Pasadas las 16.00 horas, la senadora Isabel Allende (PS) llegó al hemiciclo del Senado para dirigirse a sus pares y a la ciudadanía, cinco días después de que el Tribunal Constitucional resolviera su destitución a raíz de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.
«Después de décadas compartiendo este espacio democrático, este Parlamento, que ha dado forma a mi destino y vocación de servicio público, me veo hoy en la necesidad y en el deber de hablar en uno de los momentos más duros y difíciles de mi vida. No es fácil dirigirme a ustedes. Probablemente sea mi última intervención en esta Sala (…) En los próximos días se conocerá el fallo del Tribunal Constitucional. Como corresponde en una democracia, este fallo será aceptado. Pero aceptar no significa guardar silencio. Aceptar no significa renunciar a expresar el profundo dolor y la honda injusticia que esta decisión representa (…) estamos ante un fallo que, más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático».
«Sí, reconozco que como parlamentaria de una larga trayectoria debí haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. No rehúyo mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado, y no tengo y nunca he tenido una empresa, y ante todo actúe confiando en la institucionalidad ¿Se imaginan ustedes que había puesto en riesgo más de 30 años de servicio público, de lucha democrática, si hubiese tenido conciencia de estar infligiendo supuestamente una norma constitucional? ¿Realmente alguien cree que había actuado con dolo, sabiendo que ponía en juego mi historia y mi dignidad política? Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar”, agregó.
En ese marco, Allende dijo que «como familia compartimos la idea del Presidente Gabriel Boric de transformar las casas de los dos presidentes, Patricio Aylwin y Salvador Allende, en casas museos. Dos personas que han marcado nuestra historia con un profundo sentido democrático. Casas que han sido espacios importantes en nuestra historia».
Además, explicó que «una vez tomada la decisión presidencial, se aprobó la partida correspondiente en la Ley de Presupuestos de 2023 en este Parlamento. Quiero hacer claro que no solo no estuve en la Subcomisión de Cultura, como tanto no estuve en la ratificación final de la comisión mixta que cierra y aprueba la Ley de Presupuestos. Es más, recién me enteré en enero de 2024 de la existencia de una partida presupuestaria. Desde ahí, actuamos como corresponde siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el Gobierno. Quizá mi error fue el no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos admitió o recordó que existía una posible inactividad constitucional».
La senadora estuvo acompañada en el hemiciclo por los ministros socialistas (y cercanos a la tienda) Álvaro Elizalde, Carlos Montes, Luis Cordero y Mario Marcel, así como por los subsecretarios Jorge Daza y Heidi Berner. También, por diputados de la bancada del PS. En su arribo, el ministro de Vivienda Carlos Montes dijo que llegó al Congreso Nacional a acompañar a la legisladora y que la decisión del TC la recibe con mucho «dolor». «Espero que la historia lo clarifique», dijo el secretario de Estado. Mientras que Allende guardó silencio al ingresar al hemiciclo y evitó responder las preguntas de la prensa. Aunque el fallo del Tribunal Constitucional aún no ha sido oficializado, Allende se despidió de sus compañeros, pese a que podría continuar en funciones hasta que la decisión se haga efectiva.
CRÍTICAS A FRANCISCA MOYA
El discurso de Allende se produce en medio de presiones contra la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, quien admitió haber estado al tanto de la inhabilidad de Allende y de la exministra Maya Fernández cuando visó el decreto. Sin embargo, sostuvo que no era su función advertir al Presidente Gabriel Boric sobre la inconstitucionalidad del acto.
Las declaraciones de Moya generaron gran malestar en el Partido Socialista, varios militantes calificaron sus dichos de insólitos y exigieron su salida. El senador Alfonso de Urresti (PS) fue más allá y emplazó directamente a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, pidiendo explicaciones sobre por qué Moya sigue en su cargo, considerando que, a su juicio, cometió un error político y jurídico.
Tanto Lobos como el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde — quien previamente se desempeñó como jefe de la Segpres— defendieron la permanencia de Moya en su puesto, destacando sus capacidades profesionales y reafirmando que cuenta con el respaldo del Ejecutivo.
