Este viernes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la “invitación” que el Ministerio Público realizó al Presidente de la República, Gabriel Boric, para declarar por la fallida compra de la casa de Salvador Allende.
Desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado afirmó que “la voluntad del Gobierno es contribuir en todo lo que sea necesario”.
“El Presidente Boric siempre ha manifestado su disposición a colaborar en todas las investigaciones que se están desarrollando, y esa va a ser su línea de conducta para el total esclarecimiento de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público”, sostuvo.
“Nos interesa que todas las investigaciones que se lleven a cabo en Chile sean exitosas, y la voluntad del Gobierno, por tanto, es contribuir en todo lo que sea necesario”, aseveró Elizalde.
Respecto a la investigación penal, el ministro del Interior expresó que esta “está en curso, y hemos sido insistentes en que no hay que sacar conclusiones anticipadas sobre la base de información que es parcial, más aún cuando la investigación está en curso”.
SUBSECRETARIO CORDERO: QUERELLAS INDISCRIMINADAS
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la invitación a declarar que la Fiscalía hizo al Presidente Gabriel Boric a raíz de la indagatoria por la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
La autoridad fue consultada respecto a si incomoda al Ejecutivo que el Mandatario se vea envuelto en esta situación, considerando que es la segunda vez en la que se vería sometido a un interrogatorio por una causa penal.
«Al Presidente de la República comparecer, prestar testimonio tantas veces lo requieran los tribunales y el Ministerio Público, no le incomoda. Lo que yo llamo la atención, y que me parece que es relevante que ustedes tengan presente, es las razones por las cuales al Presidente de la República se le cita y una de las razones es porque hay personas que están dedicadas a presentar querellas indiscriminadas contra autoridades«.
«Esto es muy complejo, porque es utilizar el sistema penal con propósitos de intervención política y a mí me parece que cuando eso además implica desafiar a la principal autoridad del país, es preocupante para el funcionamiento del sistema democrático», sostuvo.
Ahondando en ese punto, señaló que «hay un grupo de personas que ha decidido utilizar el sistema penal como herramienta política, con la interposición de querellas que creo que están generando una distorsión en el sistema de enjuiciamiento criminal muy severa. No solo respecto a este caso, sino que de otros, y ojo, que el abuso de la querella como medio y herramienta política puede terminar por comprometer seriamente a todo el sistema político y no a un Gobierno en particular».
ABOGADO QUERELLANTE: «CORDERO BUSCA AMEDRENTAR»
En el marco de la investigación por la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, John Reid, uno de los abogados que presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), para que se declare la inhabilidad de la ex ministra Maya Fernández, respondió esta jornada a los dichos del subsecretario del Interior, Luis Cordero. La autoridad de la rama ministerial afirmó que «hay un grupo de personas que ha decidido utilizar el sistema penal como herramienta política».
Al respecto, Reid afirmó que Cordero «quiere amedrentar a quienes amamos nuestra profesión y usamos las armas que nos da el derecho para defender la institucionalidad». «¿Acaso están incómodos con una institucionalidad que no los deja obtener lo que quieren, pero que juraron defender?», lanzó, añadiendo que «el Presidente debe reconocer que instó a todo su equipo a celebrar un acto prohibido por el artículo 37 bis de la Constitución que dice: ‘Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado'».
Completó su punto asegurando que «hemos buscado defender el ordenamiento legal. La búsqueda de la verdad y la defensa de los recursos públicos son un derecho de todo ciudadano y un deber para quienes elegimos la profesión de abogado».
FISCAL: «PRESIDENTE VA A DECLARAR Y COLABORAR»
En entrevista matinal con radio Duna este viernes, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, persecutor que lidera la indagatoria sobre eventuales delitos en la fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende en Providencia por parte del Estado, afirmó que maneja información de que el Presidente Gabriel Boric “va a declarar y va a prestar colaboración” en el caso.
