Tras un año, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, ratifica su visión crítica de la reforma laboral. Y no duda en admitir que prefiere la legislación antigua. “Los daños que generó son mayores que los aportes, solo le agregó rigidez a las relaciones laborales”, advierte.
El punto de partida de sus cuestionamientos es su propio sector, donde enfatiza que existe un alto grado de sindicalización, que era uno de los objetivos que buscaba impulsar la administración Bachelet. “Los sindicatos en Chile partieron en la minería, así que tenemos sindicatos maduros”, dice para reparar en que así y todo la nueva normativa los ha afectado como sector productivo.
Lo complicado, identifica el dirigente, son los servicios mínimos. “Lo que hemos visto, y era algo que parecía sencillo, es que para ponerse de acuerdo en los servicios mínimos, que en general en la minería no son para mantener la producción sino que para evitar catástrofes, finalmente se ha transformado en otra negociación más (…) Hemos tenido muy pocos casos con acuerdos entre el sindicato y la empresa”, dice.
– ¿La reforma dañó la relación de las empresas del sector con sus sindicatos?
– Nos gustaría que la relación empresa-sindicato no solo apunte a las remuneraciones o los bonos, sino que sean conversaciones en términos más amplios. Esa es la aspiración de todos. Pero esta reforma laboral es retrógrada, tal vez el sueño de los dirigentes sindicales en la primera mitad el siglo XX, pero no es del siglo XXI.
Finalmente, no ayuda a que se pueda negociar otro tipo de temas, como la flexibilidad laboral, los cambios.
– ¿Le agregó rigidez al mercado laboral?
– Mucha, mucha más. Para mejorar la productividad es necesario abordar temas como la flexibilidad laboral, remuneraciones variables, etc. La reforma laboral lo que hace al establecer como piso la última negociación colectiva, es darle rigidez a todo y complicar la relación con los sindicatos y las empresas.
– El actual gobierno ha hablado de perfeccionar la reforma. ¿A qué materias deberían apuntar?
– Hay un montón de temas que deben incluirse y que corresponden a la economía del siglo XXI: el trabajo a distancia, flexibilidad laboral, temas que se van a requerir cuando todas las tecnologías de la información estén mucho más vigentes y avanzadas. Es una legislación incompleta por eso.
Entonces, deja margen a interpretaciones judiciales, de la Dirección del Trabajo y, finalmente, lo que pasa es que la relación sindicato-empresas se ve afectada por la judicialización. Las demandas y los juicios deberían ser en caso de excepción, no la norma, y con esta reforma laboral se están transformando en la norma.
– ¿Se debería modificar la figura de los servicios mínimos?
– El problema de los servicios mínimos es que son específicos para cada empresa, para cada actividad. La DT no tiene la capacidad técnica para poder definir cuáles son los servicios mínimos realmente necesarios en una determinada empresa. Finalmente, esto se transformó en un arbitraje salomónico sin entrar en el mérito de lo que se está pidiendo.
– ¿Deberían ser definidos por un ente regulador o técnico?
– Idealmente, tendría que definirse entre el sindicato y la empresa, así pasaba antes, y solo funcionaba lo necesario sin afectar la huelga.
– El tema entonces, a su juicio, ¿ha generado más problemas que beneficios?
– Problemas, muchos más problemas. En minería siempre existieron estos servicios mínimos, con la diferencia que ahora interviene la DT. Antes siempre funcionó y siempre nos terminábamos poniendo de acuerdo con los sindicatos. Acá no se trata de romper la huelga amenazando a los sindicatos, eso no existe en minería.
– ¿Qué otro tema se debería modificar?
– Otra cosa que se eliminó de la reforma fue el tema de las responsabilidades para evitar los hechos de violencia, y al sacar eso cualquier sindicato que representa una minoría de los trabajadores, finalmente le impide al resto trabajar.
– El gobierno anterior cerró su mandato asegurando que con la reforma bajó la conflictividad ¿está de acuerdo con eso?
– La conflictividad no ha bajado en nada; al contrario, creo que aumentó. Lo vimos en las paralizaciones en las huelgas que tuvimos el año pasado. Quizá en el mejor de los escenarios se ha mantenido, pero no ha disminuido, la reforma laboral no ha tenido ningún efecto en disminuir la conflictividad.
