El Tribunal Consticucional (TC) informó esta tarde que acogió el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por senadores oficialista y respaldado por el Gobierno, respecto a la forma en que se tramitó la indicación que introduce un mecanismo de mutualización para el cálculo de la deuda de las isapres en el proyecto de ley corta que impulsa el Ejecutivo, que fue aprobado por el Senado y que ahora está tramitando la Cámara de Diputados.
La magistratura, en un comunicado, señaló que se resolvió, «por seis votos contra cuatro, acoger el requerimiento».
El requerimiento fue ingresado a inicios de febrero por 17 senadores, entre los cuales se encuentran Juan Luis Castro (PS), Daniel Nuñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD), con el fin de que la indicación referente a la mutualización impulsada por la oposición y aprobada por la Sala del Senado sea declarada incostitucional.
En marzo, en tanto, el TC admitió a trámite el requerimiento, tras lo cual el Gobierno decidió hacerse parte de este, con el objetivo de ir en contra de la indicación que el Ejecutivo no respaldó en el Senado.
«Se ha cometido una fragrante violación a una disposición taxativa que es que toda normativa de seguridad social que en este caso eran cotizaciones de las personas, cotizaciones que la Corte Suprema en materia de salud dictaminó devolver respecto de miles de chilenos afectados por las tablas de factores, se han visto vulneradas», dijo el senador Castro al momento de ingresar el mencionado requerimiento.
Lo anterior, continuó, «en primer lugar, porque la mesa del Senado declaró admisible una norma que se sabe que es solo de patrocinio exclusivo del Ejecutivo (se introdujo por una moción parlamentaria) y segundo, rebajó el quórum de dicha votación».
«No existe en Chile la posibilidad de que aún habiendo una unanimidad de parlamentarios se legisle sobre seguridad social, si no cuenta exclusivamente con el patrocinio del Poder Ejecutivo«, agregando que la enmienda «no solo perjudica a los usuarios» al reducir la deuda de las aseguradoras, sino que además «deja en manos de terceros, de parlamentarios» el tema, cerró.
«AHORA LA DECISIÓN ES DEL GOBIERNO»
Una ola de reacciones generó el fallo de Tribunal Constitucional (TC) en relación a la «mutualización», mecanismo que se introdujo en el proyecto de ley de corta de isapres que se está tramitando en el Congreso Nacional, en particular, en la Cámara de Diputados.
El TC informó esta tarde que acogió el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por senadores oficialista y respaldado por el Gobierno, sobre este cálculo de la deuda, donde se proponía la existencia de subsidios cruzados, es decir, un mecanismo de riesgo que compensa a quienes son más riesgosos con quienes son menos riesgosos.
De este modo, para hacer el cálculo de los cobros en exceso, se toman en cuenta los efectos que habría tenido su uso (el de la mutualización) en el total del sistema, y no los efectos sobre los usuarios individuales.
Con todo, el TC acogió la observación del oficialismo, declarando inconstitucional la tramitación de la controversial indicación, argumentando que es una iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo y que no se puede materializar a través de una moción parlamentaria, sin el patrocinio del Gobierno.
Tras conocerse el fallo, el senador Juan Luis Castro (PS) – quien hasta la semana pasada se desempeñaba como presidente de la comisión de Salud – dijo que «con gran satisfacción, podemos decirle a la ciudadanía que ha imperado la justicia, la verdad y la razón, porque el Tribunal Constitucional ha acogido y ha respaldado nuestra impugnación para que nunca más nadie, que no sea el Gobierno, el Poder Ejecutivo, disponga de las cotizaciones previsionales en salud«.
«Cuando se trata de las cotizaciones en Salud, solo los Gobiernos tienen potestad en seguridad social. Por eso, le agradezco a nuestro abogado litigante, Gonzalo García. Agradezco a todos los parlamentarios del oficialismo y todos quienes han apoyado, porque hemos creído que de verdad era necesario llegar a esta sede para desvirtuar lo que en una mayoría circunstancial en enero presentó algunos de la oposición (…) Con esta sentencia ya queda desvirtuado en el resto del trámite de la ley corta de Isapres, en la cámara diputada o en las comisiones mixtas que vengan, todo debate sobre la mutualización, salvo que el Ejecutivo diga otra cosa, pero que no lo va a decir porque ya hay una posición clara y es que se respetan las deudas contraídas», agregó el legislador.
El diputado y miembro de la comisión de Salud de la Cámara, Eric Aedo (DC), planteó que «se ha hecho justicia, los senadores no pueden pasar sobre la ley. Una decisión tan imporante como la mutualización y otras medidas relacionadas a la seguridad social, solo corresponden al Presidente de la República».
El legislador llamó a «buscar una solución para los 2 millones 800 mil chilenos que no pueden seguir en la incertidumbre que ha generado la situación de la salud privada en Chile«.
Por su parte, el diputado Hernán Palma (IND) dijo que el fallo del TC abre un «nuevo marco de discusión«. En esa línea, llamó a que en el «seno de la comisión de Salud lleguemos a acuerdos (…) Isapres páguenle a la gente, no habrá perdonazo».
EMPLAZAMIENTO AL GOBIERNO
El senador Sergio Gahona (UDI) señaló que «el fallo indica que es materia de seguridad social y por tanto, iniciativa exclusiva del Presidentede la Republica, lo que tiene que venir ahora es que el Gobierno se allane y sea el Gobierno el que presente la indicación en el Congreso, de tal manera de darle viabilidad y patrocinio a la mutualziacion».
«Si el Gobierno quiere que el sistema no quiebre, tiene que buscar los mecanismos para que esto no ocurra y una posibilidad seria es la mutualización, ahora la decisión es del Gobierno, si acoge o no la mutualización», agregó.
Asimismo, el diputado Agustín Romero (Republicano) ahondó en que el fallo «no se trataba de la pertinencia o no de la mutualización. Si no que únicamente sobre si es materia de seguridad social y por ende, materia exclusiva. La sentencia de hoy le termina entregando la responsabilidad por las consecuencias del fallo de las Isapres al Gobierno del Presidente Boric». (Emol)
