Chile parece vivir en un estado de contradicción permanente. Cada cierto tiempo, una propuesta política -nueva o que busca extenderse en el poder- promete “justicia social” (o equidad o solidaridad) a través del mismo libreto: más Estado, más impuestos, más controles. La narrativa es conocida y seductora: si las desigualdades persisten, es porque el mercado es cruel; si hay pobreza, es porque las empresas -o los “súper ricos”- no hacen lo suficiente; si la ciudadanía está descontenta, la solución sería que el Estado crezca para “cuidar” más. Sin embargo, cada intento estatista deja la misma enseñanza: la realidad se resiste a obedecer a la ideología.
En el discurso público, la justicia social se ha convertido en palabra mágica que sustenta todo. Se presentan reformas tributarias como actos de justicia, estatizaciones como actos de equidad, y restricciones a la inversión como “cambios de modelo” (inequitativo). Lo curioso es que, mientras más se invoca la justicia social, menos se traduce en resultados concretos. La inversión cae, el empleo se estanca, y los destinatarios de esas grandes promesas siguen esperando.
La historia reciente ofrece lecciones claras. En los últimos años, Chile ha multiplicado programas sociales y subsidios, mientras su capacidad de crecer se ha debilitado. Cada punto menos de crecimiento es un impuesto silencioso a los más pobres, porque significa menos empleos, menos recaudación y menos oportunidades de movilidad. Pero este “costo” raramente aparece mencionado en los discursos: es más “rentable” anunciar beneficios que asumir las consecuencias de los desequilibrios que generan.
El problema de fondo no es la justicia social -que es un principio ético valioso de ordenamiento social-, sino su secuestro por la ideología. Cuando se la entiende como un instrumento de confrontación electoral y no como dimensión efectiva de una estrategia de desarrollo integral, la justicia se convierte en mero eslogan. Los impuestos se elevan de modo agobiante sin que haya más inversión; los subsidios crecen mientras la productividad cae; y la promesa de la tan mentada igualdad (¿cuál exactamente?) se transforma en un espejismo.
Las reglas cambian al ritmo de la ideología, y el que invierte productivamente queda a merced de la siguiente reforma, del enésimo permiso o del nuevo experimento solidario. El sector empresarial, en un escenario como el descrito, observa -y se repliega- con creciente cautela; y, en un país que necesita urgentemente recuperar la confianza y el crecimiento, esta dinámica solo profundiza el estancamiento.
Chile requiere un cambio de enfoque. La verdadera justicia social no se logra con reiterar discursos vacíos ni expandiendo permanentemente el Estado. Descansa, principalmente, en crear las condiciones para que cada persona pueda desarrollarse con autonomía (libertad) y dignidad: empleo, educación de calidad, seguridad y oportunidades reales de emprendimiento. La ideología ofrece consignas; la realidad exige resultados.
Si la política insiste en desconocer esta verdad simple, la frustración ciudadana seguirá aumentando. La experiencia muestra que los países que confunden justicia social con estatismo terminan debilitando tanto la economía como la democracia que dicen proteger. (El Líbero)
Álvaro Pezoa
