Esta semana la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó el proyecto FES (que crea un nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes de la educación superior), por lo que ahora deberá ser revisado por Hacienda.
En ese contexto, diversas exautoridades y economistas advirtieron que «dos medidas pueden afectar seriamente el desarrollo futuro del sistema». De hecho, puntualizaron que «un buen» método «de educación superior debe apuntar a la equidad y calidad», pero «ambos propósitos no quedan a resguardo en este proyecto».
Se trata de Ignacio Briones; Fernando Coloma; Sebastián Edwards; José De Gregorio; Ignacio Irarrázaval; Osvaldo Larrañaga; Felipe Larraín; Cristián Larroulet; Roberto Méndez; Alejandro Micco; Felipe Morandé; Claudio Sapelli; Hernán de Solminihac; Mario Waissbluth; Carlos Williamson; Vivianne Blanlot; y Mariana Aylwin, quienes a través de una carta enviada a El Mercurio, dieron cuenta de lo anterior.
En ella, exponen que «consideramos oportuno llamar la atención sobre dos medidas adicionales que pueden afectar seriamente el desarrollo futuro del sistema. En primer término, se introduce la noción de que los aportes del Estado para costear los estudios de quienes no pueden pagar se restituyen, pero a tasas diferenciadas. Las simulaciones sobre su impacto revelan que un importante contingente de estudiantes terminaría pagando dos a tres veces lo recibido; en jerga económica, un impuesto al graduado, o bien, un gravamen al capital humano».
«En las circunstancias actuales, es un impuesto injusto que desincentiva la formación de capital humano avanzado y la productividad», agregan. En segundo lugar, mencionan que «se elimina prácticamente el copago de los estudiantes: en aquellas instituciones con gratuidad, para los estudiantes de deciles 7, 8 y 9, y en las sin gratuidad, los deciles 1 al 9. Diversos analistas estiman una caída anual de ingresos en alrededor de US$ 200 millones, lo cual, sin duda, afectará la autonomía de las instituciones y la calidad de los programas académicos».
Lea la carta completa a continuación.
FES: UN IMPUESTO INJUSTO
Señor Director:
La comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes de la educación superior (FES). La iniciativa entrega herramientas para corregir el mayor problema del CAE, la alta morosidad, que obliga al Estado a destinar cada año unos US$ 500 millones al pago de garantías bancarias. Este mayor gasto fiscal frena toda posibilidad de ampliar los recursos públicos en el ámbito infantil y escolar, y, por tanto, en este plano, se trata de una reforma necesaria.
Se contempla también una condonación (parcial) de las deudas, compromiso de campaña del Presidente Boric. No obstante, consideramos oportuno llamar la atención sobre dos medidas adicionales que pueden afectar seriamente el desarrollo futuro del sistema. En primer término, se introduce la noción de que los aportes del Estado para costear los estudios de quienes no pueden pagar se restituyen, pero a tasas diferenciadas.
Las simulaciones sobre su impacto revelan que un importante contingente de estudiantes terminaría pagando dos a tres veces lo recibido; en jerga económica, un impuesto al graduado, o bien, un gravamen al capital humano. En las circunstancias actuales, es un impuesto injusto que desincentiva la formación de capital humano avanzado y la productividad.
En segundo lugar, se elimina prácticamente el copago de los estudiantes: en aquellas instituciones con gratuidad, para los estudiantes de deciles 7, 8 y 9, y en las sin gratuidad, los deciles 1 al 9. Diversos analistas estiman una caída anual de ingresos en alrededor de US$ 200 millones, lo cual, sin duda, afectará la autonomía de las instituciones y la calidad de los programas académicos.
Nos preocupa que, pese a las advertencias sobre los negativos efectos de estas dos últimas propuestas, el Gobierno decidiera no acoger ninguna de las recomendaciones. Llamamos a las autoridades de gobierno y a los legisladores a tomar conciencia de que un buen sistema de educación superior debe apuntar a la equidad y calidad. Ambos propósitos no quedan a resguardo en este proyecto.
Ignacio Briones; Fernando Coloma; Sebastián Edwards; José De Gregorio; Ignacio Irarrázaval; Osvaldo Larrañaga; Felipe Larraín; Cristián Larroulet; Roberto Méndez; Alejandro Micco; Felipe Morandé; Claudio Sapelli; Hernán de Solminihac; Mario Waissbluth; Carlos Williamson; Vivianne Blanlot; Mariana Aylwin.
RECTOR UC
Un poco más de una semana ha transcurrido desde que el ingeniero civil Juan Carlos de la Llera asumiera como rector de la Universidad Católica (UC). Uno de los temas que componen la agenda de educación superior es la iniciativa con la que el Gobierno busca eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y crear un nuevo modelo de Financiamiento para la Educación Superior (FES).
Al respecto, de la Llera opina que el proyecto, que fija que únicamente el décimo decil deba pagar sus estudios durante la carrera, llevará a posibles alteraciones de información socioeconómica para no figurar entre los grupos de mayores ingresos. «Este es uno de los supuestos más sensibles a todas las evaluaciones económicas y, efectivamente, el fenómeno ya ocurrió, es una realidad (…) y las formas de lograrlo parten porque somos muy ingeniosos en Chile (…) podemos poner en riesgo un proyecto universitario por ese tipo de cosas», mencionó el rector.
Sobre el impacto del FES en las casas de estudios, de la Llera afirmó que «es muy variable. Hay universidades que incluso podrían verse beneficiadas, de eso no tengo ninguna duda, pero hay varias otras que se van a ver tremendamente perjudicadas».
Además, advirtió que se puede recaer en errores con respecto a la gratuidad: «La gratuidad tiene que llegar a todos aquellos que tengan el talento y que no tengan la situación socioeconómica adecuada para estudiar. Pero Chile es un país cuyos recursos son súper escasos. Las necesidades las tienes por todos lados, no te puedes dar el lujo de darle gratuidad a una persona que, a través de su trabajo, pagando un porcentaje bastante menor de su ingreso, pueda pagar después esa deuda que adquirió por estudiar en la universidad. Hay una falta de ética«. (El Mercurio)
