La recién aprobada reforma para reducir la “permisología” representa un paso en la dirección correcta, aunque limitado. Es valorada con prudencia por el mundo empresarial y algunos expertos, pero aún se enfoca en una porción menor del problema. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales excluye los cuellos de botella más críticos: la evaluación ambiental y las trabas asociadas al Consejo de Monumentos Nacionales, que han sido ampliamente señaladas como fuentes de imprevisibilidad, judicialización y demoras arbitrarias que elevan los costos de oportunidad para el país.
Chile atraviesa un estancamiento económico estructural. El crecimiento potencial ha caído a apenas 1,8%, y la inversión productiva, que crecía a un 9% anual en los 2000, apenas promedió 0,6% en la última década. Mientras tanto, la pobreza ha vuelto a cifras alarmantes, alcanzando un 22,3% con una medición más exigente. En este contexto, resulta legítimo preguntarse si las excesivas trabas regulatorias, sin evaluación de su efectividad, no se han transformado en un freno al desarrollo económico y social. Un reciente estudio del Centro de Estudios Públicos estimó que el costo de la burocracia regulatoria en Chile equivale al 7,3% del PIB.
El problema no es nuevo. Existen más de 439 permisos repartidos en 53 entidades públicas, muchos de ellos con normativa infra legal excesiva e incluso contradictoria. Solo en el ámbito ambiental existen 65 guías que suman más de 1.200 páginas.
Más preocupante aún: Chile figura como el tercer país OCDE con mayor complejidad para obtener permisos. Este exceso regulatorio no ha mostrado evidencias claras de efectividad ambiental o patrimonial. Por ejemplo, Santiago se ubicó recientemente entre las diez ciudades con mayor contaminación del mundo. ¿Qué han logrado las regulaciones en este frente? ¿Quién evalúa el desempeño real del Ministerio del Medio Ambiente y del Consejo de Monumentos Nacionales en términos de impacto, eficiencia y cumplimiento?
El desafío hoy no es eliminar la regulación, sino actualizar como modernizarla. Requiere revisar en base cero el entramado regulatorio, avanzar en digitalización, exigir rendición de cuentas, acotar la discrecionalidad y establecer incentivos efectivos para una tramitación eficiente.
Chile no puede seguir postergando proyectos estratégicos en energía limpia, infraestructura, vivienda o minería por un aparato regulatorio que se multiplica sin control y sin evaluación. El progreso sustentable exige equilibrio entre protección ambiental y dinamismo económico. Pero sin inversión no hay empleo, ni innovación, ni solución real a la pobreza. Es hora de preguntarnos con seriedad: ¿a quién rinde cuentas la “industria del permiso”? Qué país queremos construir: ¿uno paralizado por el miedo o uno comprometido con un desarrollo responsable, pero posible?
Ya tenemos suficientes amenazas desde el exterior, como un incremento afiebrado en el proteccionismo al cobre, 50%; allí deberíamos concentrar nuestros esfuerzos y cohesión interna y no en estas regulaciones autoinfligidas.
En primer lugar, el mundo no cuenta con suficiente cobre. Es una materia prima de cotización y transacción universal, y las reservas son escasas, no existiendo una sobreoferta del mineral. Además, las empresas mineras estadounidenses invierten mayoritariamente en el extranjero, ya que las exploraciones geológicas en EE.UU. son prohibitivas y la explotación local es extremadamente costosa, con aires de inviabilidad. Por otra parte, si el objetivo de Trump es generar empleos, la minería del cobre no es el camino. Es una industria intensiva en tecnología, no en mano de obra. Finalmente, el cobre atraviesa un excelente momento global. Es una materia prima fundamental e insustituible para casi todas las industrias modernas, donde involucre energía y comunicaciones.
En definitiva, la medida arancelaria carece de sentido desde una perspectiva de mercado. Su única consecuencia sería perjudicar a la alta variedad de empresas estadounidenses que necesitan cobre, al obligarlas a asumir el costo del arancel, y a las mineras de EE.UU. Y no hay sustitutos homogéneos, antes era el plástico y el aluminio, que solo le compite en el ámbito de construcción, que por ahí no viene la nueva demanda. Trump debería promover la intensidad de uso de la chatarra de cobre -no pierde sus propiedades de conductor- y representa el 17 % de la oferta mundial de cobre, y se recupera esencialmente en los países industrializados
Y como agravante, en vez de tomar conciencia de aunar voluntades y esfuerzos ante estas auto-limitaciones que nos imponemos con la permisología, se sumó recientemente una extensa bancada con acento del Partido Socialista en forma disruptiva con una peligrosa afinidad con el FA para restarse -vía el Tribunal Constitucional- de lo ya aprobado por ley en el Congreso. Es imposible acordar y lidiar con la izquierda, demandan incrementos de sueldos sustancialmente y varias iniciativas de distribución sin una paralela y concordante directrices activas para incrementar la creación de riquezas vías las imprescindibles inversiones.
Chile no ha crecido mayormente los últimos 15 años por dos primordiales razones de elocuente constatación, se ha acentuado la sensibilidad de repartir por sobre el emprendimiento y el espíritu empresarial más gravosas iniciativas tributarias, siendo que nuestro país se quiere emular a la OCDE y contradictoriamente es el país miembro que más ha incrementado su carga tributaria, exactamente en los mismos 15 años mencionados.
Y a esta izquierda se le da fácil de cara a los electores ellos exigen y reparten lo que suena bien al bolsillo de los más modestos. Temporalmente. El pseudo programa de la candidata Jara rima con las medidas del Gobierno de Allende, aumentar el poder adquisitivo más allá de los equilibrios económicos más básicos, que inexorablemente se traducen en una galopante inflación que las pagan los más modestos, doblemente, la mencionada mayor inflación y el ineludible “ajuste” que se expresa en mayor desempleo.
La economía se ha trasformado en una ciencia, no exacta, sí con claras acciones y reacciones claramente predecibles. El intento de eliminar la UF en variados artículos, se provocaría una inestabilidad mayor, exactamente en contrario a lo que se quiere atenuar, por cuanto un dueño de una vivienda -para no perder su mínima rentabilidad y capital invertido en su bien inmobiliario- buscará formulas discrecionales para cobrar el valor de sus arriendos y en vista , que se disminuirá la oferta de casas por la eventual eliminación de la UF, den por un hecho, que por la sencilla e impersonal ley de oferta y demanda que el valor de los arriendos se ajustara automáticamente al alza. Y si se replicara en todos los mercados, simplemente afectarían la estabilidad económica per se… ¡El poder adquisitivo del dinero es la expresión y el poder de la ecuanimidad de la justicia! (El Líbero)
Rafael Aldunate Valdés
