El Pleno de la Corte Suprema rechazó este lunes el requerimiento presentado por diputados oficialistas para remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Para que prospere, la destitución debe ser aprobada por cuatro séptimos de los miembros del máximo tribunal.
Cooper es el cuarto fiscal regional enfrentando una solicitud de remoción en la Suprema en cinco años.
DE QUÉ SE ACUSÓ A COOPER
Antes de ser designado en Coquimbo, a inicios del 2023, cumpliendo labores en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el persecutor comenzó a indagar eventuales delitos en la Municipalidad de Santiago por la compra de la propiedad en que funcionó la clínica Sierra Bella.
Ese es el caso que originó la incautación del teléfono de la diputada Karol Cariola el 3 de marzo de este año, en el mismo día en que la legisladora dio a luz a su primer hijo.
Comunicaciones entre la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Cariola llevaron a Cooper a abrir una investigación por un eventual delito de “tráfico de influencias” anexo a la fallida compra de la clínica.
El episodio de la incautación del celular de la diputada fue el que motivó el requerimiento que ingresaron 10 diputados -del PC, PS y FA- para remover al fiscal regional.
En su exposición ante el Pleno de la Suprema, la abogada Karinna Fernández acusó “negligencia” de Cooper por “entrega de información reservada a terceros ajenos a la investigación”, aludiendo la entrega a la Municipalidad de Santiago de datos de la causa Chinamart respecto a Cariola y el empresario chino Bo “Emilio” Yang.
“Estamos ante un fiscal regional que se comporta como litigante”, sostuvo Fernández.
La abogada especializada en derechos humanos afirmó que “el actuar inconvencional del fiscal regional vulneró derechos a la debida diligencia, al debido proceso, al acceso a las garantías judiciales, la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones”.
Por la defensa, expuso el abogado Matías Insunza.
El letrado defendió la incautación que autorizó la jueza del 7° Juzgado de Garantía de Santiago Carla Cappello Valle y que concretaron funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).
Insunza recordó que el abogado Juan Carlos Manríquez, representando a Cariola, desistió de su petición para anular la diligencia.
“La pregunta que tenemos que formularnos en este momento es si se acreditaron las conductas imputadas en el requerimiento, si ocurrieron como allí se indican, y además, en el evento en que ocurrieron de esa manera, si fueron manifiestamente negligentes como exige la norma y el estándar de nuestro sistema. Y la respuesta es un contundente y rotundo no”, afirmó Insunza.
RESOLUCIÓN
La parte requirente y la defensa tuvieron 30 minutos para presentar sus argumentos.
Poco antes de las 16.30 horas, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio por finalizada la revisión y los ministros pasaron a deliberar su resolución.
A las 17.13 horas, la ministra vocera María Soledad Melo, dio a conocer que por unanimidad, el Pleno optó por desestimar el requerimiento.
“Quedamos muy satisfechos con la resolución. Creemos que se hizo justicia. La República puede quedar tranquila de que este es un tribunal de derecho, donde la política no ingresa sino que se resuelve en función del mérito de las pruebas presentadas”, afirmó el abogado Insunza, tras conocer la decisión.
Para informar el resultado, el representante se comunicó por teléfono con Cooper que siguió la audiencia por vía remota.
CASOS POLÍTICO DE COOPER
Cooper también es el fiscal a cargo de la investigación por otro caso de una compraventa fallida que complicó al oficialismo: la de la casa de la familia Allende en calle Guardia Vieja.
Otro caso vinculado a la política que indagó Cooper se relaciona a los convenios de la fundación ProCultura.
La actuación de Cooper en esa investigación quedó en entrevero cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las escuchas telefónicas que ordenó respecto a Josefina Hunneus. Entonces, el fiscal nacional, Ángel Valencia, apartó a Cooper de ese caso.
FISCALES QUE ENFRENTARON EL MISMO PROCESO
El 27 de enero de 2020, se rechazó la solicitud de remoción de Emiliano Arias como fiscal regional O’Higgins, en una acción que fue iniciada por el fiscal nacional de la época, Jorge Abbott.
En 2023, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, fue sometida a duras críticas por su manejo en el caso del niño Tomás Bravo. En una primera instancia, la Suprema declaró inadmisible la presentación, pero luego sí la acogió. Sin embargo, los jueces del máximo tribunal rechazaron la solicitud.
