Que duda cabe, el debate y preocupación prioritaria para ciudadanos y autoridades se centra hoy en la seguridad pública. El aumento del delito, la inseguridad, los secuestros, el sicariato, el crimen organizado o el narco tráfico, ya es, lamentablemente, habitual. La alarma e inquietud se ha instalado en cada comuna, en cada vecino. Por cierto, hoy no hay políticas ni acciones de la agenda pública, que generen mayor adhesión ciudadana, más allá -así lo esperamos todos- de cualquier diferencia por el prisma político. Crecientes son las expectativas, y complejos los desafíos, que deben enfrentar los tomadores de decisión.
Estamos en uno de los períodos más exigentes en la historia de la seguridad pública del pais.
Aquí, nuevamente son las municipalidades las que adquieren protagonismo, por lo que salta entonces la pregunta obvia: ¿puede un municipio contribuir a reducir el número de delitos y entregar mejor y mayor seguridad?. Ciertamente la respuesta no es ni simple, ni única, ni sencilla.
En nuestro país, la función de la seguridad pública es de carácter centralizado, mandatando al Ministerio del Interior (y desde ahora, al Ministerio de Seguridad Pública) y a las instituciones de las policías, como las entidades encargadas del orden público. El Estado, con su tradicional y altisonante discurso de apoyo a la descentralización -y su acostumbrado menosprecio, en la práctica-, no tiene un órgano rector -descentralizado y liderado por la autoridad local- que coordine, monitoree, y colabore específicamente en esas múltiples y delicadas tareas de los municipios. Falta una estructura regional o intermunicipal, que más allá de las acciones de cada uno, se haga cargo del indispensable deber de hacer una gestión global y sostenida. Cuánta claridad aportaría. Cuánta confusión y laberintos en programas, decisiones, funciones y atribuciones en la seguridad municipal se ahorraría. Pero, algunos siguen pensando en que solo es el gobierno central el que debe contar las atribuciones, recursos y capacidades.
Las municipalidades, como en otras esferas, tienen facultades limitadas, y los retos, la impotencia, y los reclamos vecinales no paran. En efecto, la percepción vecinal piensa, radica y acude a la autoridad municipal, y seguirá haciéndolo. Sin embargo, la actual Ley Orgánica de Municipalidades señala que los municipios “podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado funciones relacionadas con: implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional…” Se agregado hace poco la tarea de elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar un Plan Comunal de Seguridad Pública, para fijar orientaciones y medidas
Esos roles significan que los entes locales trabajan básicamente en: aportar personal disponiendo guardias municipales, en su acción fiscalizadora, en el apoyo con vehículos municipales, en rondas, teléfonos de emergencia, botones de pánico, televigilancia, marcación de patentes, ente otros. Son los municipios con mayores recursos -lo habitual- los que han avanzado en acciones más intensas, como el uso de drones, postes inteligentes, televigilancia masiva, mayor tecnología, el “encarga tu casa”, pórticos para lectura de patentes, asociatividad para la seguridad vecinal o implementación de inteligencia artificial y sistemas y plataformas dirigidos a la seguridad. En simple, cada cual haciendo lo que puede, la mayoría con pocos recursos, con métodos y sistemas que “no conversan entre si”, sin integración e interoperabilidad entre las plataformas y con una (a veces), difícil coordinación con las policías. Así y todo un abrazo por lo que hacen.
Fte: MUNICIPIOS Y SEGURIDAD PÚBLICA CIUDADANA (Fuentes y Valenzuela.2024)
Hay que dar una vuelta a la tuerca. Entender que la inteligencia artificial es la herramienta fundamental e ineludible para la seguridad pública. En ello, se debe avanzar, con decisión y apuro. La alta tecnología no solo automatiza acciones y decisiones, sino también debe equipar a los responsables, desde el personal o la computación, hasta la conformación de infraestructuras, plataformas, canales de comunicación, operaciones, monitoreo, mejoras en la colaboración interinstitucional, y la consecuente instalación de centros de despacho, lugar donde se coordinen y gestionen las respuestas a las emergencias y las decenas de llamadas vecinales.
La montaña de datos que emanan de los distintos organismos de la seguridad pública, sirve de poco si no están integrados, solo así será posible identificar patrones, tendencias, predicciones y prevención. Muy bien lo sabe el proyecto SITIA (Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial), cuya labor está avanzando justa y decididamente en ese gran cometido nacional.
Necesitamos entonces, apurar a nuestros parlamentarios y al gobierno, en el análisis y discusión legislativa (ahora mismo en su segundo trámite constitucional) para diseñar la nueva Ley de Seguridad Municipal, con las modificaciones y necesarios acuerdos que fortalezcan la institucionalidad municipal y la prevención del delito, en entregar nuevas atribuciones para la contratación de funcionarios, en abordar la participación ciudadana, en incorporar la seguridad en los instrumentos de planificación territorial, en establecer agravantes a quienes agreden a los funcionarios, en zanjar la disputa por el uso de armas no letales y elementos defensivos o de protección, en entregar mayores facultades para la persecución del delito.
Y lo más importante, fijar decidida y permanentemente el financiamiento adecuado y permanente. Sin doble lectura, sin letra chica. Que no se transforme esta ley en agregar -nuevamente- otras obligaciones a las municipalidades, sin los fondos necesarios e indispensables. Que reconozca la heterogeneidad y disparidad de los 345 municipios, y las precariedades e inequidades que existen para enfrentar el delito.
Menuda tarea, señores parlamentarios, señor Ministro de Seguridad !
Jaime Belmar Labbé
