la tasa de desempleo sube tendencialmente desde 2016. La debilidad de la inversión y de la creación de empleo es una típica consecuencia de la tensión entre crecimiento y desigualdad. Esto es grave y corregirlo debe ser una tarea fundamental del próximo gobierno. En todo caso, profundizarlo sería un error de proporciones.
Esto implica que urge retomar una agenda de crecimiento, no como eslogan de campaña, sino como una estrategia, tan creíble y coherente, que movilice recursos privados.
Esto supone un esfuerzo colosal. La economía está desestabilizada luego del estallido social y dos procesos constituyentes que pusieron en tela de juicio las reglas del juego. Necesitamos reforzar los elementos que den estabilidad. Hay que partir por recuperar el control del Estado en todo el país y la facultad de los ciudadanos de vivir tranquilos en sus casas y barrios, de las empresas de desarrollar sus actividades sin temor a atentados, secuestros o robos. Esto es, el deber básico del Leviatán.
Aprovechemos el incremento del ahorro obligatorio para irrigar mejor de financiamiento la economía, particularmente en las empresas medianas. Estas deben ganar en escala, aumentar su capital. Hay que reformar el Estado y seguir racionalizando regulaciones, dándole continuidad al proyecto de permisología. Favorecer la empleabilidad femenina y la creación de empleo es esencial, así como fortalecer la educación pública y un largo etcétera.
Sin embargo, luego de identificar esas medidas que atacan debilidades reales del sistema productivo, hay que evitar anunciar un paquete redistributivo incoherente con ello, como lo del salario vital de $750.000. Por un lado, esto incrementaría los costos laborales a las empresas mucho más que un aumento del salario mínimo porque afectaría a la mitad de los trabajadores. Esto significa que aumentarían los costos de todas las empresas pequeñas y muchas medianas, es decir, de todas a las que acabamos de decir que queremos sacar adelante y a las que se les acaban de subir las cotizaciones y el salario mínimo y se les redujo la jornada laboral.
Por otro lado, las expectativas que genera un anuncio de este tipo serán con certeza frustradas. Llegar a ese nivel de salario por ley dejará a muchos trabajadores desempleados o en la informalidad e impedirá que las empresas crezcan y se capitalicen. Porque frustraría a los votantes, esta política es instrumental a los que sacan ventajas del conflicto social que genera.
Tenemos que salir de esta lógica. Esta advertencia ya la hizo Aníbal Pinto en 1958. Según él, Chile tenía un sistema político desarrollado que imponía agendas redistributivas a un sistema económico subdesarrollado que no podía satisfacer. Hoy la demanda política surge, pero desde un sistema político en crisis. Este impone agendas distributivas que están lesionando un sistema económico que aún goza de buena salud y que es nuestro deber cuidar.
Debemos pausar el esfuerzo redistributivo para retomar un ritmo mínimamente aceptable de crecimiento económico. Es muy distinto redistribuir creciendo que intentar hacerlo estancados.
Guillermo Larrain
FEN, Universidad de Chile
