Tras los ataques sufridos por un grupo de inspectores municipales de Santiago, agredidos por comerciantes ambulantes en el barrio Meiggs, se reabrió el debate por las facultades de los funcionarios destinados a labores de seguridad municipal.
El miércoles cuatro funcionarios de seguridad de Santiago resultaron lesionados tras ser atacados con golpes de puño y objetos como fierros y mesas, en medio de un operativo de orientación en la zona de la capital que continúa con el comercio ilegal como problemática principal.
Esta jornada el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), afirmó en diálogo con Radio Cooperativa que «no fue un operativo lo que ocurrió esta semana, fue una reacción violenta ante la presencia de nuestros guardias. Pero cuando llegue el operativo, no será con cinco funcionarios vestidos de civil: será un despliegue real, porque aquí hay crimen organizado».
Además, emplazó a los parlamentarios a acelerar la tramitación de la ley de seguridad municipal: «Si estuviera vigente, el guardia municipal agredido esta semana estaría más protegido, y el agresor tendría una sanción mayor. Pero hoy no es así, porque el Congreso todavía no saca una ley que está lista».
En esa misma línea, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (IND-UDI), solicitó dar urgencia legislativa para destrabar el debate del proyecto.
Al respecto, mencionó que «los municipios estamos enfrentando esta crisis desde la primera línea, sin respaldo normativo, sin financiamiento adecuado y con recursos humanos y técnicos al límite».
«En las últimas horas, se han registrado nuevos ataques a inspectores municipales en servicio, lo que evidencia la fragilidad del sistema de prevención y la exposición constante de quienes intentan aportar al control del delito desde la calle», advirtió.
En esa línea, apuntó que «esta situación no resiste más burocracia. La seguridad ciudadana no puede seguir entrampada en debates que postergan soluciones concretas«. «No estamos ante un problema futuro, la inseguridad y la violencia extrema nos golpea en la cara y seguimos exactamente en la misma posición que hace años», criticó el presidente de la AChM.
También la alcaldesa de Colina y parte del directorio de la AChM, Isabel Valenzuela (UDI), mencionó que «diariamente nos enfrentamos a la drogadicción, al narcotráfico, al crimen organizado. Y podemos hacer un trabajo colaborativo entre la policía y la seguridad municipal, lo hemos planteado hace mucho tiempo».
«Nos tenemos que asegurar que el proyecto de ley que va a salir de la comisión de Seguridad del Senado, salga de la mejor manera para que los beneficiarios sean los vecinos de las 345 municipalidades de Chile», mencionó la jefa comunal.
En tanto, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay (IND-RN), afirmó que «hoy el Estado no da garantías a la ciudadanía, por eso los municipios tenemos que, sí o sí, utilizar los recursos que no tenemos para suplir el déficit del Estado. Pero esto no lo puede hacer ni el Estado solo ni los Municipios solos. Acá hay una gran responsabilidad del Parlamento que no ha sido capaz de levantar una bandera de lucha para endurecer las penas y que los delincuentes tengan un real temor a ser detenidos».
«Esta ley tiene que garantizar que si estamos supliendo el déficit del Estado en seguridad, nuestros funcionarios estén más resguardados para poder apoyar a Carabineros en la labor de proteger a nuestros vecinos, y a su vez que el delincuente le tema a las leyes y no se ría como lo hace hoy. La ciudadanía no resiste más, está cansada de falsas promesas de seguridad», cerró el alcalde de Villa Alemana.
PROYECTOS DE LEY
En concreto, el proyecto que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, se encuentra en segundo trámite constitucional luego de que el Senado aprobara la idea de legislarlo.
La iniciativa busca fortalecer la coordinación de municipios con la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de Seguridad Pública, así como con las policías y el Ministerio Público, todo esto a través de la creación de un «Comité Operativo de Seguridad».
Uno de los pilares del proyecto es el robustecimiento del rol de los funcionarios municipales dedicados a labores de seguridad, en un escenario en que durante los últimos meses los ataques contra ellos van al alza.
En ese sentido, se crea la figura del inspector municipal bajo un nuevo régimen jurídico que le permitirá tener nuevas funciones, como el uso de elementos defensivos y de protección personal ante situaciones de riesgos y amenazas.
Además, se busca perfeccionar la formación y capacitación del personal de seguridad municipal. También se contempla la coordinación intercomunal para eventos masivos; sistemas de televigilancia e infraestructura de prevención; tratamiento masivo de información sobre vehículos; control e incautación de especies del comercio ambulante o estacionado en la vía pública; y los controles de alcohol y drogas en la vía pública; colaboración en control de identidad, entre otros.
En materia penal, el proyecto busca agravar los delitos cometidos en contra de inspectores y funcionarios de seguridad municipales.
Según se informó desde el Senado, la iniciativa recibirá indicaciones hasta el próximo 17 de julio en la comisión de Seguridad y posteriormente en la de Hacienda. (Emol)
