¿Cuántas veces hemos escuchado a representantes de los funcionarios públicos hablar de la “dignidad” de su trabajo? Pues bien, hoy ha quedado en evidencia que eso no es más que una falacia, porque el comportamiento corrupto de más de 25.000 de ellos provoca exactamente lo contrario, indignación, ese sentimiento que surge por un actuar “indigno”.
El informe de Contraloría —a la que hay que reconocerle su sagacidad y coraje— es relevante no solo por el hecho puntual de las falsas licencias médicas, sino porque pone de manifiesto lo que los ciudadanos experimentamos constantemente al tener que relacionarnos con los así llamados “servidores públicos”: desidia, lentitud, incompetencia y abuso de poder. Ocurre en casi todas las reparticiones, y quizás una que resulta especialmente visible sea el Registro Civil, del que nadie se salva de concurrir personalmente.
Todo parte por pedir una hora en línea, lo que parecería una señal alentadora, hasta que se constata que la cita no es para antes de dos meses. Y cuando se va a la oficina se entiende por qué: la mitad de los puestos de atención están vacíos. Pero, claro, esa ineficiencia no está solo en quienes atienden, sino que se propaga desde los cargos más altos. Una muestra: el 16 de diciembre pasado se lanzó, con anuncio presidencial mediante, la nueva cédula de identidad digital, efectiva desde ese mismo día. Adivine qué: aún no existe. Este tipo de situaciones se multiplica por miles en el aparato público, en todo el país.
Pero el asunto es aun más grave. Según un estudio de la UDP, los empleados públicos ganan, para funciones equivalentes, un 15% más que quienes trabajan en empresas, y ni hablar de la inamovilidad y beneficios adicionales de que gozan. Los días de licencias médicas del sector público —ahora entendemos mejor por qué— triplican a los del sector privado. Nos hemos enterado también de que se pagan sobresueldos millonarios por horas extras. Y ni qué decir de la resistencia que oponen las asociaciones de funcionarios a cualquier cambio que algún nuevo directivo elegido por ADP pretenda llevar adelante para mejorar lo que se hace.
Como guinda de la torta, agreguemos que, según datos del INE, los asalariados del sector público superan el millón cien mil, y en las últimas dos décadas han pasado del 5% al 11% de la fuerza laboral y del 10% al 18% del total de asalariados. Todo lo cual contribuye, por cierto, a aumentar un déficit fiscal cuyo control se nos está escapando de las manos.
En simple, y no es raro que así sea, el servicio público en Chile va camino a convertirse en un conjunto de eso que Javier Milei ha denominado en Argentina “funcionarios parásitos”. Aquí no es aún generalizado, pero si no se le pone atajo ahora, la situación se irá haciendo irreversible, porque el empeoramiento de la ética de trabajo que se observa en el sector público en los últimos años es palpable. ¿Y cómo podría esto extrañar si la hija de un exministro de la Corte Suprema, funcionaria judicial de carrera, mintió flagrantemente al hacer teletrabajo desde Italia?
Por eso es que la indignación que hoy la mayor parte de los chilenos siente debe ser aprovechada como una oportunidad. Es el momento de tomar medidas drásticas, partiendo por el despido, sin indemnización alguna, de todos esos funcionarios que pidieron licencia médica para viajar. Y esto lo debe decir, con total claridad, el propio Presidente de la República, que hasta el momento se ha mantenido misteriosamente callado, lo que es raro en él, que suele tener disponible un mensaje moralista en una gran variedad de temas. Aquí sus palabras son especialmente importantes, y se echan de menos.
Sin embargo, es necesario ir mucho más allá. Existe un exceso de empleados públicos en el país y un creciente déficit tecnológico en el funcionamiento del aparato estatal, lo que habla no solo de ineficiencia, sino también de falta de las competencias necesarias para desenvolverse y ser un aporte en un mundo complejo y de cambios acelerados.
¿Qué oferta pueden ser una escuela o un hospital públicos cuando se los compara con sus equivalentes del sector privado? Si ya hoy los ciudadanos se inclinan mayoritariamente por la propuesta privada, imaginemos lo que esto será en cinco años más, cuando la inteligencia artificial haya desafiado por completo la forma de enseñar o de tratar las enfermedades y accidentes. ¿Cómo podrán las escuelas y hospitales públicos transformarse si ni siquiera están pudiendo lidiar con un creciente número de funcionarios parásitos?
No es fácil, claro está, pero lo que estamos presenciando abre la oportunidad para que un candidato presidencial apunte más lejos y hable de un profundo rediseño del Estado. A fin de cuentas, cae de maduro que el funcionamiento de la administración pública está siendo cada vez más un cuello de botella para ese tan soñado desarrollo de Chile. (El Mercurio)
Juan Carlos Eichholz
Profesor Universidad Adolfo Ibáñez
