Pero aunque pudiera estimarse esta última como una fractura profunda en el sector, no necesariamente debiera ser fuente de conflictos irremontables. Ello, pues, en definitiva, existe en Chile Vamos un grado de concordancia importante respecto de los principios que deben informar un texto constitucional, así como de las áreas en que la actual institucionalidad requiere de mejoramientos. La división tiene que ver más bien con una diferente apreciación del camino a seguir: mientras algunos dirigentes relevantes estiman que el Apruebo puede ser una vía adecuada para construir nuevos acuerdos nacionales, un sector mayoritario de las bancadas parlamentarias, y al parecer de las militancias, ve en la opción del Rechazo la forma de evitar aventuras fundacionales, y apuesta a que esos acuerdos se construyan a partir de reformas al marco existente y no de hojas en blanco. Con madurez política —y necesarias señales de prescindencia por parte del Gobierno—, las diferentes posturas podrán convivir razonablemente hasta el 26 de abril, manteniendo una acción común en el resto de las materias y entendiendo que luego, cualquiera sea el resultado del plebiscito, deberán volver a unir fuerzas también en el tema constitucional.
En ese contexto delicado, la personalización de los conflictos aparece como un riesgo complejo. Ha sido este un rasgo que muchas veces ha afectado al sector en su historia, pero que hoy puede tener alcances particularmente nocivos, llevando a extremar artificialmente las diferencias y a restar eficacia a la acción común cuando ella es más necesaria. Privilegiar las conductas institucionales es la única manera de evitar aquello. No parece ser este el momento para acciones, si bien comunicacionalmente llamativas, carentes de un sentido institucional, ni tampoco para búsquedas de perfilamiento o para el inicio de inconducentes duelos verbales. Cuando todas las dirigencias políticas se encuentran bajo cuestionamiento ciudadano y cuando la oposición recurrentemente muestra su falta de un proyecto común, mayor es la responsabilidad que pesa sobre los partidos de Chile Vamos y sus dirigentes. (El Mercurio)