La Tercera ya había adelantado que se coordinó con el Segundo Piso de La Moneda la comparecencia del Jefe de Estado. Hay una querella en su contra por lo que la primera autoridad del país tiene calidad de imputado.
“No está obligado a responder porque tiene derecho a guardar silencio”, explicó Cooper, recordando que en su momento la senadora Isabel Allende y su sobrina Maya Fernández, en calidad de ministra de Defensa también optaron por no hablar.
Fernández, sin embargo sí prestó declaración ante el fiscal, el martes 4 de marzo, en la antesala de que el Tribunal Constitucional revisara la admisibilidad de una presentación para inhabilitarla, que finalmente fue admitido a trámite. “No eludió ninguna pregunta”, dijo Cooper respecto a la diligencia que tuvo lugar en dependencias de la Fiscalía Nacional.
Respecto a la situación de Boric, el fiscal hizo referencia al artículo 23 del Código Procesal Penal que establece que el Ministerio Público durante la fase de investigación puede citar a declarar a personas e incluso solicitar su detención si no comparecen.
“Pero hay ciertas personas revestidas de autoridad, entre las cuales está el Presidente de la República, el expresidente de la República, los senadores, diputados, los ministros, el fiscal nacional, el controlador general, los comandantes en jefe, o sea, una serie de personas que no se les puede citar durante la fase de investigación, sino que solamente por un tribunal de la garantía, pero se les hace una invitación. Y esa persona indica en la invitación fecha y hora para prestar declaración que puede no ser en dependencia del Ministerio Público, sino que en su domicilio o su lugar de trabajo”, precisó.
En enero de este año, la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por el abogado Raimundo Palamara, excandidato constituyente por el Partido Republicano, presentó una denuncia para que se investigue la fallida adquisición del inmueble de Salvador Allende a una ministra y una senadora, impedidas constitucionalmente de celebrar contratos con el estado. En el libelo se responsabiliza directamente al Mandatario por las acciones que realizó previo a la cuestionada compra. Luego, la entidad se querelló.
EN CALIDAD DE IMPUTADO
“Recordemos que esto se inicia con denuncia y querella. Se ha hablado mucho de en qué calidad va a declarar el Presidente de la República. Bueno, va a declarar en calidad de imputado porque está querellado. Si la querella es nominativa, la querella se presentó por un tercero, en contra del Presidente de la República. Por lo tanto, quiero despejar eso. Es imputado por resguardar su derecho como cualquier persona, porque él es la persona querellada”, señaló el fiscal Cooper.
El persecutor evitó dar luces sobre el estado de la investigación.
“Lo que puedo decir respecto a la fallida compra, es que estamos investigando. Si hay indicios de un tráfico de influencias o no, no puedo indicar en este momento, porque se han tomado muchas declaraciones respecto a personas que están en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Bienes Nacionales, en la Presidencia, etcétera”, dijo.
El persecutor dijo que es una posibilidad que haya existido alguna irregularidad en la premura con que se ejecutó la operación y que se vincularía a un tema presupuestario y, por otro lado, desestimó la idea de que la compra se haya visado ante una tasación inflada.
“Me atrevo a decir que la tasación final por cual se va a comprar la casa, más o menos es lo que vale el inmueble. O sea, empecemos por ahí. Pero no quiero contestar más respecto a la investigación en sí”, comentó.
Patricio Cooper insistió en que “son investigaciones complejas”.
“Hay muchos elementos que analizar. Lo único que puedo decir es que se ha tomado declaración a muchas personas, a muchas personas, tanto en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Bienes Nacionales y en la Presidencia. Y, efectivamente, siendo que el principal querellado -vuelvo a decir, se presentó una querella- es el Presidente de la República, por supuesto, que se la invitó a declarar. Y tengo, digamos, información de que va a declarar y prestar la cooperación”, cerró el jefe de la Fiscalía de Coquimbo. (La Tercera)
