Estas semanas las noticias han estado marcadas por la preocupación de una posible penetración del crimen organizado, particularmente a través de su lucrativo negocio del narcotráfico, en distintas ramas de las fuerzas armadas. Al descubrimiento realizado a través de sus propios sistemas de inteligencia de un grupo de siete funcionarios del Ejército que, en su “tiempo libre” se dedicaban a transportar droga -cocaína particularmente- desde Iquique a Santiago, esta semana sin duda ha generado preocupación el descubrimiento del intento de trasladar ketamina en un avión de la FACH -también desde Iquique a Santiago- por parte de un grupo de suboficiales.
En el segundo caso, además, se levantaron cuestionamientos dado que la institución envío los antecedentes a la Fiscalía Militar y no a la justicia ordinaria, impasse que luego de unos días, fue resuelto afortunadamente -y, a mi juicio, correctamente- afirmando la competencia de esta última.
El orden público y la seguridad nacional sin duda son temas prioritarios para la ciudadanía y que, por lo mismo, han sido abarcados por todas las candidaturas presidenciales y sido relevantes en todos los debates que se han realizado. Pero para que realmente nos hagamos cargo de esta temática, no bastan medidas que tengan como objetivo aumentar las penas, aislar a narcotraficantes o integrantes del crimen organizado en cárceles de máxima seguridad y aisladas, expulsar a inmigrantes que cometan delitos o cerrar nuestras fronteras a cal y canto o solo hacer exámenes de pelo a diestra y siniestra -de hecho, muchas personas involucradas con el tráfico de drogas pueden ni ser consumidores-.
Hay que también proteger a nuestras institucionales claves en la lucha contra el crimen organizado, la persecución de delitos y la defensa de nuestra soberanía de la captura por parte de estas bandas.
El crimen organizado campea y ha sido exitoso en aquellos lugares donde ha logrado penetrar de forma relevante en estas instituciones, así se garantiza su impunidad para la comisión de estos delitos y con la atenta colaboración de jueces, fiscales, policías, gendarmes, militares, aduanas, agencias tributarias, etc. Por eso, medidas preventivas, detectives y represivas son clave en estas instituciones, de modo que nos permita luchar de un modo realmente efectivo contra estas empresas ilegales que mueven billones de dólares por las fronteras todos los años.
Sin duda que para nuestro país este fenómeno es una novedad y lo más probable es que las políticas tradicionales que hemos utilizado para contener la corrupción no serán suficientes. La innovación constante es clave, pero también la cooperación internacional y aprender lo que ha sido exitoso y, particularmente, lo que ha fracaso en otros países que se han enfrentado a esta lucha antes que nosotros.
Recientemente un grupo de académicos, coordinados por Claudio Fuentes y con apoyo de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung, publicó un documento denominado Desafíos de la Seguridad Pública en el cual abarcan una serie de propuestas para un Chile más seguro. Entre ellas, me permito destacar algunas referentes a un tema que no puede no estar presente en esta discusión -y con las cuales colaboré-, como es la probidad e integridad en el marco del crimen organizado.
Es imprescindible el fortalecer las capacidades tecnológicas y de recursos humanos de instituciones encargadas de perseguir al crimen organizado, incluyendo a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos, y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público.
Éstas requieren tener las herramientas y recursos necesarios para enjuiciar de modo efectivo a quienes son parte de estos delitos, pero también para poder incautarles sus bienes y recursos de orígenes ilegales.
Para esto se hace imprescindible que se ponga el pie en el acelerador de una vez por todas a un proyecto de ley, que se encuentra desde diciembre del 2023 casi sin discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, para crear un registro de Personas Beneficiarias Finales que contendría información sobre personas jurídicas con y sin fines de lucro, fondos de inversión y otras entidades sin personalidad jurídica, dificultando el lavado de dinero y evasión fiscal a través de organizaciones de fachada.
Para esto también es clave aprobar el proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite en el Congreso, que crea el subsistema de inteligencia económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado, incorporando a la UAF, el SII, la CMF y a Aduanas en el sistema de inteligencia del Estado.
También fortalece las facultades intrusivas y de ciertas entidades administrativas para acceder a información sujeta a secreto y reserva bancaria, en casos calificados y de delitos graves, algo que ha levantado cierta polémica y oposición de ciertos sectores, así como las capacidades de la Contraloría para supervisar la gestión municipal en contratación de personal y licitaciones, sobre ciertos montos.
Creo que es clave que también pensemos en incluir en la realización de la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), a personal clave de ciertas instituciones fiscalizadoras, como Aduanas, PDI, Carabineros, Gendarmería, SII, etc., incluyendo también a su entorno cercano como cónyuges, convivientes civiles, aunque carezcan de régimen de sociedad conyugal o comunidad de bienes y seguir las recomendaciones de la UNCAC (mecanismo de revisión de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, del cual Chile es parte) instando a renunciar al secreto bancario a autoridades y funcionarios de instituciones clave, sólo respecto de ciertas entidades fiscalizadoras como la UAF y el Servicio de Impuestos Internos.
Sin duda esto implica una reducción de la privacidad de ciertos servidores públicos, pero es clave pensar en nuevas herramientas frente a un nuevo desafío que requiere mayores esfuerzos.
Combatir de modo eficaz el crimen organizado requiere de la colaboración activa de todos los poderes del Estado, así como políticas de mediano y largo plazo que superen los ciclos electorales y tengan un apoyo transversal y que no tenga la calculadora electoral de este año en la mano. También de un Estado eficaz e innovador que pueda seguirle el ritmo al crimen organizado que todos los años mueve billones de dólares por las fronteras y tiene una altísima capacidad de adaptación ¿Estaremos a la altura? (Ex Ante)
María Jaraquemada
