Los recientes casos de corrupción en España, con la implicación del diputado y secretario del PSOE Santos Cerdán, cercano al presidente Pedro Sánchez, y en Chile, con el llamado del presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública a que quienes defrauden o abusen de la confianza pública respondan ante la justicia con las máximas penas, evidencian la persistencia de una corrupción estructural que se instala desde la inacción, los vacíos de control y la falta de ética cotidiana.
Ambos mandatarios han comprometido medidas para fortalecer la integridad pública, pero estas iniciativas enfrentan resistencias que dificultan su avance.
En los dos casos no se trata solo de casos aislados, sino de prácticas que se han normalizado, muchas veces de forma silenciosa. La exigencia de cumplimiento no puede quedar restringida al sector privado; el sector público demanda con urgencia sistemas efectivos de prevención, trazabilidad y denuncia. Junto a múltiples actores, impulsamos herramientas para digitalizar y profesionalizar la gestión de integridad en instituciones públicas. Indignarse no basta: es imprescindible actuar.
El compliance bien aplicado no es burocracia, sino defensa ética, transparencia y respeto por los recursos públicos y los contribuyentes. En materia de bienes comunes, la neutralidad se traduce en complicidad. La transformación institucional es un deber ineludible para recuperar la confianza ciudadana.
Desde la experiencia, lo más riesgoso no es la corrupción a gran escala, sino su forma cotidiana, aquella que se normaliza bajo la premisa de que “siempre se ha hecho así”. Se disfraza con lenguaje técnico, se diluye entre plazos imprecisos y se esconde tras responsabilidades dispersas. En ese escenario, los modelos de prevención deben trascender su carácter formal y convertirse en mecanismos efectivos, capaces de anticipar irregularidades, detectar desviaciones y corregirlas oportunamente.
Cuando el relato se desvincula de la evidencia, la ética se vuelve prescindible y los sistemas de control se limitan a lo declarativo, el daño no se restringe a una pérdida económica: también se debilita la confianza institucional. Sin ella, ninguna organización perdura. Ante la falla de los controles, no basta con sostener un discurso; se requiere reconstruir tanto los sistemas como las convicciones que les dan sustento. (Red NP)
José Ignacio Camus
