¿Qué son 30 pesos?, poco o nada, habrán pensado las autoridades de gobierno y quizá también los integrantes del Panel de Expertos, quienes en base a ocho factores de cálculo aplicaron una fórmula que determinó subir el precio del pasaje del metro de Santiago. Fue una decisión técnica que no evaluó las catastróficas consecuencias que se podían desencadenar.
Pero todo comenzó mucho antes de los fatídicos 30 pesos, en los inicios de los años 90 con el regreso de la democracia, cuando Chile experimentó una histórica alza en sus expectativas de calidad de vida, producto de los positivos indicadores de crecimiento, generación de empleo y disminución de la pobreza. Lo único que no progresaba era la igualdad e integración social.
El modelo económico impuesto por la dictadura hizo recaer la enorme responsabilidad del crecimiento económico en el empresariado, convirtiéndolo en la clave del bienestar de los ciudadanos. Por su parte, la renovada clase política se encargó de regular el funcionamiento de la economía y de generar políticas públicas para avanzar en equidad. Para ello se generaron acuerdos entre políticos, empresarios y sindicalistas, y se aplicaron criterios técnicos, que permitieron focalizar el gasto en los más pobres. No obstante, las emergentes clases medias que el mismo modelo impulsó, quedaron al margen de las políticas sociales.
Paulatinamente se fue instalando una sensación de desamparo entre los grupos medios y de abuso en una parte importante de la ciudadanía. Esta desilusión fue mutando en indignación con la seguidilla de escándalos que golpearon el corazón del mundo empresarial y político en la última década, y que terminaron en sanciones muy menores respecto de la gravedad de los delitos cometidos.
Pero esa misma clase política duramente cuestionada, no titubeó en incrementar de manera progresiva sus remuneraciones y asignaciones, así como el número de representantes en el parlamento. Y el empresariado tampoco realizó cambios profundos para recuperar legitimidad y no ser percibidos como meros agentes de captura de ganancias.
Salvo la gratuidad universitaria que fue aprobada por la fuerte movilización estudiantil, la mayoría de las demandas sociales fueron descartadas con argumentos técnicos o con respuestas muy desafortunadas, como la de un ministro que recomendó a los usuarios del metro madrugar para acceder al horario más económico.
En el siglo pasado Chile también experimentó graves convulsiones sociales por aumentos de las tarifas de la locomoción colectiva. En 1949, durante la presidencia de González Videla y después, en 1957 bajo el gobierno de Ibáñez del Campo, la decisión del alza desató violentas protestas, con militares en las calles, numerosos muertos, la suspensión del reajuste de los pasajes y cambios de gabinete. En ambos casos los gobiernos tambalearon, pero tras estabilizar la situación no generaron una mayor reflexión política que dejara aprendizajes a las futuras generaciones.
La crisis actual sin duda tiene otras características, pero la historia nos enseña que los modelos de desarrollo por exitosos que sean, también pueden agotarse. El momento actual es crítico, pero es también una tremenda oportunidad para generar un acuerdo político amplio que, conservando los mayores logros, cambie nuestras prioridades y nos otorgue un renovado sentido.
Como en el pasado, cuando fue imperioso para la recuperación de nuestra democracia, se hace urgente apelar a la capacidad de diálogo de los políticos, empresarios, sindicalistas, académicos y de la ciudadanía en general. Pero este diálogo debe contener una impronta ética capaz de abrir un camino cierto hacia una mayor justicia social en nuestro país. (La Tercera)
Patricio Bernedo
