La Fiscalía Metropolitana Oriente encabezó una serie de pesquisas en dependencias del Gobierno Regional Metropolitano en el marco de una investigación respecto al exintendente Felipe Guevara.
De acuerdo al ente persecutor, la diligencia se enmarca en una investigación reservada por fraude al fisco que dice relación con adjudicación de tres proyectos postulados al Fondo Nacional de Desarrollo regional (FNDR).
La investigación responde a las querellas que el actual gobernador, Claudio Orrego, presentó en septiembre de 2022.
Orrego denunció el presunto mal uso de recursos en proyectos de zumba y spinning por cerca de $500 millones.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente Constanza Encina encabezó el despliegue de personal especializado de Carabineros en calle Bandera.
En enero de 2023 se conoció un informe de la Contraloría General de la República que estableció que durante la administración de Felipe Guevara como intendente, se cometieron una serie de faltas en la adjudicación de proyectos financiados con recursos del 6% del fondo.
La labor de Guevara también fue indagada por Contraloría por un eventual conflicto de interés en la adjudicación de un millonario contrato a su hermano. Además ha sido mencionado por uno de los testigos clave en el caso de Vitacura, aunque él ha negado cualquier participación.
ANTECEDENTES
De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, se trata de una indagatoria liderada por la fiscal Constanza Encina, a raíz de cuantiosas transferencias por talleres masivos de zumba, spinning y entrenamiento funcional.
El desembolso de dineros públicos se realizó pese a que los programas fueron rechazados en primera instancia por errores en el formulario, rendiciones de proyectos de años anteriores pendientes y montos máximos solicitados que excedían la norma. Sin embargo, la administración de Guevara remitió de todos modos un listado al secretario ejecutivo del Consejo Regional de proyectos que debían ser aprobados.
Entre los beneficiarios justamente figuran las ya mencionadas iniciativas. En total, el monto defraudado podría empinarse por sobre los 700 millones de pesos. El actual gobernador metropolitano, Claudio Orrego, es denunciante en esta causa.
LA ZUMBA DE $200 MILLONES
Según información contenida en el expediente judicial, el primero de los hechos se remonta a marzo de 2021 cuando la ONG RCKLT ingresó a la oficina de partes de la entonces Intendencia un proyecto para “Masivos de Zumba Regional”.
La iniciativa fue uno de los 20 programas que fue priorizados por la administración de Felipe Guevara. Ello pese a las alertas que se activaron de manera interna en la repartición gubernamental.
Según declararía una de las funcionarias de la época, fue ella quien avisó directamente al administrador regional que la iniciativa era prácticamente un copy-paste de las otras dos que más tarde serían cuestionadas.
“Los tres proyectos eran iguales ya que señalaban igual descripción de actividades, mismo lugar de ejecución, mismas cotizaciones de las empresas productoras a cargo y mismos antecedentes de profesores que ejecutarían las actividades”, reza la declaración de la servidora pública.
En vista de esos antecedentes, la funcionaria -aseguró- puso en conocimiento de los hechos al entonces administrador regional, Patricio Lazcano, quien pese a tener conocimiento de los hallazgos, no frenó la tramitación del desembolso de dineros desde las arcas fiscales.
Es más, el mismo proyecto nunca fue corregido, sino reingresado y enviado directamente al Departamento Jurídico, para evitar cualquier objeción. Tampoco fue sometido a votación del Consejo Regional.
El 29 de junio de 2021, el organismo público transfirió a la ONG RCKLT, en una sola cuota, más de 200 millones de pesos para su taller de zumba.
Según consta en una querella del CDE, el administrador regional no sólo hizo vista gorda de las irregularidades, sino también “conminó a la prosecución de la tramitación de la adjudicación del convenio de transferencia a la ONG RCKLT no obstante la representación realizada por una funcionaria subordinada, instando de esta forma a la entrega de fondos públicos a un particular, produciendo necesariamente menoscabo patrimonial al Estado”.
Pese a no cumplir con los requisitos, la corporación obtuvo más de $150 millones provenientes de las arcas públicas.
