Si bien el desarrollo de las campañas electorales presidenciales está recién comenzando, y los temas propiamente programáticos han sido escasos, es de esperar que en algún punto comiencen a confrontarse ideas algo más precisas sobre cuáles son las medidas que cada candidatura está planificando y sus futuras prioridades legislativas o administrativas.
En educación, los programas de gobierno suelen requerir una lectura detallada para identificar cuáles son efectivamente las “cosas que hay que hacer” -el verdadero programa-, el listado de lugares comunes, frases de estilo, halagos a gremios, guiños a distintos grupos de interés y frases de buena crianza. Esto no significa que una vez en el poder solo importen un puñado de cosas, sino que las presiones y urgencias de la administración, así como la contingencia impredecible, obligan a concentrase en esfuerzos específicos. ¿En qué debemos concentrarnos?
El futuro gobierno contará con muy pocos recursos, es un hecho. Educación ya concentra una parte importante del Presupuesto Nacional, y en sectores como educación superior, gastamos proporcionalmente mucho cuando nos comparamos a otros países. Las necesidades sociales en seguridad, y la urgencia de impulsar la economía en un contexto global cambiante serán las prioridades de la población, y serán esos ejes por el cual el gobierno será evaluado. Es esperable que todos los programas en educación asuman esta realidad, y propongan gastos acotados. Pero si no es así, más importante es que los lectores de los mismos programas sepan reconocer promesas imposibles de cumplir, y no se dejen tentar por el populismo.
Pero las necesidades del sistema escolar y parvulario, particularmente, son muchas, y requerirán recursos. La población decrece rápidamente, y si no se aumenta la subvención escolar muchos establecimientos sufrirán un desfinanciamiento crónico que no están en condiciones de abordar (dado que se les prohíbe acceder a cualquier fuente de recursos no estatal). Los problemas de convivencia en las escuelas, que tienen muchas razones y manifestaciones, requieren recursos y personal. Hay elementos que se relacionan con una mayor prevalencia de la violencia y problemas de salud mental, pero también a la falta de equipos profesionales para trabajar preventivamente. La inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales simplemente fue forzada ciegamente por la “Ley de Inclusión” de Bachelet, sin recursos para que los colegios puedan darle la educación que requieren. Algo similar ocurre con la llamada “Ley TEA”. Los políticos dirán: “No hay que gastar, hay que gastar mejor”. Algo de eso es cierto, pues muchos recursos se van a satisfacer el apetito fiscalizador de la Superintendencia y los sendos proyectos de ley mal diseñados. Pero no es suficiente. ¿Cuánto nos está costando como país presionar a los colegios sin límite?
Hay una solución, a la espera de una autoridad responsable que se atreva a comunicar a la población la verdad sin rodeos y a tomar las decisiones que corresponden. Para allegar más recursos a las escuelas y liceos del país, se debe reducir el gasto en educación superior. La gratuidad universal de Bachelet, que hoy cubre hasta el 60% más vulnerable, no es sostenible. Esta política le cuesta al país más de 2.500 millones de dólares al año. El año pasado, el costo de la gratuidad (sin que hayan entrado instituciones nuevas) aumentó en 15,7% para universidades y 12,8% para Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, casi 300.000 millones de pesos anuales más. Debe reformarse también la forma en que se mide la vulnerabilidad, pues se sabe -algunos rectores lo han dicho abiertamente- que este sistema está otorgando beneficios a estudiantes que no cumplen los requisitos socioeconómicos.
No se trata de dejar a los estudiantes de educación superior sin ayuda alguna. El sistema de becas y créditos que existía antes de la gratuidad apoyaba a 1 de cada 2 estudiantes y permitía tasas de acceso similares a las vigentes. Y obviamente admite mejoras. Pero este problema no es técnico, sino político. Se trata de una decisión muy difícil que ningún programa, asumo, se atreverá a abordar. Pero si queremos poner a los niños en el centro y preocuparnos de la sala de clases, no hay escapatoria: la gratuidad, como está, no puede continuar. (El Líbero)
Daniel Rodríguez
