Terrorismo. Esa palabra que tanto le costaba pronunciar a las autoridades el año pasado está más presente que nunca en el escenario de seguridad nacional. Durante los primeros cinco meses del 2023, se contabilizaron más de la mitad de los ataques armados del 2022 en la Macrozona Sur y en junio de este año nos enterábamos de ataques contra torres de alta tensión en Valparaíso y Biobío y un explosivo en una línea férrea en la región de Ñuble. Si eso no es terrorismo, entonces, qué es.
Las Naciones Unidas en 2006 en su Estrategia Global contra el Terrorismo afirmaba que el objetivo de éste es atentar contra los DD.HH., la democracia y las libertades fundamentales. En Chile, la legislación al respecto plantea que los delitos serán considerados como terroristas cuando se cometan con la finalidad de producir temor, incluyan un plan premeditado, busquen inhibir resoluciones o imponer exigencias.
¿Quién podría negar que los cortes de camino, quema de maquinaria y descarrilamiento de un tren en la Macrozona Sur atentan contra las libertades fundamentales o generan temor en la población?
El Presidente ha dicho que en el sur se observan actos de carácter terrorista, ¿por qué incorporar el calificativo “carácter” y no hablar derechamente de terrorismo? Eso es lo que viven a diario y desde hace décadas quienes habitan esa parte del país. Sin duda hay un trasfondo ideológico en la dificultad para pronunciar esa palabra, tanto así que en noviembre del año pasado afirmaba que había que combatir la amenaza con la legislación contra crimen organizado, un instrumento diseñado para otra problemática.
Se rechazaba aplicar la ley antiterrorista argumentando ineficacia del instrumento, pero, tampoco se proponía mejorarla. Recién el segundo semestre de este año el Ejecutivo ingresará los cambios a la ley para modificar la tipificación del delito que es lo que considera como “un obstáculo”.
Nuevamente el gobierno llega tarde a una discusión que debió haber promovido hace meses atrás, pues desde que asumió considera poco eficiente a la ley. La diferencia que existe hoy es que surgió el grupo Movimiento 18 de Octubre, que se ha adjudicado los ataques a las torres de alta tensión extendiendo los actos terroristas más allá de La Araucanía.
La discusión parlamentaria sobre la modificación que se propondrá puede ser una oportunidad para mejorar la legislación y para contar con un instrumento moderno que se sume a los ya existentes en materia de seguridad. El desafío mayor, aplicarla en los casos atribuidos a grupos violentos organizados como la Coordinadora Arauco Malleco, cuando realicen la quema de un camión, la toma de un fundo o el corte de un camino para presionar por la liberación de los mal llamados “presos mapuches” o para exigir que no se aplica la ley antiterrorista.
En Chile existe terrorismo. El relato del gobierno debe ir en esa línea y reconocer la realidad para, con voluntad política, diseñar la estrategia correcta y no demorar ni un día más en el combate de esta amenaza. (El Líbero)
Pilar Lizana
