Los recientes hallazgos en personal de Carabineros, del Ejército y de la Fuerza Aérea, sumados a la ola de asesinatos, secuestros y violencia delictual más reciente que vive el país, no son ya solo un problema de orden público, sino que constituyen una grave amenaza a nuestra seguridad nacional, y si a ello le agregamos el descontrol de la inmigración ilegal, el contrabando desde Bolivia, y su permisividad para recibir el flujo de vehículos robados desde Chile, más la narcoviolencia y robo de madera en La Araucanía, estamos viviendo un real peligro.
En efecto, si nuestras FF.AA. y policías son infiltradas por el narco, al igual que lamentablemente ha sucedido en otros países de nuestra América Latina, donde además los gobiernos y aparatos públicos sufren dicha infiltración y corrupción que permiten al narco permear su institucionalidad, podríamos en el futuro cercano correr su misma suerte.
¡Es fundamental abordar ahora en forma integral esta amenaza y peligro!
El Presidente de la República debe asumir ya el liderazgo de este combate, nombrando un asesor de seguridad nacional que, encabezando a un grupo de expertos, proponga al mandatario una estrategia y acciones que eficientemente aborden ese grave desafío.
Paralelamente, el Presidente debería crear por decreto un comité asesor de seguridad nacional integrado por los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad, por los comandantes en jefe de la FF.AA., los directores de Carabineros, de la PDI, del SII, de Aduanas, el superintendente de Bancos, para que en forma multidisciplinaria e interinstitucional evalúen, diseñen e implementen, por órdenes presidenciales, las medidas necesarias para afrontar esta grave amenaza delictual y controlar efectivamente nuestras fronteras.
A disposición de este Consejo debería estar el trabajo de inteligencia coordinado con la ANI y las direcciones de Inteligencia de nuestras FF.AA. y policías.
Este comité en nada contradice a esa institución formal e inoperante que es el Consejo de Seguridad Nacional, creado en nuestra Constitución, cuya composición y resquemores para su convocatoria no ayudan para enfrentar esta nueva realidad.
Para lo propuesto no se necesitan leyes ni cambios constitucionales, basta la voluntad presidencial y la colaboración real de todas las instituciones y organismos ya citados.
Jaime Ravinet