CRITICAS
Tras su discurso de Allende, las opiniones en el Partido Socialista continúan divididas: mientras algunos sostienen que aún quedan responsabilidades políticas y administrativas que asumir por el error, otros consideran que la polémica ya está zanjada.
El senador Fidel Espinoza (PS) acusó que «yo no he visto una autocrítica al Presidente, lamentablemente. Yo quiero y respeto mucho al presidente Boric, pero aquí tiene que haber una autocrítica. Él se obsesionó con esta idea de la casa de Salvador Allende para pasar como parte del legado, de la historia. Está bien que haya tenido una idea que haya sido positiva, pero no se dieron cuenta que estaban cometiendo errores».
En cuanto a la responsabilidad de los asesores del Presidente Gabriel Boric, en particular de la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya — quien admitió haber estado al tanto de la inhabilidad constitucional pero sostuvo que no era su función advertir al Mandatario — Espinoza abogó por su remoción del cargo. En esa línea, criticó que en el Gobierno «prima más el amiguismo, y eso es negativo». Además, enfatizó: «Un Presidente siempre tiene que gobernar con leales, no con incondicionales. Ese es el problema que tiene este Gobierno».
Una visión diferente compartió el diputado Raúl Leiva (PS), quien aseguró que no es necesario que Moya renuncie a su cargo. Eso sí, enfatizó que «cada uno tiene que asumir su responsabilidad, efectivamente se tienen que instruir los sumarios administrativos correspondientes. Este hecho es grave, el propio Presidente de la República lo planteó, que tiene un reproche penal en curso, que tuvo un reproche político con la acusación constitucional, donde se hicieron efectivas las responsabilidades políticas con la solicitud de renuncia de la ministra de Bienes Nacionales y queda ahora por dilucidar si efectivamente desde el punto de vista jurídico hay infracción constitucional o no«.
Al ser consultado sobre en qué pie quedan las relaciones con Gobierno, sobre todo porque la senadora Allende acusó que nadie del Ejecutivo le advirtió de esta inhabilidad, el parlamentario señaló que la relación está en «un buen pie».
Además, a su juicio, «hubo una serie de errores respecto a esa tramitación (compraventa de la casa), sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, tal como reiteró fundamentalmente la Contraloría General de la República, ese acto no tenía vicio de ilegalidad ninguno«.
Ante las presiones por la salida de Moya, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que «el día de ayer nosotros como mesa del partido tuvimos oportunidad de estar con el Presidente de la República y hacerle ver lo mismo que habíamos declarado el día viernes, que se ejercieran las responsabilidades políticas y administrativas, es él finalmente quien puede tomar esa decisión, entendemos que esa es su facultad final, y la verdad es que claramente aquí ha habido más que desprolijidades, lo dijo él ayer cuando estuvimos en su oficina, así que no tenemos más opinión que esa».
Además, indicó que «los temas con el Gobierno se solucionaron, se hablaron con el Presidente en el día de ayer, esto no tiene ninguna reparación posible, porque no se trata de ningún tipo de conversación pendiente. La verdad es que no tiene solución y hay que simplemente acompañar a Isabel Allende ahora».
MESA DEL SENADO
El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN) señaló que todas las bancadas de la Corporación accedieron a que la senadora Allende diera un discurso de despedida, y como otro poder del Estado, no le corresponde opinar sobre el fallo.
Por su parte, el vicepresidente, Ricardo Lagos Weber indicó que «Isabel Allende en tres oportunidades de su intervención hizo una autocrítica, ya, desde la buena fe pero la asumió, lo que cabe ahora es que si hay otras personas que tengan que asumir sus responsabilidades también».
Sobre la declaración que dio Francisca Moya, el legislador dijo que «es bien fuerte desde el punto de vista de lo que es el rol que tiene que jugar un director jurídico (…) suenan un poco a contrapelo de la legalidad que se busca de los actos. Señalar que no está dentro de su mandato, tal vez habría que clarificar mejor que quiere decir eso».
