Una carta al fiscal nacional, Jorge Abbott, enviarán los jefes de las bancadas de diputados de Chile Vamos, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Sebastián Torrealba (RN) y María José Hoffmann (UDI), solicitando que se inicie una investigación a raíz de la polémica generada por la existencia de falsos beneficiarios que habrían accedido al bono clase media sin cumplir los requisitos.
De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII), el bono clase media habría sido entregado a 437 mil trabajadores que no cumplían con los requisitos para acceder al mismo, de los cuales 37 mil serían funcionarios públicos. Los trabajadores habrían declarado un monto de remuneración mensual inferior a la pagada por su empleador en julio de 2020.
En su misiva al fiscal nacional y a la cual accedió Emol, los jefes de bancadas de Chile Vamos, señalan que «a nuestro juicio, la información dada a conocer por el SII, adquiere especial gravedad cuando tenemos a la vista que, del total de falsos beneficiarios, 37.100 corresponden a funcionarios del Estado, quienes, a diferencia de gran parte de los chilenos durante esta pandemia, no han visto disminuidas sus remuneraciones».
«Lo anterior, no solo es indignante y sugiere la condena absoluta de parte de toda la sociedad, sino que también, cumple con las condiciones suficientes para iniciar una investigación que persiga penalmente a los responsables«, recalcan.
En esa línea, destacan que «estamos hablando de un fraude de cerca de US 256 millones de dólares, que junto con afectar las arcas fiscales en un año especialmente complejo para la economía del país, daña profundamente la confianza y credibilidad en los organismos públicos, por cuanto aquellos funcionarios que accedieron a esta ayuda, representan también a la administración del Estado».
«Le expresamos nuestra preocupación por estos hechos y le solicitamos iniciar de oficio una investigación, que permita concluir con el esclarecimiento de eventuales delitos de fraude de subvenciones o perjurio», sostuvieron.
SESIÓN ESPECIAL DE LA CÁMARA
Además, Cruz-Coke, Torrealba y Hoffmann pidieron al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, que se cite una sesión especial para el próximo martes 20 de octubre, con el fin de abordar «los casos de funcionarios públicos que habrían percibido indebidamente el bono clase media».
«En particular, se aborde la situación del alto número de trabajadores de los distintos estamentos del Estado que habrían falseado información con el objeto de cumplir los requisitos que establecía la Ley N°21.252, que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección delos ingresos de la clase media en los casos que indica», señalan en una misiva enviada a Paulsen.
Asimismo, se pidió citar a dicha sesión a los ministros de Hacienda, Ignacio Briones y de Desarrollo Social, Karla Rubilar, junto al subsecretario de Hacienda y al director nacional del Servicio de Impuestos Internos, para tratar la situación.
YEOMANS RECIBE APOYOS
La propuesta de la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, de generar un «perdonazo» hacia los 437 mil chilenos que recibieron el Bono Clase Media sin cumplir con los requisitos exigidos tuvo eco en el resto de la oposición, luego de que diputados de centroizquierda respaldaran la iniciativa de la legisladora.
Al respecto, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, manifestó que esas personas pudieron acceder al beneficio debido a la “improvisación” con la que fue creada por el Gobierno. «Esta política pública estaba mal diseñada y, por lo tanto, también estuvo mal implementada y ejecutada. Allí hay una responsabilidad directa».
«El ministro (Ignacio) Briones dijo que el Bono Clase Media iba a ser con un proceso expedito y que el SII tenía toda la información sobre la mesa para hacer los cruces respecto de las condiciones socioeconómicas de las personas para saber quiénes iban a poder acceder y quiénes no, y que ese iba a ser efectivamente ese filtro», añadió.
En esa línea, lamentó que «eso no ocurrió y el ministro le mintió al país. Hoy cargar toda la responsabilidad de la falla de la implementación y ejecución del Bono Clase Media a los chilenos que la están pasando mal con esta pandemia me parece derechamente una irresponsabilidad y es una injusticia tremenda».
«Sobre todo cuando se están ofreciendo las penas del infierno y persecución penal a 437 mil chilenos que, si bien de manera errónea accedieron a este beneficio, lo hicieron no de mala fe en la mayoría de los casos (…) cargar toda la culpa y la responsabilidad a la gente me parece injusto», enfatizó.
Por ello, Soto expresó que «nosotros pedimos hoy día que se avance en generar un acuerdo político para un perdonazo a esas 437 mil personas, porque además estamos en una situación de pandemia donde los efectos económicos y sociales de esta crisis siguen afectando a los sectores vulnerables y de clase media».
Una postura similar planteó el diputado de RD, Pablo Vidal, quien manifestó a Emol que «no es aceptable que alguien falsee información para engañar al Estado, pero dada la tardanza y la insuficiencia en las respuestas del Gobierno, y por otra parte, considerando lo confusa que fue la implementación de esta medida, perfectamente puede haber personas que solicitaron el bono por error y hoy no pueden devolver el dinero, por lo que estimo pertinente la propuesta de la diputada Yeomans».
YEOMANS DEFIENDE SU POSTURA
En tanto, este martes, la autora del planteamiento reafirmó su postura y aseguró que «es una locura tratar de delincuentes y perseguir penalmente a casi medio millón de trabajadores. Tal como ha expuesto la Asociación de Funcionarios del SII, aquí no hay 473 mil personas que coordinadamente hicieron falseamiento de datos».
A su juicio, «acá no se está respetando el principio de buena fe presente en la reforma tributaria, que está consagrado como derecho de las y los contribuyentes en la nueva reforma tributaria, y es inaceptable que se respete solo para grandes empresas y no a la gente que solicita un beneficio«.
«Y esto es sin considerar lo que arriesgan, estamos hablando de que, si no reintegran en los montos totales de aquí a fines de noviembre, se les quiere meter a la cárcel con penas de 61 días a 3 años. Sin contar los millones de pesos en gastos públicos que se generarían por parte de la fiscalía«, advirtió.
En ese contexto, Yeomans recalcó que «por eso propongo una condonación, pero también puede haber alternativas que otros propongan, hay que conversarlo. Lo importante es que no podemos tratar de meter en la cárcel a medio millón de personas, cuando el problema fue la improvisación del ministerio de Hacienda». (Emol)