EL SPINNING
El segundo proyecto cuestionado son los “Masivos de Spinning regional” de la Corporación Patrimonial Historias Nuestras.
Su aprobación se dio pese a que la organización no resultaba elegible puesto que la misma aun no rendía ni restituía fondos de una iniciativa anterior por $30 millones.
“En este caso, la premura impuesta por el administrador regional Patricio Lazcano Silva” terminó por dar el impulso a desembolso, “sin garantías o posibilidades de análisis pormenorizado” de los antecedentes, versa el libelo del CDE.
“Los montos transferidos fueron consumidos casi totalmente por la organización sin ejecutar ninguna de las actividades convenidas y previo incluso a la presentación del cronograma de actividades”, añade la querella.
DOMICILIADO EN ¿UNA UNIVERSIDAD?
El tercer proyecto en la mira de la fiscal Encina es la iniciativa de la Asociación de Halterofilia de La Florida, denominada “Masivos de entrenamiento regional”
Pese a ser devuelto por la DIPIR por errores de formularios, el convenio fue aprobado en la misma fecha por más de $150 millones.
Dicho monto, apunta la indagatoria, fue transferido el 29 de junio de 2021, en una sola cuota, sin que se rindiera ninguna garantía.
Por si fuera poco, luego de que la asociación no entregara un cronograma detallado de las actividades que realizarían, el GORE decidió corroborar el domicilio informado por la misma.
“En tal lugar se verificó que la dirección corresponde a la Universidad de las Américas donde se constató que el querellado Jorge Daniel ARCOS GATICA (representante legal de la organización) no es dependiente, trabajador o alumno”, expone la querella del CDE.
“Esta organización recibió asignaciones directa de recursos públicos al margen del proceso regular, previo concierto con, al menos, un empleado público del GORE, que conforme con los antecedentes de la investigación, fue el administrador regional de la Intendencia Metropolitana de la época, el querellado PATRICIO LAZCANO SILVA, quien interviniendo por razón de su cargo, advertido de posibles irregularidades, instruyó que se continuara con la tramitación del proyecto”, apunta el libelo.
“SATISFECHOS”
Consultado Manuel Gallardo, actual administrador regional del Gobierno Metropolitano, se mostró conforme con las pesquisas.
“La verdad es que estamos muy satisfechos con estas diligencias que está haciendo la fiscalía y el OS7 de Carabineros, porque lo que nosotros esperamos es que se investigue, se persiga y se castigue hasta las últimas consecuencias de quienes son responsables de esta acción”, apuntó.
Y sentenció: “Estas acciones son producto de la querella presentada el año 2021 por el gobernador Claudio Orrego en contra de acciones ejecutadas durante la administración del ex intendente Felipe Guevara, en particular por tres proyectos que sumaban alrededor de 500 millones de pesos y que nosotros entendíamos que se estaba constituyendo un delito por cómo estos dineros se asignaron”.
GUEVARA SE DESMARCA DE INVESTIGACIÓN
Durante la tarde de este miércoles, el ex intendente de Santiago Felipe Guevara, se desmarcó de la investigación encabezada por el Ministerio Público, en el marco de las irregularidades ocurridas durante su mandato en la Intendencia Metropolitana de Santiago.
En concreto, la ex autoridad regional aseguró que su nombre no aparece en las indagatorias de la Fiscalía. “Las diligencias conocidas hoy corresponden a una solicitud del Consejo de Defensa del Estado, quien se ha querellado contra algunas personas, donde no estoy incluido y, por lo tanto, no he sido notificado de ninguna diligencia”, explicó.
“Espero que la investigación que ha iniciado el CDE, a través de los tribunales, llegue a puerto y se pueda esclarecer el destino final de esos recursos del gobierno regional que fueron invertidos en distintas actividades”, añadió Guevara.
Además, aseguró a T13 que está disponible para colaborar con la justicia “en mayores grados de probidad y transparencia en todo el sector público de nuestro país”. (La Tercera-Bio Bio-ADN-T13)
