Hannah Arendt, referente filosófico y moral contemporáneo, rechazó frontalmente toda forma de totalitarismo, ese que conlleva al engaño como forma de sometimiento. Su pensamiento denuncia y condena la mentira del poder y la percusión al disidente. Arendt distinguía entre la verdad de los hechos y las verdades opinables, defendibles mediante argumentos. En sus escritos, denunció tanto la distorsión de los hechos como la absolutización de las ideas propias como dogmas inmutables. Para ella, el desprecio por los hechos y la creación de realidades paralelas —características del totalitarismo, sin importar su signo— llevan, inevitablemente, a la destrucción de la política.
“En política, el gran mal no es la mentira, sino la costumbre de mentir”, decía por su parte Alexis de Tocqueville.
He aquí dos reflexiones de fondo que bien vale la pena sacar a colación en estos tiempos.
En la única primaria presidencial que se llevará a cabo en Chile participarán cuatro candidatos del oficialismo, todos vinculados directamente con el actual gobierno. Pese a los esfuerzos de la mayoría de ellos por diferenciarse, les resulta difícil hacerlo y la incomodidad en la que se mueven es visible cada día. Únicamente Gonzalo Winter reivindica, sin complejos, la continuidad de la línea estratégica legada del actual presidente.
En este escenario, nos parece importante recordar lo siguiente:
Los cuatro candidatos oficialistas jugaron un papel protagónico en la campaña del “Apruebo” del proyecto constitucional de 2022. En particular, Carolina Tohá, quien promovió activamente esta opción como dirigente del PPD, partido que respaldaba el texto propuesto. Hoy, sin embargo, sostiene que su posición era “apruebo para reformar” posición que, ya entonces, fue considera carente de la más mínima de las lógicas políticas. Sin garantías institucionales o acuerdos vinculantes, se trató de una maniobra comunicacional de último recurso destinada a moderar el rechazo entre sectores indecisos. Nunca existió un acuerdo concreto entre partidos respecto a qué reformas se harían ni en qué plazos.
Aquel texto constitucional propuesto establecía mecanismos de reforma significativamente más rígidos que los del texto vigente de 1980: un cuórum de 4/7, más referéndum para muchas reformas.
Además, creaba nuevos órganos con rango constitucional, como la Asamblea Plurinacional o el Consejo de Justicia, cuya modificación implicaba alterar todo el sistema institucional vigente. La fragmentación del poder, sumada al principio de plurinacionalidad, introducía múltiples actores con capacidad de veto cruzado. Por lo tanto, una vez aprobado, habría sido políticamente inviable reformarlo.
Recordemos que, tanto el Gobierno como la mayoría de los convencionales defendía el texto íntegramente y muchos líderes oficialistas afirmaban que “no se podía reformar en lo esencial”.
En su momento, un grupo de destacados economistas (José De Gregorio, Andrea Repetto, Rodrigo Valdés, Eduardo Engel, Claudia Martínez y Klaus Schmidt-Hebbel, entre otros) estimó que el costo fiscal de implementar la nueva Constitución oscilaba entre 8 y 14 puntos del PIB, es decir, entre 24.000 y 42.000 millones de dólares. Este nivel de gasto público permanente requería ingresos fiscales sostenibles, o bien, un mayor endeudamiento.
Entre las causas de este elevado costo en la ampliación de derechos sociales sin financiamiento claro estaban la creación de nuevas instituciones administrativas y judiciales; la implementación de un sistema de salud universal sin detalles operativos ni transición; las numerosas reformas estructurales en educación, pensiones y justicia…
Todo esto se proponía en un país con bajo crecimiento, déficit estructural e inflación al alza.
Solo gracias a la sabiduría del electorado, ese proyecto no prosperó.
Cuando la campaña de las elecciones primarias comienza, nos preguntamos: ¿Dónde quedó la responsabilidad de quienes promovieron aquel proyecto? ¿Se puede confiar en sus diagnósticos actuales sobre cuentas fiscales o crecimiento económico, cuando validaron un texto que habría desmantelado el país?
Tras la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre de 2025, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anticipó que el déficit estructural de este año alcanzará un 1,6% del PIB, superior al -1,1% proyectado inicialmente. De este modo, se posterga por un año el cumplimiento de la meta fiscal, dejando al próximo gobierno la responsabilidad de alcanzarla. Los candidatos presidenciales, sin duda, deberían estar preocupados ante esta situación. Mientras tanto, las cuentas presupuestarias y fiscales han mostrado errores graves por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), lo que resulta especialmente problemático en el actual contexto económico del país y más aún en un año electoral.
Sin disciplina fiscal, sin crecimiento económico sostenido y sin una reforma política seria, Chile corre el riesgo de encaminarse al fracaso.
Hoy, los candidatos presidenciales tienen el deber de hablarle al país con rigurosidad y verdad. Los desequilibrios presupuestarios, los desvíos de fondos desde Corfo y el incumplimiento de la meta fiscal son señales alarmantes.
Una ciudadanía que no distingue entre verdad y falsedad termina también perdiendo la noción entre el bien y el mal. Incapaz de juzgar, se vuelve vulnerable al poder de la mentira. Y si el poder político apunta a borrar los límites entre verdad y falsedad, ¿qué lugar queda para una crítica pública real? (El Líbero)
Iris Boeninger