CUT: «NO ES MOMENTO DE CAMBIOS A LA REFORMA»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, es clara: “No es el momento de hacerle cambios a la reforma”. Esto, a su juicio, no significa que no se deba pensar en perfeccionamientos, sino que debe ser algo que se produzca tras algunos años más de análisis.
Sí reconoce los avances de la legislación y recalca que los objetivos de la reforma sí se cumplieron, en especial el de impulsar a los sindicatos.
– ¿Cómo evalúan el primer año de la reforma?
– Hoy tenemos cerca de 1.700 negociaciones, que es lo que se ha ido desarrollando, pero hay muchos procesos de negociación que se adelantaron, probablemente como una manera de protegerse. En ese contexto, es muy temprano dar un juicio final. Lo sí podría decir es que el gran temor de un alto nivel de judicialización y de conflictividad, son prejuicios que en la práctica no fueron tan así.
– ¿Fueron problemas a menor escala?
– Para ser bien justos y objetivos, uno no puede decir que no ha habido judicialización, porque sí ha existido. Pero lo que es evidente es que no fue el nivel de tensión, conflictividad y judicialización que se auguraba.
– ¿Qué avances rescatan?
– Ahora nosotros, los trabajadores, contamos con mejores instrumentos para negociar. Con la reforma laboral teníamos un objetivo, que era devolverle poder a los sindicatos y, a partir de eso, contar con mejores instrumentos para negociar. Esos dos objetivos siento que están cumplidos en el marco de la legislación, porque lo que uno ve es que efectivamente los trabajadores y los sindicatos cuentan con elementos que antes no contaban.
– ¿Se emparejó la cancha?
– Contamos con mejores condiciones, pero hay materias donde aún tenemos mucho que hacer, por ejemplo en materia de derecho a huelga como un derecho fundamental. Tenemos que hacer un tránsito, incluso a nivel cultural, respecto de entender que mecanismos como los servicios mínimos no pueden ser comprendidos como un subterfugio para el derecho a huelga.
– ¿Como Central se sienten impulsores de esta reforma? Inicialmente no estaba dentro de las prioridades del gobierno anterior.
– No podemos darnos por satisfechos, porque a lo que aspiramos es a construir una nueva institucionalidad laboral. Pero lo que nosotros sí podemos decir es que si hay alguien que logró colocar el tema de los trabajadores sobre la mesa, en un periodo donde no éramos prioridad, fuimos nosotros.
– El nuevo gobierno ha hablado de perfeccionamientos. ¿Qué hará la CUT ante eso?
– Como CUT podemos ser actores de diálogo y propuestas, con los gobiernos puede haber materias en las que sí estamos de acuerdo (…) Pero si el Ejecutivo dice que su prioridad en el ámbito laboral es reponer el rol de los grupos negociadores, vulnerar el derecho a huelga a través de una mirada más flexible de los servicios mínimos, entre otras materias, evidentemente nosotros ahí vamos a tener diferencias.
– ¿No hay espacio para cambios?
– No es el momento para hacer cambios a la reforma laboral. Hoy tenemos una legislación en pleno proceso de implementación, y necesitamos que transcurra un periodo de negociaciones bajo esta nueva norma, y a partir de eso evaluar. Estamos hablando de un periodo que no es menor a tres años para hacer una primera evaluación para ver posibles cambios.
– Se ha hablado de legislar los vacíos normativos de la reforma…
– Los vacíos son eufemismos. Lo que tenemos no es una legislación imperfecta, tenemos una legislación cercenada por el Tribunal Constitucional que se impuso por sobre el ámbito legislativo. Y eso es lo mismo que está ocurriendo hoy con la posibilidad de que instituciones con fines de lucro estén en la educación. Acá hay un problema de fondo, porque aunque las cosas se intenten resolver por la vía de acuerdos y diálogo en el parlamento, basta con que una institución se sienta afectada para llevar los temas al TC.
– ¿Qué le ha parecido la postura de la justicia sobre servicios mínimos?
– Lo que tenemos es que un 41,8% de las negociaciones colectivas donde se ha planteado la necesidad de establecer servicios mínimos han llegado a un acuerdo entre las partes. Eso no significa que podamos disminuir la judicialización que se ha dado en materia de servicios mínimos, no debemos dejar de estar alerta. Con los casos que han llegado a tribunales no nos corresponde emitir un juicio ni negativo ni positivo del rol que ha jugado la justicia, los tribunales han actuado de forma equilibrada y objetiva. (DF)
