Un polémico proyecto se sometería a votación en la Sala de la Cámara de Diputados hoy. Se trata de la iniciativa que presentó el diputado Jaime Mulet que busca eliminar la facultad del Estado para multar a quienes circulen sin sistema electrónico o tag por las autopistas concesionadas del país.
La moción llegó a la Sala de la Cámara baja tras ser visada en general por la Comisión de Obras Públicas y Transportes, instancia durante la cual el diputado Mulet apuntó a que la norma vigente genera deudas excesivas. Esto, considerando que las sanciones pueden llegar hasta los $70 mil.
Desde el comienzo, la iniciativa ha generado preocupación en el mundo empresarial, que ha criticado con dureza su contenido. En diciembre, por ejemplo, cuando el avance del proyecto comenzaba a palparse, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri, encendió las alarmas.
De qué se trata, beneficiarios y críticas a la nueva ley que rebaja hasta en un 80% las multas por no pago de TAG «Es de suponer que, en la cabeza de los redactores, está la idea de que sea el Estado quien asuma la gestión de la infraestructura que dejaría de tener un sistema de cobro de tarifas. Los autores no explicaron, sin embargo, de qué manera el fisco sostendrá los gastos de construcción, operación y mantenimiento de estas carreteras (aproximadamente US$ 1.180 millones al año)», dijo en una carta a El Mercurio.
Habló, también, de «populismo parlamentario» y advirtió que «supondría reponer las barreras de prepago en las carreteras interurbanas y ponerlas a la entrada de las urbanas. Adiós free flow».
Ha señalado, además, que de concretarse la iniciativa «se acabaría la industria de las concesiones». Hoy las críticas vuelven a asomarse. Y no solo desde los concesionarios, sino que también desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), cuyo presidente, Alfredo Echavarría, sostiene una posición duramente crítica.
CRÍTICAS AL PROYECTO
«La moción parlamentaria que busca eliminar las multas por no usar tag es otro ejemplo de una pésima idea que, de aprobarse, provocará un daño irreparable a las personas y al país en general», dijo Echavarría a El Mercurio. Agregó, en esa línea, que «se acabaría el pago automático (telepeajes) y las concesionarias tendrían que volver a poner barreras y casetas para el pago de peajes donde ya han sido eliminadas.
¿El resultado? Demoras, atochamientos, tacos, molestias, malos ratos, rabia, etcétera. En vez de mejorar, el servicio a los usuarios empeorará por efecto de este injustificado retroceso».
«El sistema de concesiones permite que una empresa privada construya una carretera o autopista, en la que el Estado no invierte ni un peso. Se establece que el sistema de cobro es a través del tag, forma en que el inversionista recupera su inversión. Si dejan de pagar los usuarios, el Estado sería el que tendría que hacer el pago por las carreteras para el cumplimiento de los contratos», añadió.
Y complementó señalando: «Además de injusto, seguirá golpeando las arcas fiscales y la posibilidad de que el Estado destine sus escasos recursos a iniciativas que de otra forma no podría abordar».
Apuntó, además, a que se generaría un «mecanismo legal de evasión» y a que «estaríamos ante un profundo cambio de las reglas del juego que el propio Estado definió para que las empresas concesionarias desarrollaran proyectos en nuestro país, lo que pone un gran signo de interrogación sobre el futuro de nuevos proyectos de concesiones como los que están actualmente en etapa de licitación».
Cabe destacar que la iniciativa que empuja Mulet establece que, en caso de no pagar el uso de la vía, se cobre al usuario la deuda correspondiente sin aplicar una sanción adicional.
Asimismo, el texto señala que las concesionarias podrán seguir cobrando las tarifas adeudadas mediante mecanismos administrativos, sin que esto derive en sanciones económicas adicionales para los conductores.
La iniciativa está en quinto lugar para su discusión en la Sala durante la jornada de hoy. Existe la posibilidad de que no se alcance a votar. De votarse, sería pasadas las 14:00 horas.
GOBIERNO SE DISTANCIA DEL PROYECTO
El proyecto de ley que presentó el diputado Jaime Mulet (FRVS) y que podría haberse votado hoy -aunque esa posibilidad se ve lejana-, es mirado con distancia por el Gobierno, que en una minuta a la que accedió Emol sugiere a los parlamentarios rechazarlo en su totalidad.
«El ejecutivo no comparte la derogación de la sanción, por las consecuencias negativas que generará al sistema de pago electrónico de peajes y el aumento de la incobrabilidad», dice el informe emanado desde Ejecutivo.
Además, el Gobierno sugiere que la propuesta es «inconstitucional», por «vulnerar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República».
LAS CONSECUENCIAS
En la minuta, además, el Ejecutivo enumera una serie de consecuencias negativas. Así, el Gobierno sostiene que de aprobarse la moción se imposibilitaría el sistema «free flow», obligando a retornar a las casetas de peaje en rutas interurbanas y complicando e imprecisando el cobro en rutas urbanas.
Señala también que aumentaría la incobrabilidad del peaje, lo que generaría un déficit que debería ser cubierto directamente por el fisco; desincentivaría la inversión en nuevos proyectos de infraestructura vial, ya que las empresas asumirían un mayor riesgo por la incobrabilidad; sería injusto para los usuarios que sí pagan el peaje, permitiendo que personas de altos ingresos evadan el pago sin sanción; e impactaría negativamente la recaudación fiscal y municipal.
Asimismo, señaló que la iniciativa rompe con el principio «el que usa paga», lo que es «injusto y regresivo para aquellos ciudadanos que no usen una vía concesionada, ya que deberán pagar con sus impuestos a los usuarios que sí la usan». Además, subrayó que el proyecto «beneficia a una minoría infractora que evade el pago del peaje».
Por otra parte, la minuta abordó una serie de dudas en torno a las multas por tag, señalando que «la multa es de 1 UTM y puede rebajarse en un 80% el 2025 aunque el usuario adeude peajes».
Además añadió que «multas solo son para los que infringen la ley, por lo tanto, el valor de la multa debe ir en directa proporción con la conducta que se desea eliminar, siendo, en este caso, desincentivar el no pago de peajes al que obliga la Ley de Concesiones». «Desde fines del año 2019 -precisó además- solo se cobra una multa por día y no por la circulación en cada autopista. Esta medida ha permitido borrar cerca de 8 millones de multas«. (Emol)
