Continúan los cruces al interior del oficialismo como consecuencias de los hechos conocidos los últimos días en el marco del caso de la Fundación ProCultura, dirigida por el médico Alberto Larraín.
Tras conocerse que el excandidato a alcalde por Limache, Sebastián Balbontín, recibió más de $53 millones en transferencias desde la cuenta personal de su pareja, el propio Larraín, este último señaló ayer a través de una declaración pública que los dineros no provenían de la fundación, sino que eran «gastos cotidianos y domésticos».
De acuerdo a El Mercurio de Valparaíso, la aclaración da cuenta de las implicancias de este caso a nivel regional y llega en un momento tenso para el Gobierno, que enfrenta una inédita fisura con los gobernadores regionales por los convenios investigados, al mismo tiempo que se evidencian las primeras contradicciones al interior del Frente Amplio (FA), luego de denunciar «espionaje político».
El caso llega hasta lo más alto del Gobierno, con conversaciones filtradas que involucran al propio Presidente de la República, Gabriel Boric, y con sospechas de financiamiento ilegal de campañas políticas, mientras que en medio de la gira presidencial por Asia, en La Moneda hay dirigentes intentando responsabilizar a los gobiernos regionales por el aumento en los recursos destinados a ProCultura.
Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien sostuvo sobre los recursos que «estos corresponden, en su gran mayoría, a gobiernos regionales, que son instituciones autónomas, que no dependen del Presidente de la República«.
En tanto, la vocera (s) Aisén Etcheverry señaló a la prensa que «este aumento de ingresos (de las fundaciones) viene esencialmente de donaciones de privados o de transferencias de los gobiernos regionales«.
Sin embargo, el Gobierno Regional de Valparaíso, encabezado por el gobernador Rodrigo Mundaca, reveló datos contundentes que contradicen estas afirmaciones, evidenciando que de un total de 94 operaciones realizadas a ProCultura, 72 corresponden a convenios con el nivel central, 18 al nivel regional y apenas 4 con municipios. En total, son 94 convenios que suman más de $ 9.106 millones.
Ante estos datos, Mundaca fue enfático en señalar que «el ministro del Interior falta a la verdad cuando señala que son los gobiernos regionales los responsables del traspaso de fondos a ProCultura y los datos son abrumadores«. «Hay investigaciones en curso y parece irresponsable endilgar responsabilidades propias a otras instituciones», agregó, preguntándose «¿por qué enlodar al resto de las instituciones sin hacerse cargo de sus propias responsabilidades?».
Junto a ello, reclamó que «el ministro del Interior actúa de forma premeditada y con alevosía responsabilizando a los gobiernos regionales de los traspasos financieros a ProCultura, cuando de 94 transferencias, 72 pertenecen al Gobierno central».
Tensión en el FA Así como hay contradicciones que se generan entre gobernadores y Gobierno central, en el Frente Amplio también hay internas luego de que el partido emitiera un comunicado en el que impugna la estrategia de la Fiscalía, asegurando que «no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos».
La frase fue puesta en entredicho por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), pero también por el senador del Frente Amplio por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, quien reprochó la idea de su partido, consciente de que «los casos de corrupción hay que investigarlos a fondo, caiga quien caiga».
Lejos de la posición de Latorre, en la militancia regional de Valparaíso del Frente Amplio, dirigentes insisten en hablar de espionaje. Por ejemplo, la concejala viñamarina Nancy Díaz (FA) le recordó que «el caso Convenios se dio cuando él (Latorre) era presidente y le faltó ser un poco más enfático en condenar los hechos», consignó el citado medio. Y si bien cree que «hay que dejar que las investigaciones sigan su curso», advierte que, en este caso, «claramente hay espionaje político, justo en período electoral».
Aun así, insiste en que «es gravísimo el desvío de fondos y no podemos avalar que algunos militantes del FA actúen en favor de sus arcas, ni el FA ni nadie en la política».
Por su parte, la diputada Camila Rojas (FA) reconoció que «puede no ser adecuado hablar de espionaje» pero subrayó que las escuchas al Presidente Boric no estaban legalmente autorizadas y que su filtración es «muy grave» por lo que pide «esclarecer la motivación». Además, acusó que hay «aprovechamiento político en un contexto de elecciones».(Emol)
