Fue esposada y trasladada a un calabozo donde permaneció por varias horas. Esa fue la experiencia por la que tuvo que atravesar la directora del Hogar Quillahua, ubicado en Buin, y perteneciente a la Fundación Paicaví, organismo colaborador del Sename y Mejor Niñez.
El sábado, a través de una carta dirigida a El Mercurio, el presidente de la fundación, Ricardo Leiva, relató los hechos que llevaron a que la asistente social, sin antecedentes penales, y con 15 años en la dirección del Hogar Quillahua, resultara detenida por Carabineros «como una delincuente común»; trato que el directorio de la institución acusa de «exagerado e innecesario».
En un relato pormenorizado al citado medio, el directorio precisa que todo ocurrió el pasado 26 de junio, jornada donde desde Paicaví recibieron llamados del Programa Mi Abogado y de Profesionales del Programa de Intervención Especializada (PIE) de Buin, «donde señalan que van a ingresar a una joven de 13 años a la residencia Quillahua».
Esa niña, para efectos del relato, será identificada como ‘A’. La menor ‘A’ ya era conocida por el equipo del hogar, «puesto que había tenido actos de matonaje, manipulación, amenazas y exposición a situaciones de riesgo en un contexto escolar a una menor que es parte de nuestro hogar de niñas desde marzo de este año», quien para efectos del relato, es identificada como ‘B’.
Asimismo, aseguran que la había atacado con un arma blanca. Así, desde el directorio aclaran que la presencia de ‘A’ en el hogar significaba un riesgo para ‘B’, y además, aquello estaba «contraindicado» en un diagnóstico clínico especializado que se tuvo a la vista. Asimismo, aclararon que la menor ‘A’ requiere «un programa de alta especialidad debido a la complejidad de su situación emocional y psicológica, que no puede ser manejado exitosamente en una residencia como la nuestra».
Por dichas razones, la directora comunicó vía telefónica que no recibirían a la menor, lo que fue notificado -de acuerdo al relato de Paicaví- a PIE-Buin y al propio tribunal de familia, «quienes estuvieron de acuerdo en no ingresar a la menor ‘A’ al hogar».
No obstante aquello, a eso de las 12.30 horas de ese día, dos carabineros de las 15° comisaría de Buin se presentaron en el hogar, acompañados de funcionarios del PIE-Buin, a quienes se les explicó que no recibirían a la menor. Los funcionarios policiales llamaron al juez de turno, quien ordenó que se hiciera efectivo el ingreso, o «realizar las acciones que corresponda», ante un desacato.
«Carabineros le pregunta literalmente a la directora: ¿la va a recibir o no?, frente a lo cual ella responde que no, por lo que realizan la advertencia de llevarla detenida a ella y a todos los que la subroguen y se nieguen al ingreso», destacan desde Paicaví.
Pese a que la directora le dijo a los carabineros que los acompañaría voluntariamente, igualmente la esposaron para subirla al carro policial. Una vez en la comisaría, acusan que le quitaron sus pertenencias -como sus anteojos- y la ingresaron al calabozo de la unidad por cerca de cinco horas.
Dicho espacio, señalan, «se encuentra en condiciones inadecuadas, insalubres, no contando ni siquiera con una silla y expuesto al frío».
Desde Paicaví, denuncian además que la detención fue observada por las niñas de la residencia, quienes consultaban por qué se llevaban a la directora, quien además representa una «imagen de protección dentro de la residencia».
Hasta ahora, denuncian, sólo una gestora regional de Mejor Niñez se ha contactado con ellos, con el interés de escalar el caso. No obstante, no han habido mayores acercamientos con la entidad estatal.
MEJOR NIÑEZ LAMENTA DETENCIÓN
Desde Mejor Niñez, la directora regional metropolitana, Marcela Gaete, lamentó la detención de la directora del hogar y detalló que se trata de una situación preocupante. «Esta situación nos preocupa principalmente porque la prioridad es, siempre, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes atendidos por el Servicio de Protección. Es por ello que gestionamos la derivación de la adolescente hacia otra residencia, lo cual se concretó exitosamente», comentó.
En esa línea, dijo lamentar «las condiciones que tuvo que atravesar la directora de Residencia Quillahua, pues tenemos la profunda convicción de que esto se pudo haber evitado, si en vez de derivar directamente a la adolescente, el tribunal hubiese seguido el protocolo establecido en la norma (Ley 21.032), que regula la asignación de cupos en coordinación con el Servicio».
En concreto, el artículo 19 de la mencionada norma, que establece que los niños, niñas y adolescentes respecto de quienes se adopte una medida de protección de las señaladas en las letras c) y d) del artículo 71 y en el 80 bis de la Ley 19.968, «serán derivados a los programas de protección especializada por los tribunales o las Oficinas Locales de la Niñez que las determinen, según corresponda».
«En ambos casos, será el Director Regional respectivo quien asigne un cupo en un proyecto del programa que corresponda, atendiendo a un procedimiento breve, racional y justo, de acuerdo al reglamento que se dicte al efecto», señala la normativa.
Es decir, el tribunal debió considerar la opinión de la directora regional de Mejor Niñez para ordenar el traslado de la niña al hogar Quillahua, lo que no habría ocurrido. Esto, hubiera permitido, además, que se tuviera en vista que la presencia de la niña agresora en el hogar significaba un riesgo para la otra menor, puesto que si bien no había una orden de alejamiento, aquello estaba «contraindicado» en un diagnóstico clínico especializado. (Emol)
