El provincial jesuita Cristián del Campo, dio a conocer los resultados de la investigación contra el fallecido sacerdote Renato Poblete. Entre las principales conclusiones se encuentran las denuncias de 22 mujeres, cuatro de ellas menores de edad. Los abusos habrían sido cometidos durante 48 años, entre 1960-2008.
Los antecedentes de la carpeta serán enviados al Ministerio Público, mientras que la identidad de las víctimas serán resguardadas. Por otro lado, se indicó que Poblete tuvo al menos seis relaciones estables con mujeres, cinco de ellas, abusivas.
En cuanto a las denuncias de aborto, se estableció que en una de ellas hay antecedentes que acreditan la participación del jesuita.
Otro de los puntos principales está el que no se acreditó “la existencia de encubrimiento”. Sin embargo, respecto al sacerdote Juan Ochagavia, se asegura que hizo llegar los antecedentes al provincial de la época, pero su conducta fue “negligente” al no hacerle seguimiento.
“El investigador no acreditó la existencia de encubrimiento, sin desconocer que corresponde al Ministerio Público determinar su existencia, sin embargo, el informe señaló que algunos jesuitas recibieron algún tipo de información, rumores o comentarios de terceros, lo que implicaría una responsabilidad ética en su actuar”, dijo Campos.
En el punto de prensa, acompañando a Cristián del Campo, están el Socio de la Compañía de Jesús, Roberto Saldías; Francisco Jiménez, encargado de Vocaciones
y Larry Yévenes, delegado de prevención de abusos.
El viernes pasado -según informó hoy La Tercera- el abogado penalista, Waldo Bown, había concluido un trabajo de poco más de seis meses al entregar al provincial de la Compañía de Jesús, Cristián Campos, un informe con la investigación encargada por la congregación en contra del fallecido sacerdote y excapellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete, por eventuales abusos sexuales.
La indagatoria eclesial había sido soicitada por la Compañía de Jesús el 12 de enero, cinco días antes antes de que se conociera -el 17 de dicho mes- el primer caso de eventuales delitos sexuales cometidos por el religioso, cuando los jesuitas informaron, mediante un comunicado de prensa, que habían recibido una denuncia contra Poblete por “presuntos abusos sexuales, de poder y de conciencia”.
La acusación había sido presentada a través de la Comisión de Escucha, encargada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y se refería a hechos ocurridos entre 1985 y 1993. Más tarde se supo que la denunciante es Marcela Aranda, académica de la Universidad Católica, quien dijo que habría tenido 19 ó 20 años al momento de los ilícitos.
No obstante, se sumaron más mujeres a las acusaciones, donde la mayoría denunció que los hechos ocurrieron en la Región Metropolitana. Otros pocos se situaron fuera de Santiago.
Aranda es la única que ha revelado públicamente su caso. “Él me llevaba donde otros hombres, que eran amigos de él, para que me violaran y me pegaran por turnos mientras él miraba”,relató la mujer en una entrevista a Ahora Noticias, en abril pasado.
El 9 de abril, en medio de la investigación, el ministerio de Vivienda que encabeza Cristián Monckeberg retiró la estatua de Poblete del parque que llevaba el nombre del sacerdote, cambiando además la denominación de éste a Parque de la Familia.
El pasado 15 de junio La Tercera dio a conocer que Bown preparaba el cierre de la investigación con más de 100 relatos testigos y, hasta ese momento, cerca de 15 eventuales víctimas del sacerdote -fallecido en 2010- por presunto abuso.
REACCIÓN DEL GOBIERNO
Luego que la Compañía de Jesús entregara un informe de 22 víctimas de abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote jesuita Renato Poblete, desde el Gobierno manifestaron su «profunda indignación» por lo ocurrido, a la vez que solidarizaron con los afectados y sus familias.
«Los antecedentes que hemos conocido con respecto a la investigación que hiciera la Compañía de Jesús, realmente es indignante y también profundamente doloroso, fueron 48 años de abuso, 48 años de profundo dolor a las víctimas de estos abusos y también a sus familiares», afirmó la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.
En ese sentido, Pérez indicó que «creemos que el Ministerio Público tiene que investigar, que la Compañía de Jesús tiene que poner los antecedentes a disposición para poder no solamente indagar profundamente en la verdad, sino que también hacer justicia, sobre todo de aquellos que pudieron haber tenido alguna participación en calidad de cómplices o encubridores de hechos tan condenables y que lamentamos profundamente como Gobierno».
Asimismo, la ministro afirmó que «solidarizamos con las víctimas, solidarizamos con el profundo dolor de sus familiares, porque claramente han sido décadas en que no se sintieron escuchados. Y hoy la propia Compañía de Jesús ha hecho un reconocimiento de perdón institucional y también de asumir una responsabilidad institucional por no haber estado atento a percibir y a recibir estas denuncias como lo habrían espero las víctimas y también sus familiares».
«Valoramos el perdón, valoramos la responsabilidad institucional, pero creemos que es hora de poner estos antecedentes ante el Ministerio Público para que la justicia llegue y pueda de alguna forma resarcir estos abusos, este dolor y este daño profundo que se ha causado a las víctimas y a sus familiares», recalcó.
Pérez enfatizó que como Gobierno, «hay indignación, una profunda indignación y solamente poder acompañar al dolor, en esta verdad que hoy se está sabiendo a las víctimas, a tantas mujeres y también a sus familiares, porque sin duda han sido décadas de incomprensión, de no haber sentido una mano que las acogías, un oído que las escuchara, que es lo que uno espera sin duda de persona que son muchas veces aquellos que te acompañan en la fe y también en aquellos inconvenientes que tú tienes días».
La Tercera/Emol/Agencias
