La revelación publicada por La Tercera, en torno a que la empresa AyN, de propiedad de Giorgio Martelli, recaudador de fondos de la Nueva Mayoría, pagó más de $ 300 millones a 21 ex colaboradores del comando de Bachelet entre los años 2011 y 2013, ha generado un nuevo frente de problemas sobre la Presidenta. Esto, por cuanto se trataría de aportes previos a la campaña, es decir, fuera del período legal establecido.
Entre los beneficiados de estos pagos está el ex ministro Peñailillo -con las cuatro boletas que le costaron el cargo-, pero también personas muy cercanas a la Mandataria, como su amiga personal Estela Ortiz, y su prima Alicia Galdames, entre otros.
Pero no sólo es Bachelet la que tendrá que dar cuenta de estos aportes de precampaña -algo que se insiste en negar-, sino también las empresas que están detrás de toda esta operación.Porque también supimos esta semana que al menos tres grandes compañías, entregaron aportes por cientos de millones de pesos a la sociedad de Martelli, por servicios aún no aclarados, pero que tienen toda la cara de ser precisamente para financiar la citada precampaña.
Esto abre una interrogante general sobre el rol de los empresarios en la política. Porque si bien se ha discutido mucho acerca de las donaciones que hacen durante el período de campaña, la idea de que además sean los financistas del sueldo de ciertas personas en forma casi permanente, es cruzar una línea mayor. Algunos señalan que en esto no hay que ser cínico, que no hay que ponerse una venda en los ojos, que la gente que trabaja para las campañas tiene que vivir de alguna manera. Puede ser, pero otra cosa muy distinta es que los hagan con aportes de empresas y por métodos que se sospecha son reñidos con la ley.
Pero hay más. Tampoco se entiende que empresarios financien el sueldo de personas vinculadas a corrientes políticas que, a primera vista, no comparten, como es el caso de Bachelet. Repito, acá no estamos hablando de donativos de campaña. Se trata del trabajo previo a estas. Es decir, de los equipos que preparaban el retorno de la actual Presidenta, ideando, entre otras cosas, el programa de gobierno que hoy tanto critican. Porque, en el fondo, con platas de las empresas se estudió la reforma tributaria, la laboral y muchas otras que hoy son consideradas antiempresa.
Nuevamente están aquellos que dicen que no hay que ser ingenuos, y que lo que buscan los empresarios es poner fichas en todas partes. ¿Para qué? ¿Buscando favores posteriores? ¿Para tender redes de apoyo? Bueno, si es así, es peor. Es algo que se acerca al cohecho, pese a que legalmente no lo es. Pero, en el fondo, es parecido.
El resultado de todo esto es que nada de aquello prosperó. Los recursos de las empresas ayudaron a que Bachelet llegara nuevamente a la presidencia, pero ella se desmarcó de ellas rápidamente. Y, al menos hasta ahora, aplicó un programa que en nada beneficia a los empresarios. Es por ello que ahora, en vez de alegar, tienen que hacer un mea culpa. Por la forma -algo que se debe investigar- y por el fondo. Porque ellos mismos estuvieron detrás de todo lo que hoy está pasando.
