En una sucesión de cartas publicadas por distintos medios de comunicación, varias personas han pedido clemencia sobre todo para quienes padecen cárcel en Punta Peuco, tanto por la avanzada edad en que estos se encuentran como del débil estado de salud que presentan. Y lo piden, a pesar de las diferencias que a varios de esas personas los separó del gobierno militar, del cual esos condenados en algún momento formaron parte. O fueron miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden, habiendo sido en esa condición que cometieron los hechos por los cuales se les ha acusado y condenado.
Estoy completamente de acuerdo con los argumentos que se dan para tener piedad y compasión de estas personas, y los hago míos. Agrego, sin embargo, una razón más: la de justicia. Si en Chile fue necesario recurrir a las armas en 1973, con los riesgos que van asociados a estas, fue por responsabilidad de muchos de quienes ahora claman contra el uso de la violencia en el período del gobierno militar. El Partido Socialista, por ejemplo, en su congreso de Chillán de 1967 expresamente declaró que el uso de la violencia era el “único camino” legítimo para alcanzar el poder. Ahora se queja porque la violencia se volvió contra ellos. En conocidas declaraciones, Eduardo Frei Montalva sostuvo que el gobierno de Salvador Allende “estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria…”. Y Patricio Aylwin afirmó que “el gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura Comunista… La acción de las FF.AA. simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o una tiranía comunista”.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros se negaron durante mucho tiempo a intervenir en el descalabro político e institucional que enfrentaba el país. Sólo tomaron la decisión de actuar cuando fue evidente que quienes entonces estaban en el gobierno, no iban a retroceder y que, al revés, iban a continuar con su labor de destrucción de nuestro país. Fue entonces, muy contra su voluntad, que no tuvieron otra alternativa que proceder al pronunciamiento. Y durante mucho tiempo debieron mantener una condición de alerta para evitar que se organizaran de nuevo quienes pretendían convertir al país en un apéndice marxista.
El uso de las armas tiene, ciertamente, riesgos muy grandes y de ellos deben primeramente hacerse cargo quienes obligaron a ese uso para evitar la destrucción del país. Condenar por esos excesos sólo a uniformados es, por lo mismo, una injusticia que también corresponde sea subsanada, más de 50 años después de ocurridos los hechos punibles, por la vía del perdón y de la amnistía. Lo cual es tanto más necesario que, así, el país da una señal para el futuro en el sentido de que un mal gobierno no puede invocar legitimidad para ser obedecido y respetado. (La Tercera)
Gonzalo Ibáñez