MENSAJE PRIVADO PREVIO
A través de un mensaje privado enviado a las distintas bancadas del Senado, el equipo de Isabel Allende (PS) comunicó que al inicio de la sesión de este martes dirigirá unas palabras.
En el mensaje, los colaboradores de la senadora socialista, hija del fallecido Presidente Salvador Allende, precisaban que sería un discurso breve y avisaba a quienes quisieran acompañarla en ese momento, que ya fue visado por los comités en la reunión de este lunes.
Si bien el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que implicará su cesación del cargo, aún no es notificado a la Cámara Alta, en la bancada del PS señalan que esta sería la última vez que la legisladora -tal vez la figura política más emblemática de su partido- ingrese al hemiciclo a la espera de aquella comunicación oficial.
El veredicto del TC, cuya votación de 8-2 contra la senadora se filtró la semana pasada, se basa en la infracción constitucional en la que incurrió Allende al visar la compraventa de la antigua casa familiar que iba ser adquirida por el Fisco para convertirla en un museo.
El problema de ella es que la Carta Fundamental precisa que “cesarán en el cargo” los parlamentarios que celebren contratos con el Estado, aun cuando se trate de acuerdos realizados por sociedades en las que participen o por una “interpósita persona”, lo cual ocurrió en su caso, ya que las negociaciones de la adquisición del inmueble de calle Guardia Vieja, Providencia, fueron llevadas por su yerno, Felipe Vio, quien tenía un mandato de la legisladora y de los otros herederos del fallecido Mandatario.
A partir de esa infracción, diputados del Partido Republicano y de Chile Vamos recurrieron al TC para denunciar aquello.
Aunque las acción no contaba necesariamente con el respaldo de los senadores de oposición (de hecho, algunos en privado no estaba de acuerdo), la despedida de Allende de esta jornada dejará en una situación incómoda a las bancadas de derecha, donde admiten que nunca creyeron que el requerimiento iba a ser acogido dada la mayoría de magistrados afines al gobierno que hay en el Tribunal Constitucional.
En lo humano, la inminente destitución de Allende ha golpeado al Senado, ya que la emblemática legisladora presidió en el pasado ambas cámaras del Congreso. Ella en lo personal cultivaba relaciones cordiales con casi todos sus pares. Por lo tanto, los senadores de oposición quedarán en dilema respecto de qué hacer al momento en que la parlamentaria haga su discurso de despedida.
“Pregúnteles a ellos qué harán”, comenta en privado un senador socialista, que aún guarda molestia por el requerimiento de la derecha, que no solo fue acogido por los ministros afines a la derecha (algunos de los cuales fueron asesores legislativos), también contó con el voto a favor de las integrantes del TC que estaban ligadas en el pasado al Frente Amplio (Nancy Yáñez y Daniela Marzi) y a la DC (María Pía Silva y Alejandra Precht).
Una muestra de que el “factor humano” no es sencillo para el Senado fue la declaración oficial que emitió la mesa de la institución, presidida por Manuel José Ossandón (RN), en compañía de su vicepresidente Ricardo Lagos Weber (PPD).
“Expresamos nuestra empatía con la situación que vive la senadora Allende. Nos asiste el convencimiento de que la senadora es una persona profundamente comprometida con la democracia y la institucionalidad. Así da cuenta su trayectoria como servidora pública, cuyo trabajo parlamentario ha contribuido de manera significativa al bienestar de la ciudadanía. Sabemos que Isabel Allende Bussi acogerá cualquier decisión del Tribunal Constitucional con la serenidad y responsabilidad que siempre la han caracterizado. Hacemos presente que la resolución es adoptada por el Tribunal Constitucional, un órgano autónomo del Estado, cuyas decisiones respetamos y sobre el cual como poder del Estado no nos corresponde pronunciarnos ni intervenir”, decía la declaración publicada en la web institucional.
“En caso de que la sentencia del TC sea confirmada, agradecemos a la senadora por su trabajo y le deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos desafíos que emprenda”, concluía el texto firmado por Ossandón y Lagos Weber. (La Tercera)
