La iniciativa presentada por el Gobierno viene acompañada de una segunda parte que es el nuevo sistema de Financiamiento de Educación Superior (FES), el cual es, por donde se analice, un impuesto a los graduados, que además tiene una alta cuota de reparto, ya que será un “fondo revolvente”, como lo definió el ministro Marcel, al cual quienes tengan rentas permanentes deberán cancelar hasta el 8% de rentas por 20 años.
Un sistema de impuesto que no existe en otra parte del mundo. Sin embargo, y es lo grave, las instituciones de educación superior que se adscriban al FES, adicionales a las en gratuidad que deberán obligatoriamente hacerlo, quedarán sujetas al régimen de esta política, es decir, fijación de aranceles y control de vacantes, y solo se permitiría el copago al décimo decil.
Aquellas instituciones que no adopten el FES no tendrán derecho a becas u otras ayudas estatales.
El sistema de educación superior en Chile se ha basado en un principio de autonomía que ha sido innumerables veces enarbolado para defensa de la libertad académica y otras causas, lo que también ha sido el sustento de proyectos educativos diferentes, donde los alumnos y familias han podido optar con libertad.
En la carta de ayer, firmada por exministros y académicos, estimo que faltó agregar el gran riesgo que significa la dependencia del Estado, y solo para ello hay que mirar lo ocurrido recientemente con las universidades en EE.UU. A través del FES no solo hay un reemplazo del CAE, sino un cambio radical y filosófico para quienes creen en la libertad y quienes, por el contrario, sostienen que el Estado debe participar de las decisiones de los ciudadanos, en este caso bajo el paraguas del control de los precios (aranceles) y matrículas, lo que es en la práctica la pérdida del preciado bien de libertad y autonomía. (El Mercurio Cartas)
Miguel Bejide C.
