En relación con la columna del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sobre la reforma tributaria y los efectos de la integración, creo necesario aclarar algunas de sus afirmaciones.
Él plantea que la actual legislación perjudica a los inversionistas nacionales en comparación con los extranjeros porque los obliga a pagar una tasa de impuestos superior en 9,45% a la que paga un extranjero, lo que desincentivaría la inversión en Chile. Lamentablemente, el ministro no señala que los extranjeros no agotan su tributación en Chile y que deben pagar sus impuestos personales en los países donde residen. Por tanto, es de toda lógica que se les aplique una tasa diferenciada en Chile. Lo mismo ocurre con los chilenos que invierten en el exterior, dado que los chilenos van a tener que completar su tributación posteriormente en Chile. Eso es lo que se hace comúnmente en el mundo.
Con el argumento del ministro, Chile tendría que derogar la totalidad de sus convenios para evitar la doble tributación internacional como también las normas del artículo 59 de la Ley a la Renta, ya que en dichas normas se establecen tasas rebajadas para los extranjeros inferiores a la tasa que pagan los nacionales (por ejemplo, tasas de 0%, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%).
Esta diferencia de tasas no es nueva. En el sistema vigente antes de la reforma de 2014 (integrado), la tasa de los extranjeros era del 35%, mientras que la de la totalidad de los nacionales podía llegar al 40%.
A esto se agrega que los nacionales están sujetos a una tasa progresiva, por lo que solo en algunos casos se llega a las tasas marginales máximas que pueden ser superiores a las de los extranjeros. Mientras que los extranjeros están afectos a una tasa proporcional, fija, de 35% e incluso de 44,45%, independientemente del nivel de renta que se les pague.
Larraín asegura que el ministerio ha propuesto medidas progresivas que afectan a los contribuyentes de mayores ingresos. Sin embargo, las medidas más relevantes tienen que ver con la limitación del uso de los market makers, la limitación de los créditos back to back y el impuesto multa sobre retiros desproporcionados. No existe claridad de que esas medidas afecten a los sectores de mayores ingresos. Así, por ejemplo, en la limitación de los créditos back to back se aplica un impuesto que puede llegar al 35% en vez del 4% actual, pero que afecta a los extranjeros. Por tanto, poco tiene que ver con contribuyentes locales de altos ingresos.
La regla de los retiros desproporcionados operará en función de la participación en el capital de los socios, pero las sociedades podrán ajustar sus estructuras, y esto hace muy difícil que se mantenga la recaudación propuesta en el informe financiero de más de 130 millones de dólares en régimen.
Según el ministro, decir que la integración favorecerá a las grandes empresas o a los más ricos, carece de sustento, porque casi 170 mil pymes están afectas a una tasa de impuesto de 27%, y sus socios, a una sobretasa de 9,45%. Con la aprobación de este proyecto, las pymes pagarán una tasa de 25% y sus socios dejarán de pagar la sobretasa que estableció el sistema semiintegrado. Larraín no dice que esas 170 mil empresas representan tan solo el 15% de las pymes. El resto de las pequeñas y medianas empresas se encuentra en sistemas totalmente integrados con tasa del 25%. Sería más fácil, entonces, permitir que esas 170 mil pymes restantes puedan incorporarse por defecto a un régimen integrado con tasa del 25%, dejando fuera a las grandes empresas.
Si queremos elevar el nivel del debate e incentivar la posibilidad de llegar a acuerdos, es fundamental que discutamos de manera transparente, con todos los antecedentes a la vista.
El Mercurio