En 2024, legisladores de oposición buscaron remover al fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, acusando “falta de imparcialidad” en las causas del estallido social del 2019.
OPOSICIÓN APLAUDE DECISIÓN DE LA SUPREMA
Parlamentarios de oposición valoraron este lunes la decisión de la Corte Suprema de rechazar un recurso presentado por diputados oficialistas que buscaba remover al fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper. «Se pone por delante el Estado de Derecho» y se respeta la «independencia de poderes» fueron los conceptos que más se utilizaron entre los legisladores para celebrar el dictamen del máximo tribunal.
Marlene Pérez, subjefe de bancada de la UDI, indicó que lo resuelto por la Corte Suprema «confirma que no todo vale en política». «Hay que ser muy responsables cuando se cuestiona a una autoridad como el fiscal nacional, porque eso tiene impacto directo en la credibilidad del sistema de persecución penal. Aplaudo que el máximo tribunal haya puesto por delante el Estado de Derecho, reafirmando que la Fiscalía debe mantenerse al margen de presiones externas, sobre todo en momentos en que el país vive una ola delictiva que exige respuestas claras, firmes y coordinadas», manifestó.
Por su parte, el diputado Jorge Guzmán, subjefe de bancada Evópoli, señaló que es «importante que la Suprema rechazara un recurso de remoción motivado por mezquinos intereses políticos». «Es irresponsable que parlamentarios de izquierda, quieran incidir en investigaciones penales del Ministerio Público a través de este tipo de acciones. El respeto del estado de derecho y la independencia de poderes, pasa por hacer buen uso de las herramientas judiciales y de control», sostuvo.
Mientras que Roberto Arroyo, jefe de bancada del PSC, dijo que «el fallo de la Corte Suprema entrega una señal positiva al país en cuanto al respeto de las instituciones y la autonomía del Ministerio Público. Si bien pueden existir diferencias legítimas respecto a la gestión del fiscal nacional, la remoción no puede transformarse en una herramienta de presión política. Hoy más que nunca necesitamos una Fiscalía fortalecida y enfocada en el combate al crimen organizado, no entrampada en disputas que no aportan a la seguridad que la ciudadanía demanda».
En la misma tienda política, la diputada Yovana Ahumada (PSC) afirmó que «esto reafirma el compromiso con el Estado de Derecho y con una justicia que no se doblega a presiones políticas ni económicas. Este gesto fortalece el principio de que la labor de los fiscales debe desarrollarse con plena independencia, sin importar a quién afecte sus investigaciones. Chile necesita que sus instituciones estén a la altura del mandato que se les ha entregado y hoy vemos con esperanza que se avanza hacia un sistema más justo«.
Por último, la diputada RN, Camila Flores, calificó el fallo de la Corte Suprema como «una buena noticia para la justicia». «Es bueno que él (Cooper) siga conociendo de distintas causas, porque gracias a él se pudo conocer de casos tan emblemáticos de corrupción como fue el caso Procultura y otros que ha dirigido el fiscal Cooper. Por eso es positivo que, en el máximo tribunal, la Corte Suprema haya ratificado en el cargo y el conocimiento de algunas diligencias, precisamente, al fiscal Cooper», complementó.
ACUSACIÓN CONTRA SUPREMA
Karina Fernández, abogada de Derechos Humanos y que ofició como representantes de los diputados oficialistas que presentaron el recurso para remover al fiscal Cooper, afirmó que «hay instituciones que se resisten a cumplir sus funciones».
«Lamento esta decisión, lamento aún más que sea unánime(…) a pesar de los antecedentes y la fortaleza de lo mismo, que involucraban, por ejemplo, como señalé en la audiencia, que se le entregó información reservada a un tercer actor no interviniente en la causa por parte de un fiscal regional, a un adversario político, creo que estos son hechos de especial gravedad», indicó.
«En nuestro país parece que hay instituciones que todavía se resisten a cumplir con sus funciones, a analizar la profundidad de la evidencia que se entrega, y que, digamos, se resisten a hacer análisis profundos de una institución en particular», acusó.(La Tercera Emol)
