Fue en 1786, en el marco de las llamadas reformas borbónicas, que se crearon estas altas autoridades territoriales, con dependencia directa del rey. Primero surgieron las intendencias de Santiago y Concepción y, en 1811, como obra de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la Intendencia de Coquimbo. Reflejaba su creación la división histórica del país en tres provincias, desde los tiempos de la lejana Conquista.
Con la república surgirían nuevas provincias; seis en 1823 y ocho en 1826, con las llamadas leyes federales. Aunque la división provincial fue variando, se ensayaron diversos regímenes y constituciones políticas, las intendencias persistieron, hasta alcanzar al Chile del siglo XXI. Una sorprendente continuidad que, sin embargo, debe ser matizada.
En América colonial, las intendencias surgieron como un mecanismo para controlar los territorios y centralizar el gobierno en la monarquía. Fueron parte de una gran reforma modernizadora, que tuvo también efectos inesperados. Algunos le atribuyen influencia en las aspiraciones autonomistas de los dominios americanos, aunque es difícil asegurarlo por el breve tiempo de su implementación. Lo cierto es que contribuyeron a desarrollar las provincias y catalizar una cierta identidad política, que luego fue relevante a la hora de las independencias.
No fueron personajes menores. Baste recordar que el primer intendente de Concepción fue el irlandés Ambrosio O’Higgins, luego Gobernador de Chile y que alcanzaría la alta dignidad de Virrey del Perú. Su hijo Bernardo fue también intendente de esa provincia sureña, en las postrimerías de la Patria Vieja.
Durante la Independencia, las intendencias fueron modificadas e intervenidas, en un intento de concentrar el poder por las diversas juntas gubernativas y las autoridades centrales. No obstante, no pudo prescindirse de las provincias, las que fueron actores importantes en la emancipación, exigiendo representación territorial en las juntas y congresos que se sucedieron.
Así, la caída de Bernardo O’Higgins estuvo asociada a su intento de suprimir las provincias históricas y reemplazar a sus intendentes por delegados directoriales. Es el intendente de Concepción Ramón Freire quien encabeza el movimiento que provoca la abdicación de O’Higgins y terminará sucediéndolo como Director Supremo.
Fue una ley de julio de 1826, de las llamadas leyes federales, la que estableció —fugazmente— la elección popular de los intendentes. La Carta de 1833 suprimiría la posibilidad de este ejercicio democrático, definiendo al intendente como un funcionario de exclusiva confianza del Presidente, su representante natural y directo; definición que ha llegado hasta el presente y que, curiosamente, no desaparecerá. Es similar a las expresiones que la ley emplea para definir al Delegado Presidencial: “Será el representante natural e inmediato, en el territorio de su jurisdicción, del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él”.
Son las escasas atribuciones y recursos financieros de que dispondrán los Gobernadores Regionales, en contraste con las facultades administrativas que retendrá el Delegado, uno de los factores de mayor duda en la nueva organización político-administrativa territorial que pretende implementarse.
Hay una zona gris que traerá indudables dificultades, que intentan prevenirse con una posible “ley corta”. Algunos van más allá, sugiriendo una nueva postergación de la elección de autoridades regionales. Rezago que otra vez, dicho sea de paso, nos relega a los últimos lugares de la OCDE.
La crisis que se gatilló en octubre y que nos acompañará, seguramente, por varios años plantea nuevos desafíos. Varios funcionarios en ejercicio que planeaban competir, para lo cual debían dejar sus cargos el 25 de octubre pasado, no pudieron hacerlo. La elección simultánea de gobernadores y constituyentes amenaza con confundir aún más a una ciudadanía ya demasiado (des)informada. Una nueva dispersión del poder puede ser vista como una amenaza, por un Ejecutivo debilitado. En fin, son muchas las posibilidades que surgen en el cambiante escenario al que asistimos.
Con todas las dudas y vacilaciones, igual me parece que es necesario avanzar. Ya pasó la hora de los diagnósticos y la búsqueda de leyes “perfectas”. Estas solo pueden surgir de la experiencia y las prácticas políticas. Es necesario contar con autoridades regionales comprometidas y legitimadas popularmente. Con gobernadores dotados de capacidad de negociación, las regiones podrán desarrollar su potencial, generando acuerdos interregionales y proyectándose internacionalmente.
Es un camino sinuoso el que debemos transitar, pero necesario; pues solo con autonomía y equidad territorial Chile podrá alcanzar un desarrollo sostenible y socialmente equilibrado. (El Mercurio)
Armando Cartes Montory
Historiador
