Drogas, armas y homicidios le están cambiando la cara al campo chileno. Hace cinco meses que asesinaron a un matrimonio en Graneros, antes, habían matado a un conductor de camión en Malloa, hoy, pareciera que se olvidó ese violento hecho.
Chile es eminentemente rural, el 83% de su territorio cae en esa categoría, sin embargo, en él habita sólo el 25% de la población, un número pequeño si pensamos en votos. Pero, el panorama cambia si se observan los sectores productivos que se desarrollan en ese 80% del país: minería, agricultura, silvicultura, pesca, energía y turismo. Y, si se observa con mayor profundidad, el territorio rural es esa importante reserva de tradiciones, es decir, resguarda la identidad nacional, nuestro sentido de pertenencia y cohesión social.
Entonces, podrán ser pocos votos, pero contiene un valor inmensurable. El sólo hecho de que convivan en él diversas culturas que unidas forman la chilenidad le otorga un valor tal que debiese ser parte obligada del debate político.
Hoy, ese mismo territorio vive un cambio cualitativo en su escenario de seguridad. Sin duda el asesinato en Graneros marcó un hito difícil de olvidar, pero, no marca el inicio del deterioro de la seguridad.
Sólo en la zona rural de la región Metropolitana los homicidios aumentaron un 128% entre 2018 y 2024. 18 son las comunas que componen esa zona y, de ellas, Talagante evidencia un aumento de 1000% en las muertes violentas en ese mismo período de tiempo; Melipilla, por otro lado, destaca en delitos asociados a armas y drogas, mientras, las incivilidades son una constante en toda la zona rural metropolitana.
Diversos son los motivos que pueden ser enumerados, pero, sin duda, el de mayor preocupación tiene que ver con que las respuestas a los problemas de seguridad compleja se han focalizado en las zonas urbanas donde, las acciones que presionan a las bandas criminales, las han desplazado a lugares menos poblados. Además, oportunidades de negocios ilícitos existen: los compradores inescrupulosos de maquinaria o insumos agrícola, la gran cantidad de espacio con escasa presencia del Estado para plantar marihuana y la estacionalidad del trabajo agrícola que cada cierto período contribuye con grandes cantidades de dinero en efectivo para ser gastadas en drogas o prostitución.
Chile no es el único que vive esto. Reino Unido pasó por algo similar luego de que un estudio de la Universidad de Durham evidenciara el problema del campo, lo que motivó a diseñar una política de seguridad rural. Colombia también tiene una, pero, por motivos un poco distintos. Aunque, lo que si tienen en común es que ella no se basa en el delito en sí, sino en las características del territorio para focalizar los esfuerzo y planificar las acciones correctas.
De eso es que se debiese estar hablando: de planificar territorialmente la respuesta de seguridad, de conocer el país y sus desafíos, de llegar al mejor diagnóstico y hacer realmente inteligencia.
Todo ellos se puede hacer, la clave está en volver a lo básico, a la identidad nacional, en otras palabras, a proteger a Chile y sus tradiciones. (El Líbero)
Pilar Lizana
